Sábado, 29 Octubre 2016 00:01

¿Caerán ‘peces gordos’ con los nuevos nombramientos?

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Raúl Cervantes y Arely Gómez Raúl Cervantes y Arely Gómez Cuartoscuro

Esta semana, el presidente hizo dos nombramientos importantes para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Propuso al Senado la ratificación de Arely Gómez como secretaria de la Función Pública, y a Raúl Cervantes para sustituirla en la Procuraduría General de la República (PGR).

Gómez González tendrá entre sus funciones vigilar que los servidores públicos federales actúen con legalidad y sancionarlos cuando eso no ocurra; fiscalizar al Gobierno Federal; determinar la política de compras públicas de la Federación; así como realizar auditorías sobre el gasto de los recursos federales, entre otras funciones.

De la PGR, que en 2018 se transformará en Fiscalía General de la República (FGR), dependerá la Fiscalía Anticorrupción entre cuyas atribuciones se encuentran solicitar a otros países información sobre algún funcionario mexicano bajo investigación; requerir datos de cualquier servidor o ex servidor público de orden estatal o municipal, que pudiera estar involucrado en desvíos, y hasta solicitar a las instituciones bancarias información del movimiento de recursos sospechosos.

Ambos son piezas claves para avanzar en el combate a dos males que aquejan la vida nacional: la corrupción y la impunidad. Su tarea no será nada fácil.

Durante el año pasado se cometieron en el país cuatro millones 925 mil 592 actos de corrupción que costaron entre el dos y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Si se tomara una media y se estimara que el costo de la corrupción fuera del cinco por ciento del PIB, esa cifra equivaldría a 906 mil millones de pesos.

En el Índice de Percepción de la Corrupción, que midió a 168 naciones, México se ubica en el lugar 95; mientras que entre los 26 países del continente americano, está en el sitio 15.

De acuerdo con Anatomía de la Corrupción, de María Amparo Casar, casi el 37 por ciento de la población cree que quienes más violan la ley son los políticos, seguido de “todos” con un 18 por ciento; los policías con 15; los funcionarios con 14; los ciudadanos con casi 8 por ciento y los abogados con 5 puntos porcentuales.

Los dos nombramientos han causado dudas. Se trata de personas cercanas al presidente Enrique Peña Nieto. De Cervantes Andrade se ha señalado que es militante del PRI, abogado en ejercicio, primo del consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, así como del titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes.

Incluso, el reconocimiento abierto del propio nuevo titular de la PGR en el sentido de que aspira a ser el primer fiscal General y permanecer en el cargo por nueve años, es para mucho una mala señal de que Peña Nieto busca un “manto protector transexenal” ante las eventuales irregularidades que se denuncien en su administración.

Habrá que darles el beneficio de la duda. Aunque será difícil que en 18 meses, para el caso de la SFP, se puedan atrapar “peces gordos” y no solo “charalitos”. Y que en el caso de la transformación de la PGR en la FGR, aun con nueve años, se pueda erradicar el cáncer de la corrupción y la impunidad que está, por desgracia, enraizado en la vida nacional.

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