Decreto de AMLO por proyectos de infraestructura: oposición critica y amaga, Morena da su respaldo

Las voces que se suman al rechazo a la medida sobre las obras federales, así como los respaldos que se han emitido al respecto.

Decreto de AMLO por proyectos de infraestructura: oposición critica y amaga, Morena da su respaldo

Cuando parecía que las aguas de la política se calmarían porque la reforma eléctrica se estaría colocando “en la congeladora”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con el decreto por el cual se establece que todos los proyectos y obras de infraestructura serán considerados “asuntos de seguridad nacional” lo que limita su transparencia en los procesos. Con ello se abrió un nuevo frente con los partidos de oposición cuyo rechazo a la normatividad es absoluta; mientras que Morena respalda su legalidad. Estas son las voces emitidas hasta ahora.

Desde los partidos
El PAN anunció que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el decreto publicado. El dirigente nacional, Marko Cortés, refirió que “es realmente inaceptable ver cómo el presidente es candil de la calle y oscuridad de su casa, va y habla a los Estados Unidos de que aquí se combate la corrupción y el presidente, en los hechos es tapadera de la corrupción, un total cinismo, lo que está haciendo con este decreto es generar puras adjudicaciones directas, discrecionales y evitar que la información pueda ser consultada”.

En un comunicado, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que “la ciudadanía tiene derecho a una obra pública fundamentada y que cumpla con los dictámenes y requisitos que marca la ley, así como elaborada bajo un proceso transparente. Este acuerdo pasa por encima de estos principios para que las órdenes de la Presidencia de la República se cumplan a cabalidad”.

Puso de manifiesto que este acuerdo obliga a todas las dependencias a dar autorizaciones provisionales por 12 meses a los proyectos del Gobierno Federal aunque no cuenten con los dictámenes, permisos ni licencias correspondientes. Asimismo advirtió que al ser considerados “de seguridad nacional”, se obstaculizarán los procesos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que organizaciones de la sociedad civil y periodistas han alertado sobre el alto riesgo de corrupción en dichos proyectos.

Desde Paseo de la Reforma
La bancada del PAN en el Senado llamó a todas las instituciones a presentar una acción de inconstitucionalidad, empezando por la Presidencia de la Cámara Alta, para detener el decreto. El coordinador Julen Rementeria afirmó que la senadora Olga Sánchez Cordero, como presidenta de la Mesa Directiva del Senado, tiene la posibilidad y la obligación de hacerlo ante la evidente inconstitucionalidad del decreto. 

Destacó que “en realidad lo que están ocultando son todas aquellas implicaciones” que tienen los proyectos, lo que atenta contra el medio ambiente, los derechos humanos, la eficiencia gubernamental, transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas y el patrimonio de los mexicanos. 

En un tono más arriba, la senadora, Lilly Téllez, llamó a “un día sin pagar impuestos” por este decreto. De igual manera criticó que los integrantes de la llamada Cuarta Transformación no quieran informar a los ciudadanos “en qué gastan el dinero público, cómo lo asignan, a quién contratan, a quién benefician, a quién perjudican y qué daños provocan”.

Para el flamante coordinador de la bancada de Movimiento Ciuddano, Clemente Castañeda, la orden a las dependencias públicas “es un grito desesperado del gobierno federal” ante lo que llamó “el fracaso de sus principales proyectos”. En conferencia de prensa agregó que es “un atropello constitucional y a todas luces ilegal” que permitirá que cualquier ocurrencia presidencial sea ejecutada como obra pública prioritaria.

“En primer lugar el hecho de que las obras del gobierno serán consideradas de seguridad nacional tiene varias implicaciones negativas: primero por que amplía los márgenes de opacidad y discrecionalidad al obstaculizar el acceso a la información de estos proyectos, y segundo, porque bloqueará el ejercicio de derechos como el amparo para protegerse de obras federales que afecten derechos” explicó el legislador naranja.

Para los senadores de Morena, el decreto es legal y adecuado y su objetivo es “terminar con los moches, la corrupción” que constituye la tramitología heredada por los gobiernos del pasado, según el integrante de la bancada César Cravioto. En rueda de prensa afirmó que la oposición rechaza el decreto porque “quiere impedir que el presidente López Obrador cumpla sus promesas” y entregue en tiempo los proyectos de infraestructura que lleva a cabo.

Desde San Lázaro
En la Cámara de Diputados las posiciones no variaron. Los integrantes de la coalición Va por México anticiparon que presentarán una controversia constitucional ante la SCJN. El coordinador blanquiazul Jorge Romero, respaldó la visión de que la declaratoria de seguridad nacional opaca el acceso a la información de obras prioritarias para AMLO, lo que es, dijo, “un ataque a la Constitución”. 

“El decreto dice en su última frase y toda aquella obra que se considere de interés público o de seguridad nacional, la que quiera, la él determine, esa puede por decreto, unilateralmente, considerar que es de seguridad nacional sino que puede reservarse, para que tu ni yo, ni nadie conozcamos de dónde se ejercio, de dónde se gastó; esto, insisto es un ataque serio a nuestra Constitución”, denunció.

El líder de los diputados priistas, Rubén Moreira, planteó que esas obras de infraestructura son importantes pero no ponen en riesgo el futuro del Estado mexicano, que es la característica de una declaratoria de seguridad nacional, que en estas caso no se cumple. En paralelo el coordinador del Sol Azteca, Luis Ángel Espinosa Cházaro, valoró que "el decretazo" es una más de las acciones autoritarias de este gobierno. “Es preocupante que se insista en la concentración del poder en un solo hombre. En la coalición nos oponemos al decreto que pretende considerar como seguridad nacional las obras públicas, lo combatiremos en los tribunales”, replicó en sus redes sociales.

Por su lado los diputados de Morena establecieron en un comunicado que el decreto es legal y el presidente tiene facultades para su emisión, para el mejor funcionamiento de la administración pública federal y en este caso busca agilizar sus proyectos y proteger la inversión pública así como asegurar los bienes públicos. “De manera categórica afirmamos que este decreto de ninguna manera atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas y tampoco viola ningún derecho de las y los mexicanos”, aseguraron.

Para rematar. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) adelantó que alista una controversia constitucional ante la SCJN, luego de analizar los alcances del Acuerdo. Se explicó que el pleno del organismo autónomo determinó ejercer este control constitucional, al puntualizar que “se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública