Día 6 Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica; expertos revisan cómo debe actuar el Estado para crear un sistema eléctrico nacional
Durante la discusión se señaló que la electricidad es un bien público, por lo tanto, es fundamental que se regule su acceso.
Aquiles Siller 
En el sexto foro del Parlamento Abierto sobre el análisis de la iniciativa de reforma eléctrica celebrado en la Cámara de Diputados se revisó cuál debe ser el papel del Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional”. Durante la discusión se señaló que la electricidad es un bien público, por lo tanto, es fundamental que se regule su acceso, por lo que incluso se destacó que “México tiene mucho mercado y poco Estado en el sector”. En otro sentido las posturas recordaron que de aprobarse como está la iniciativa el país podría pagar cerca de 70 mil millones de dólares para compensar a los inversionistas.
A favor
El analista Héctor Alonso Romero Gutiérrez dijo que si se da todo el poder energético del país a la iniciativa privada podría derivar en un alza en los precios, lo que haría entrar en crisis a México. “Esta reforma genera estabilidad y continuidad en los suministros y en los precios”. Añadió que es necesario que el Estado retome las acciones que se perdieron con la reforma de 2013 para garantizar mejores condiciones en precio, seguridad y confiabilidad.
Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo, mencionó que México tiene mucho mercado y poco Estado en el sector. Advirtió que el Estado está “capturado” por élites políticas que lo han usado para hacer negocios particulares. “Tenemos una absolutización del mercado y una mercantilización de los bienes públicos, lo que ha generado que seamos de los países más desiguales del mundo. La electricidad es un bien público, por lo tanto, es fundamental que el Estado regule su acceso”, apuntó.
Guadalupe Correa Cabrera, académica, mencionó que consultores y cabilderos que participaron en la aprobación de la reforma eléctrica de 2013 forman parte o tienen relaciones con plataformas de producción de energías y facilitadores de grupos de interés en el sector energético que están en contra de esta reforma. “Ellos tienen un interés importante en que esta reforma no se apruebe”, apuntó
En contra
La experta en temas energéticos, Julia González Romero, explicó que este asunto tiene el potencial de afectar a miles de ciudadanos y a las nuevas generaciones porque México firmó y ratificó tratados internacionales y esta propuesta podría violar esos acuerdos. Consideró que si la iniciativa se aprueba en sus términos es posible que el país deba pagar cerca de 70 mil millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar sus proyectos en la nación. Este monto representaría el 20 por ciento del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos 2022.
Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, expuso que se ve un potencial de retroceso en el sector si se avala esta reforma. “La Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesita fortalecimiento monetario y reglas que permitan a los inversionistas decidir a largo plazo porque la iniciativa privada quiere crecer y respetar los tratados internacionales”, planteó.
