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Foto: Notimex / Cuartoscuro Gubernatura de 5 años en BC desata ‘tormenta’ de políticos y partidos
Mié 10 Julio 2019 21:58

Más tardó en conocerse la ampliación de mandato para el nuevo gobierno en Baja California, que en desatarse la controversia y  una "tormenta" de opiniones al respecto, siendo una buena parte de ellas en sentido negativo. No solo se trata de establecer si los legisladores locales tienen la competencia para determinar el ajuste, sino de las implicaciones de que la eventual administración de Jaime Bonilla, gobernador electo emanado de Morena, se fortalezca y tenga un alcance de 5 años. Las suspicacias que genera esto son crecientes.

El 8 de julio el Congreso de Baja California aprobó ampliar de dos a cinco años la duración de la próxima gubernatura, encabezada por Jaime Bonilla. Esto a partir de la propuesta presentada por el diputado morenista Víctor Manuel Morán Hernández; argumentó en tribuna que una gubernatura de dos años representaría un gasto sustancial para el erario. También apuntó que extender su duración beneficiaría las arcas locales.



Aunque el grupo parlamentario del PAN es el que tiene mayoría (12 de 25 diputados locales), respaldó la medida y le dieron luz verde en el pleno. Después era necesario que los cabildos de tres de los cinco ayuntamientos lo avalaran: esto ya ocurrió en Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, en tanto que Mexicali votó en contra.

De alguna manera  respondieron al recurso que Jaime Bonilla, presentó  apenas 15 días después de la elección ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): un Juicio de Protección de Derechos del Ciudadano,  para ampliar el periodo de su gubernatura de dos a seis años. Se trató del tercer intento legal para ajustarlo. 


Sin embargo la reforma se topó de frente con el gobernador saliente Francisco Vega de Lamadrid, quien advirtió que no la publicará en el Periódico Oficial de la entidad. Señaló que “todos estamos comprometidos en atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura de 2 años”.

Por su parte, el secretario de Gobierno estatal, Francisco Rueda Gómez,  indicó que con esta acción, el Ejecutivo local busca validar el Estado de derecho y la voluntad de los ciudadanos que votaron para elegir a un gobernador por dos años; agregó que se trata de una decisión inamovible y que afrontarán cualquier consecuencia legal que pudiera generarse.


El asunto fue abordado en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE); Pamela San Martín, consejera electoral calificó la decisión de los diputados de aquella entidad como un “verdadero escándalo”, ya que “atenta contra todas las reglas que nos hemos dado, contra nuestra Constitución”.


Por el lado de los partidos políticos, las opiniones en su mayoría coinciden. El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, advirtió que impugnará ante la Suprema Corte la ampliación del mandato; insistió en que representa un duro golpe a la democracia, a la legalidad y a la máxima autoridad electoral que ya había emitido un fallo al respecto. Puso en la mira a 9 diputados que podrían ser expulsados por dar su respaldo a la medida.


En el PRI también se expresaron en contra y recordaron que la Constitución prohíbe al legislador expedir o reformar la legislación en todo aspecto relevante de los procesos electorales durante el periodo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral y durante éste.


La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, consideró como “lógico” esta modificación al asegurar que era una “aberración” hacer tan corta una gubernatura y que la sociedad pensara en el sucesor tan pronto.

En el Congreso la diputada Tatiana Clouthier se manifestó en contra de la aprobación del Congreso de Baja California e hizo un llamado a rectificar.


De igual manera destaca el pronunciamiento de Cuauhtémoc Cárdenas, quien había mantenido un perfil discreto en la escena pública reciente. En sus redes sociales  consideró que “aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República”.


El tema llegó a Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no hablar del tema argumentando que es un asunto local que tendrá que ser revisado por el Tribunal Electoral. Rechazó cualquier tipo de intervención: “lo que sí puedo asegurarles es que nosotros no intervenimos, no es como era antes que había línea de la Presidencia. Nosotros no nos metemos en estos asuntos”, según indicó en conferencia matutina.


Precisamente el andamiaje legal permite que como última instancia, los magistrados del TEPJF emitan la última palabra, aunque el tiempo opera en contra: con la aprobación de esta reforma, Jaime Bonilla iniciaría su gestión el 1 de noviembre del presente año y concluiría el 31 de octubre del 2024.

TEPJF definirá duración de periodo en gubernatura de Baja California