Presidencial
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Violencia política pone a debate la seguridad de precandidatos
Mié 31 Enero 2018 21:01

La seguridad y resguardo físico de los precandidatos presidenciales en sus recorridos y actos es una asignatura de la que poco se habla pero es un tema esencial. Sobre todo si revisamos el entorno de violencia que se vive en buena parte del país. Hechos sangrientos que involucran a políticos hacen ver la necesidad de considerarlo como parte de la estrategia general. Pero algunos aspirantes politizan el tema.

Por un lado está el registro de que en diciembre de 2017, 14 exalcaldes, funcionarios y políticos en distintos estados del país fueron asesinados de manera violenta. Las víctimas eran prácticamente de todo el espectro político según el recuento hecho por El Financiero.

El otro evento que encendió algunos focos amarillos fue la agresión y robo a la comitiva que acompañaba María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy" aspirante a candidata presidencial independiente por hombres armados en Michoacán. Pese a esto, no se ha solicitado seguridad especial al INE, aclaró el consejero electoral, Marco Antonio Baños; explicó que el instituto solo tiene facultades para turnar cualquier solicitud de resguardo especial a la Secretaría de Gobernación.


Precisamente ese es el camino que tiene ahora los aspirantes para cuidar su integridad y la de su círculo cercano. Es hasta que son los candidatos formales que pueden acceder de manera directa al apoyo y participación de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP); en su reglamento propio forma parte de sus tareas atender las necesidades de los candidatos presidenciales de los diversos partidos políticos, siempre y cuando lo acepten.

A este respecto, es Andrés Manuel López Obrador quien ha marcado distancia. Como ha ocurrido en las campañas pasadas, hace un par de semanas dijo que rechazaría una eventual asignación de elementos de seguridad como parte del protocolo que anunció la Secretaría de Gobernación para candidatos y funcionarios. Ha expresado una marcada desconfianza en el EMP y todo indica que tiene una consigna contra este cuerpo, del que ha indicado que lo desaparecería y donaría sus instalaciones al patrimonio público.


Pero entre los analistas y columnistas políticos flota en el aire el llamado de atención de que en el contexto actual de inseguridad, criminalidad y violencia, no faltaría el desequilibrado o el justiciero solitario por alguna causa mal entendida que busque agredir a algún aspirante presidencial. Con el afán de acercarse a la gente, se colocan literalmente en posiciones físicas muy vulnerables: basta un instante para ocupar un objeto punzocortante o hacer un solo disparo con consecuencias letales.

Por ello se insiste en las consecuencias políticas, sociales y hasta económicas de un acto de tal naturaleza; un sentido de inestabilidad inmediata, de zozobra e incertidumbre sobre la gobernabilidad interna, así como del correcto proceso electoral que valide una transición democrática constitucional. Es decir, que los mexicanos tengan la capacidad de elegir en paz y orden a las autoridades para los siguientes años; cualquier situación que lo interrumpa u obstaculice nos pone en riesgos muy altos.


Hay quienes desde varias trincheras lo descartan o lo minimizan. Otros ponderan un hecho de ese tipo para “martirizar” a personajes o causas. Posiciones que son cuestionables, ante el interés principal de una sociedad que busca su correcto funcionamiento, al elegir a autoridades con legitimidad que les resuelvan sus necesidades y problemas. Nada más pero tampoco un asunto menor.

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