'Alito' en la mira: Fiscalía de Campeche solicita su desafuero, ¿cómo será el proceso? 

La Fiscalía General del Estado de Campeche presentó de manera formal, ante la Cámara de Diputados, una solicitud de desafuero en contra de Alejandro “Alito” Moreno por presunto enriquecimiento ilícito.

'Alito' en la mira: Fiscalía de Campeche solicita su desafuero, ¿cómo será el proceso? 
Fiscalía de Campeche solicita el desafuero de 'Alito'
Foto: Archivo/ Cámara de Diputados

La Fiscalía General del Estado de Campeche presentó de manera formal, ante la Cámara de Diputados, una solicitud de desafuero en contra de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional y diputado federal del PRI, por presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato como gobernador. El proceso busca que el priista pueda ser enjuiciado por dicho delito, pero aún se tiene que seguir un proceso para lograrlo, ¿cómo será? 

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Fue Renato Sales, fiscal general de Campeche, el encargado de presentar dicha solicitud en el recinto Legislativo y posteriormente ofreció una conferencia de prensa acompañado del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. 

“Nos visita el fiscal general de Campeche, Renato Sales, el motivo es que acaban de presentar una solicitud de declaratoria de procedencia en relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche”, señaló el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

¿Cuál es el proceso de ‘desafuero’?

Una vez que la Cámara de Diputados recibió la solicitud de parte de la Fiscalía, está se turna a la Secretaría General, la cual la resguardará hasta en tanto se conforme la Sección Instructora, misma que es integrada por 4 diputadas y diputados, en acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que tendrá que pasar al Pleno para ser votada y quedar conformada.   

Se le denomina “Declaración de procedencia”, pero este proceso parlamentario también era conocido en la práctica como desafuero, que inicia cuando se presenta denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público en contra de algún servidor público. 

Posteriormente la Sección Instructora deberá rendir su dictamen en un plazo de 70 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la misma y si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible rendir su dictamen podrá ampliarlo en la medida que resulte estrictamente necesario. 

La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias conducentes para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Una vez que concluya esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Paso a paso: 

  1. Si a juicio de la sección, la imputación fuera improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara de Diputados, para que resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
  2. Se da cuenta del dictamen correspondiente y el presidente de la Cámara de Diputados anuncia que debe erigirse en Jurado de Procedencia (al día siguiente a la fecha en que se conoce el dictamen). Lo cual deberá notificar al inculpado y a su defensor, así como al denunciante.
  3. La audiencia. En el día que se cite, la asamblea conocerá el dictamen que la sección le presente. La Secretaría dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la sección instructora. Posteriormente se concederá la palabra al denunciante, y en seguida al inculpado o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicita.
  4. Una vez que el denunciante, el inculpado y su defensor, se retiren del recinto se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora. 

Posibles escenarios: 

A) Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.

B) En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su cargo. 

En el caso de gobernadores, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia, la declaración de procedencia que dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. 

¿Qué es la Sección Instructora?

Es una instancia integrada por cuatro diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional, que tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y/o penal de algún servidor público. 

¿Qué contiene la carpeta vs. Alito?

El fiscal Renato Sales subrayó que los audios divulgado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no forman parte de la carpeta de investigación y que es una indagatoria del Ministerio Público vinculada con el delito de enriquecimiento ilícito, que consiste en la desproporción entre los ingresos del servidor público en sus diversos cargos y las propiedades que se encuentran a su nombre.   

En ese sentido ahora “Alito” Moreno deberá demostrar que posee y adquirió sus bienes legalmente. Sin embargo, Renato Sales ejemplificó que de acuerdo a un dictamen aportado pericialmente que la “mansión” que posee el priista está valuada en más de 130 millones de pesos y se evalúan también los objetos al interior del inmueble como cuadros y esculturas, valuadas en más de 50 millones.