Gabriel Quadri

Sobre una nueva Ley General de Biodiversidad

Mié 29 Marzo 2017 03:33

Sobre una nueva Ley General de Biodiversidad

La conservación de la biodiversidad (genes, poblaciones, especies, ecosistemas, paisajes) es prioridad fundamental en la política ecológica y de sustentabilidad. Por tanto, una nueva legislación que apunte a ello debe ser considerada con detenimiento y seriedad; tal es el caso de la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se procesa actualmente en el Senado de la República. Es crítico que en esa nueva legislación se asuma una visión espacial y territorial, como contexto y soporte de todos los fenómenos y procesos biológicos y ecológicos, tanto en el territorio terrestre de México, como el territorio marino, que es 1.5 veces mayor.

Por un lado, la nueva legislación debe ubicar como pivote de su instrumental a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuya extensión precisa crecer notablemente en nuestro país hasta alcanzar tal vez la cuarta parte del territorio nacional. Eso, debe plantearlo la nueva ley, estableciendo principios de representatividad ecológica, diversidad y vulnerabilidad. Sólo a partir de un concepto espacial y territorial es posible plantear mecanismos, políticas e instrumentos eficaces para la conservación de la biodiversidad.

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Es esencial que, con esta visión, se asuma y revierta la anomalía de México como un Estado sin Tierra; es decir, un Estado que dilapidó y privatizó todo su patrimonio territorial durante la Reforma Agraria, entregando virtualmente la totalidad del territorio nacional en propiedad privada a ejidos, comunidades y propietarios individuales. Al grado, de que incluso las Áreas Naturales Protegidas (Parques Nacionales, Reservas de la Biósfera y otras) son en su abrumadora mayoría propiedad privada, a diferencia de países civilizados donde son propiedad pública. La propiedad privada de la tierra en ANP plantea un conflicto muy difícil de resolver entre los intereses privados por la explotación y aprovechamiento de la tierra y su conservación, y desde luego, no establece condiciones para la conservación de la biodiversidad a perpetuidad.

Es esencial que la nueva legislación de biodiversidad prevea y obligue a la creación de mecanismos para que el Estado y la sociedad puedan recuperar la propiedad pública de la tierra en las zonas más relevantes de las Áreas Naturales Protegidas de México, tal como ocurre en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Chile, Argentina, y muchos países más en América, Europa, África y Asia. De lo contrario, será imposible garantizar la conservación de la biodiversidad a perpetuidad en el territorio nacional terrestre.

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En cuanto al territorio marino, la nueva legislación debe precisar la multifuncionalidad de los mares y costas de México, que de ninguna manera son propiedad exclusiva de intereses y de la industria pesquera, como hasta ahora. México se ha visto imposibilitado de conservar su biodiversidad marina dado el enorme poder que ostentan y despliegan los intereses pesqueros, que han logrado inhibir, neutralizar o abortar proyectos de conservación en nuestros ecosistemas marinos (decretos de ANP marinas), imponiéndose ostensible y abrumadoramente a la SEMARNAT y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Al grado, de que en todas las ANP marinas en México se permite la pesca, y de que las nuevas ANP marinas decretadas en el pasado diciembre en el Caribe y en el Pacífico mexicano sólo lograron prohibir la pesca... ¡a partir de los 100 y 800 metros de profundidad! Sin duda, una burla. Es vital que la nueva legislación de biodiversidad reconozca que las especies marinas son vida silvestre, que son parte invaluable de nuestro acervo de biodiversidad, y cuya conservación y regulación de su aprovechamiento sostenible debe darse sobre principios ecosistémicos y en el ámbito de facultades de la SEMARNAT. No, de SAGARPA – CONAPESCA, instituciones totalmente capturadas por los intereses de la industria pesquera. Igualmente, es primordial que la nueva legislación de biodiversidad prevea que las facultades de inspección y vigilancia en mares y costas, así como de aplicación de la ley recaigan claramente en la Secretaría de Marina – Armada de México en un cuerpo especializado de Guardia Costera.

Si es así, con una visión espacial – territorial, la Iniciativa de Ley General de Vida Silvestre podrá hacer una contribución sustantiva a la conservación del patrimonio y capital natural de la Nación.