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Avanzan campañas y sigue la violencia: Guerrero, es foco rojo
Jue 10 Mayo 2018 21:02

Amigos y familiares le dieron el último adiós a Abel Montufar Mendoza, presidente municipal con licencia de Coyuca de Catalán, Guerrero, asesinado el 8 de mayo. Con él,  ya suman 24 políticos asesinados y 3 desaparecidos durante el actual periodo electoral en ese estado, el más violento en su historia. Conformen pasan los días no se escucha ni se ve el supuesto protocolo de seguridad para que la actividad proselitista se lleve con la mayor tranquilidad posible.


Recuentos y crónicas periodísticas plantean que la violencia hacia los políticos, en particular en Guerrero, solo hace evidente las pugnas entre los diversos grupos criminales por controlar ciertas zonas; los aspirantes a cargos populares se vuelven así en auténtica “carne de cañón”. 

Así lo describe en El Universal el periodista Héctor de Mauleón, quien es puntual en trazar los nexos entre víctimas y los grupos involucrados:

- ”Montúfar era aliado político del diputado priísta Saúl Beltrán, a quien se ha acusado repetidamente, incluso desde la propia Fiscalía General del Estado, de proteger al grupo criminal conocido como Los Tequileros, que encabeza Raybel Jacobo Almonte”.

- A su vez se plantea que “Los Tequileros sostienen desde hace años una guerra a muerte por el control de la región con el antiguo jefe regional de Los Templarios, Rodolfo Maldonado Bustos, alias José Pineda González, Don José o El JP, quien desde hace algún tiempo se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG”.

- ”El gobierno federal atribuye a El JP el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, ocurrido en julio de 2016. Según las investigaciones, el alcalde era compadre del líder de Los Tequileros”.

- De igual manera, “El JP” sería responsable de la desaparición del diputado federal del PRD Catalino Duarte Ortuño, “levantado” en marzo de 2017, y de quien nada se sabe.


Por lo pronto en estas horas  el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que ya se tiene ubicado al grupo criminal responsable de la muerte de Abel Montufar, pero por cuestión de secrecía de la investigación, no quiso revelar el nombre aunque informó que opera en Guerrero y Michoacán.


Se revela que, además de los 24 políticos asesinados y 3 desaparecidos, el consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal (IEPCG) ha aprobado 17 renuncias de candidatos propietarios y suplentes a diputados locales; todavía le quedan por analizar 90 solicitudes de sustitución para los ayuntamientos.


A nivel general, desde que inició el proceso electoral en septiembre del año pasado, ya son 91 políticos asesinados entre candidatos, funcionarios y exfuncionarios, según la consultora “Etellekt” y que retoman medios como Excélsior.


Si bien Héctor Astudillo reiteró en entrevistas  que su principal compromiso es llevar ante las autoridades a los dirigentes de la delincuencia organizada que han sembrado el terror en las comunidades, no habla sobre establecer los llamados protocolos de seguridad que en su momento ofreció la Secretaría de Gobernación para aspirantes a cargos de elección popular.

Hasta donde permite una rápida revisión de lo que ocurre en otros estados, esto sí ocurre a petición de parte de las autoridades locales; es el caso de Puebla donde se refiere que al menos 15 candidatos ya hicieron la solicitud pertinente y ya se avanza en las medidas pertinentes con las instancias federales. Con las debidas reservas por las diferencias de contexto, las preguntas surgen ante la violencia que se vive en Guerrero y que lo confirma como uno de los principales focos rojos rumbo a la jornada del 1 de julio.

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