#8M2022

Una columna de Hannia Novell. La defensa de los derechos de las mujeres nada tiene que ver con la celebración de eventos.

#8M2022

La agenda feminista en México no ha contado con la complicidad ni el compromiso de los poderes públicos. La participación política de las mujeres ha ido en aumento y, sin embargo, persiste el desempleo, la violencia machista, los bajos salarios y la ausencia de apoyos institucionales para avanzar en el desarrollo de las mujeres. 
La paridad en la construcción política generó esperanzas y sueños, pero nos han quedado a deber. Siete mujeres fungen como gobernadoras de diferentes estados del país, otras siete son secretarias de Estado y 248 de 500 integrantes de la Cámara de Diputados son mujeres. Sin embargo, los desafíos crecen día con día. 
El gobierno “más feminista de la historia” disminuyó el presupuesto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, cerró las estancias infantiles y eliminó de un plumazo las escuelas de tiempo completo. Millones de mujeres vieron sepultadas sus esperanzas de alcanzar el progreso, ante la falta de solidaridad de los gobernantes. 
En un país donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene nombre de mujer, sistemáticamente se viola la dignidad, la integridad física y emocional de las mujeres. 
No hay grupos de edad que hayan quedado a salvo. Por igual, niñas, adolescentes, mujeres adultas y hasta personas de la tercera edad son víctimas de violencia psicológica, económica, laboral, sexual y física, que en muchos casos ha desembocado en feminicidios. 
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que la misoginia y la violencia de género es el principal problema social y de salud pública en nuestro país. 
Diez mujeres son asesinadas en México cada día. En 2019, el primer año completo de este gobierno, el número de feminicidios en México fue de 973; en 2020 fueron 978 y en 2021 la cifra fue de 1,004 feminicidios. El año 2022 inició con la muerte violenta de 75 mujeres. 
Las mujeres y niñas son discriminadas, acosadas sexualmente y maltratadas física y emocionalmente. Los hogares, centros de trabajo, la vía pública y los sitios de diversión son escenarios del crimen y el abuso, así que la  impunidad prevalece. 
En el reporte Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México 2020, elaborado por la organización de la sociedad civil Impunidad Cero, revela que más del 51 por ciento de los feminicidios en el país no han sido resueltos. 
La perspectiva de género durante las investigaciones y los juicios, brillan por su ausencia. Las escenas del crimen, pruebas del delito y diligencias nos son realizadas conforme a la ley. Por lo tanto, ni las mujeres ni sus familiares consiguen verdad, justicia ni reparación del daño. 
Mientras los grupos feministas toman las calles para exigir justicia, acabar con el pacto patriarcal y visibilizar la importancia de avanzar en la protección de los derechos de las mujeres, los gobiernos utilizan murallas para proteger edificios y cerrar los ojos a las protestas. No hay sensibilidad, empatía ni responsabilidad. 
La defensa de los derechos de las mujeres nada tiene que ver con la celebración de eventos, la iluminación de los edificios públicos ni el pronunciamiento de discursos estériles. Presumir un gabinete paritario o la integración equilibrada de mujeres y hombres en el Congreso, sirve de poco y de nada. 
Se precisan políticas públicas, presupuestos y acciones decididas para cerrar las brechas de la desigualdad y avanzar, con paso firme, para nivelar los pisos de oportunidades y desarrollo de las mujeres. Esa debe ser la lección del #8M2022.