¿Cómo lograr la digitalización de la Justicia y no perdernos en el camino?
Una columna de Alejandra Lagunes.
La sociedad mexicana ha evolucionado y demanda que el gobierno sea más cercano, moderno y transparente. Una lección que aprendimos durante la pandemia es que la transformación gubernamental debe ser hacia lo digital. La integración e interoperabilidad de soluciones tecnológicas y medios electrónicos genera procesos de gobernanza más transparentes, ágiles y confiables. Esta realidad debe trasladarse a los procesos judiciales, que de por sí, ya son complicados.
El avance tecnológico y la hiperconectividad de la sociedad obliga a implementar mecanismos más eficientes de impartición y administración de justicia, ampliar su accesibilidad, simplificar procedimientos, reducir costos y mejorar la calidad de atención, sin dejar por ello de respetar los derechos fundamentales y de hacer cumplir la ley.
En los últimos años diversas instancias judiciales han incorporado modelos para sistematizar la gestión judicial y administrativa, ejemplos como el “juicio en línea” adoptado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 2008, algunos esfuerzos realizados por organismos locales, y los emprendidos por la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación nos recuerdan que el camino de la innovación es largo a pesar de las resistencias a los cambios.
Muchas de las objeciones que han enfrentado este tipo de sistemas, son la falta de presupuesto, personal, capacitación, infraestructura, conectividad e interoperabilidad pero sobre todo algunas disposiciones jurídicas que exigen que ciertos procedimientos tengan que desahogarse en persona, utilizando documentos físicos o utilizando firma autógrafa.
Durante la pandemia, dejar de impartir justicia por no contar con las capacidades para desahogar procedimientos de forma electrónica, generó dificultades difícilmente cuantificables. Tan solo en la Ciudad de México su Tribunal Superior de Justicia reportó lo siguiente:
En 2019 ingresaron 95,656 asuntos en materia familiar. Mientras que en 2020, se presentaron únicamente 33,851. Es decir, 64.61% menos. Mientras que, en materia civil en 2019 ingresaron 85,157 asuntos, y en 2020 se recibieron 65.04% menos demandas.
Mantener estructuras paralelas es costoso y poco eficiente. Como sucede con la firma electrónica, donde en el caso de la CIudad de México para llevar a cabo gestiones ante instancias judiciales, los ciudadanos deben contar con la e.Firma del SAT, la FIREL del Poder Judicial, y llegando a extremos la nueva firma electrónica de la Ciudad de México llamada Llave CDMX.
Es esencial que los procesos judiciales sean interoperables. Esto es, que las plataformas digitales tengan la capacidad de intercambiar información, ya sean datos, documentos u otros objetos digitales, de manera uniforme y eficiente.
Para lograr este intercambio, deben contar con características técnicas y de estructura que faciliten la comunicación; así como condiciones físicas y de software que les proporcionen estabilidad y adaptabilidad. Esta interoperabilidad, debe de estar presente con todos los sistemas, para evitar duplicar la información, generar pérdidas económicas y tiempo para los usuarios.
El camino no es sencillo, lograr una verdadera interoperabilidad implica que las dependencias y actores involucrados compartan infraestructura, información y conocimiento, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas tecnológicos. Para conseguirlo, es necesario modernizar el andamiaje jurídico y normativo de las instituciones.
Hoy como nunca, una sociedad digitalizada funciona con información y requiere de datos abiertos, confiables, oportunos y utilizables. Cuanto más rápido se obtengan, y más exactos sean, resultan más útiles.