AMLO impugna suspensión de Plan B para elecciones 2023: ‘es fraude a la Constitución’

El Ejecutivo aseguró que además de que el ministro Pérez Dayan no tiene facultades para suspenderlo, es un acto ‘fraudulento’, ‘arbitrario’ e irrespetuoso de la división de poderes

AMLO impugna suspensión de Plan B para elecciones 2023: ‘es fraude a la Constitución’
Presidencia impugna suspensión del Plan B en elecciones de Coahuila y Edomex
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Consejería Jurídica de Presidencia, impugnó la resolución del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación del llamado Plan B de la reforma electoral en las elecciones de 2023 que se llevarán a cabo en el Estado de México y Coahuila.

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El Ejecutivo argumentó que dicha suspensión constituye un “fraude” a la Constitución, ya que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis 2a XXXII/2005 referente a la “suspensión de controversias constitucionales, un solo ministro no está en facultades de invalidar las normas expedidas por el Congreso de la Unión", sino que se necesita el voto de ocho.

“Los juzgadores, como todas las autoridades del Estado, están obligados a fundar y motivar sus decisiones, por lo que el ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional, pues la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales”, dijo la Consejería en un comunicado.

Calificó como “preocupante” la decisión del Pérez Dayán al considerar que no hay razón para no aplicar la reforma electoral en los comicios de junio, pues consideró que no existen indicios “de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su determinación”.

Asimismo, la Presidencia advirtió una grave violación a la división de poderes en un acto “arbitrario” de un juzgador al apartarse de las normas jurídicas, además de que las acciones de inconstitucionalidad interpuestas aún no deben tener efectos en lo que corresponde a las decisiones de fondo emitidas por la Suprema Corte.