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ASF detecta irregularidades en boletas de la elección judicial de 2025

El gasto ineficiente y la baja participación ciudadana provocaron que más de 672 millones de pesos terminaran en la basura

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Foto: Cuartoscuro

Víctor Maldonado

Víctor Maldonado

Publicada: feb 20 a las 08:20, 2026

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en la gestión financiera del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionadas con la elección judicial celebrada en 2025, de acuerdo con una investigación publicada por el diario Reforma.

Elección Judicial

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Según Reforma, el informe de la Cuenta Pública de 2024 revela deficiencias en la compra de boletas, sumadas a una participación ciudadana de apenas el 13.2 por ciento, lo que derivó en la pérdida de 672 millones 130 mil pesos.

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La Auditoría señaló que el INE ordenó la impresión de 2 millones de papeletas adicionales a las autorizadas sin presentar ninguna justificación. Según los datos técnicos, aunque se requerían 599.4 millones de boletas, se terminaron imprimiendo unidades extra, elevando el costo total de producción a 775 millones 174 mil 800 pesos.

Además, se cuestionó la adjudicación directa a Talleres Gráficos de México, ya que no se realizó un estudio de mercado previo y se ignoraron ofertas más económicas de otros proveedores.

Baja participación y destrucción masiva de material electoral

El reporte destaca que la jornada electoral se caracterizó por una reducida afluencia de votantes, lo que provocó que el 86.8 por ciento del material impreso no fuera utilizado y tuviera que ser destruido.

Elección judicial

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De las más de 600 millones de boletas producidas, solo se emplearon 80 millones 22 mil 334, lo que significó que la gran mayoría de la inversión terminara en la basura.

La ASF identificó una inconsistencia en los tiempos de reporte; el INE etiquetó el gasto en el ejercicio 2024 y afirmó que las boletas fueron entregadas el 31 de diciembre de ese año, cuando en realidad la producción y entrega ocurrieron hasta mayo de 2025.

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Ante estas anomalías, el órgano fiscalizador ordenó a la Contraloría Interna del INE iniciar cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios involucrados en el proceso de contratación y supervisión.