Burlarse de la ley

El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó ayer medidas cautelares en contra del jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, por haber intervenido en el proceso electoral en violación de los principios de imparcialidad y neutralidad. Las medidas cautelares que se le impusieron, sin embargo, son solamente la modificación de los archivos y versiones estenográficas de la conferencia de prensa del 18 de marzo.

Batres sabía perfectamente que en esa conferencia estaba quebrantando la ley. No solamente promovió a la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno. Clara Brugada, sino que rebatió argumentos del candidato de oposición, Santiago Taboada, en el debate entre candidatos de la noche anterior. Ni siquiera él debería estar sorprendido de que el IECM haya emitido las medidas cautelares.

El problema es que los gobernantes de Morena, empezando por el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, han entendido ya que el castigo por violar la ley es irrelevante. De nada sirve borrar archivos viejos de televisión o transcripciones de conferencias de prensa cuando ya se ha dicho todo lo que se quería difundir.

El presidente López Obrador se burla de las medidas cautelares, en su caso del Instituto Nacional Electoral, el INE. Ayer, por ejemplo, declaró con sorna: “Están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta, no voy a poder hablar de oligarquía corrupta. Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo, lo hacemos aquí entre todos, ¿no? ¿Podría ser ‘mafia del poder’ o ‘conservadurismo corrupto’?”.

El mensaje del presidente es claro: no dejará de intervenir en el proceso electoral por lo que diga la ley o por las medidas cautelares del INE. Si el INE determina que no puede referirse a la oposición como “oligarquía corrupta”, recurrirá a muchas otras expresiones. Y si el INE ordena medidas cautelares por su uso de expresiones como “mafia del poder” o “conservadurismo corrupto”, inventará otras para seguir violando la ley. La modificación de archivos y transcripciones es un castigo tan ligero, el cual en realidad solamente afecta a los periodistas profesionales o historiadores que puedan estar buscando una cita exacta, que no tiene por qué inquietar al presidente.

No es que López Obrador no conozca las reglas que surgen de los principios de imparcialidad y neutralidad (que yo cuestioné, a propósito, cuando se introdujeron en la reforma electoral de 2007). Él mismo promovió las iniciativas después de la campaña de 2006, en la que le espetó al entonces presidente Vicente Fox la famosa frase “Cállate chachalaca” por su intervención en el proceso. Lo curioso es que Fox solo tuvo dos declaraciones que podían considerarse injerencistas, una en la que advirtió contra los males del populismo y otra en la que dijo que no era conveniente cambiar de caballo a mitad del río. Estos tímidos mensajes están muy lejos de las intervenciones cotidianas de López Obrador o de las que ahora ha empezado a hacer el jefe de gobierno de la Ciudad de México.

La incapacidad del INE para obligar a que se respeten las reglas del 2007 quizá lleve en el futuro a eliminarlas. En otros países, como Estados Unidos, no se impide que los políticos hagan política, pero sí se sanciona, y con fuerza, el uso de recursos públicos para apoyar una candidatura. Mientras no se modifique la ley, o no se endurezcan sus sanciones, seguiremos observado el lamentable espectáculo de unos gobernantes que se burlan abiertamente de una legislación que ellos mismos impulsaron.