Caso Ayotzinapa: A 7 años, contrastan versiones sobre la desaparición de los 43 normalistas con EPN y AMLO

Este domingo 26 de septiembre se cumplen 7 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero. Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en conocer realmente qué sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, ante las dudas sobre la llamada “verdad histórica”. Padres de los 43 normalistas desaparecidos han manifestado su inconformidad con el avance de las investigaciones.

Gobierno busca romper con la llamada "verdad histórica"

Hoy en día la versión que se ha dado en ambos gobiernos contrasta sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala. Entre los elementos más relevantes que se han dado a conocer este 21 de septiembre, dos días antes del séptimo aniversario, es que las autoridades de la administración anterior incurrieron en tortura y armado de pruebas para construir la llamada "verdad histórica". 

Omar Gómez Trejo, fiscal encargado del caso, detalló que en la investigación anterior se encontraron indicios de "tortura generalizada", lo cual se comprobó con 40 videos en los que se da cuenta de funcionarios públicos interrogando "de manera irregular". Además, señala que se encontraron irregularidades administrativas en el caso, tales como la relacionada con la diligencia ministerial realizada en el río San Juan. 

Otro dato importante es que el presidente Andrés Manuel envió una carta al primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y quien estuvo a cargo de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

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— Gobernación (@SEGOB_mx) September 24, 2021

Hallazgos

Cabe recordar que tras la creación de la Comisión de la Verdad y con la ayuda de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, a cargo de Omar Gómez Trejo, el pasado 7 de julio de 2020 se reportó el hallazgo de restos óseos en un punto conocido como Barranca de la Carnicería, Ejido de Cocula, con lo que se permitió la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Además, el pasado 15 de junio de este año se confirmó que el hallazgo de los restos en la Barranca de la Carnicería pertenecía a Jhosivani Guerrero de la Cruz. Las partes humanas del estudiante analizadas en Innsbruck, Austria. Se recordará que hasta el momento solo tres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han sido identificados mediante restos.

También la Fiscalía General de la República solicitó girar órdenes de aprehensión en contra de 46 exservidores públicos. Además se añade la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, presunto líder de la banda Guerreros Unidos (grupo criminal señalado de la desaparición) y quien según la FGR ordenó la privación de la libertad y de la vida de los 43 estudiantes.

43 normalista habrían sido calcinados en distintos puntos

Para 2019, la FGR, a través de la fiscal especial en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, así como del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, según dijo Gertz Manero por desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas. De las nuevas diligencias realizadas se pudieron recabar nuevos datos y trazar una cronología de los hechos ocurridos que abrirían la pauta para desechar la llamada versión histórica, refutando la versión que los jóvenes 43 de Ayotzinapa habrían sido incinerados, pero no en el basurero municipal de Cocula como se dijo en su momento, sino en varios puntos de la zona.

“La información detallada de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el Fiscal de Ayotzinapa, Maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme la autoridad judicial nos lo vaya permitiendo. Para que esta nueva etapa se maneje con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica”, sentenció Gertz Manero en un mensaje a medios el pasado 30 de junio.

De acuerdo con Excélsior, que tuvo acceso a parte de la indagatoria de la FGR, en la nueva investigación se argumenta que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron separados en varios grupos; ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos incinerados en distintos lugares”, pero ninguno de esos sitios es el basurero de Cocula.

Dicha postura se sostiene por las diligencias realizadas donde fueron localizados restos óseos en distintos sitios que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, además se incorporarán una serie de ‘informaciones reservadas’ que la CNDH entregó a la PGR a partir de las parte de las investigaciones realizadas por el órgano autónomo “y a partir de las cuales obtuvo pruebas con las cuales forjó una narrativa de los hechos diferente a la verdad histórica del gobierno anterior. Aunque fue soslayada y su recomendación archivada, ya que no es vinculante”.

Entre los puntos que la investigación de la FGR desarrollará está una probable segunda ruta de desaparición de los normalistas, en el Puente del Chipote. En total, son al menos 18 sitios investigados y en los cuales se localizaron restos óseos. Además, en su informe plantea la intervención no solo de policías de Iguala y Cocula, sino también de Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

¿Y la verdad histórica?

La “verdad histórica” como se le conoce a la versión que dio la PGR de Murillo Karam en 2015, surge por una frase del entonces procurador general al presentar el resultado de las indagatorias a un año de lo ocurrido: "Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente", dijo.

Según la versión oficial, que dio a conocer la PGR, es que el 26 de septiembre de 2014 los jóvenes estudiantes habrían ido a Iguala con la idea de tomar algunos autobuses para viajar a Ciudad de México a una protesta; sin embargo, por la noche fueron interceptados al ser confundidos como miembros de grupo criminal Los Rojos, adversarios de los Guerreros Unidos, a quienes se les adjudica su desaparición.

Según las autoridades mexicanas, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero en Cocula por narcotraficantes del Cartel Guerreros Unidos en confabulación con la policía y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, principales responsables de la desaparición de los jóvenes.

La versión oficial dice que tras la incineración de los 43 jóvenes, los restos fueron arrojados en bolsas de basura al río San Juan, cerca del tiradero. Sin embargo, las versiones sobre la muerte de los 43 jóvenes generó muchos cuestionamientos, luego de las investigaciones por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), y los cuestionamientos a ocultamiento de pruebas e irregularidades en la detención de los presuntos implicados en el crimen por parte de las autoridades encargadas de las indagatoria.