¿Es posible la democracia en tiempos de oligarquía digital?

El futuro es digital. Debemos observar lo que están haciendo otras regiones del mundo para atender estos temas y al mismo tiempo intentar reflexionar y responder a desafíos como el de garantizar la soberanía ciudadana frente a estos nuevos poderes sin controles efectivos.

¿Es posible la democracia en tiempos de oligarquía digital?
En Europa, Estados Unidos y otras regiones se estudian legislaciones para impedir que los gigantes tecnológicos pongan en circulación mensajes que vayan contra la legalidad democrática.
Foto: Pixabay

Quienes hemos vivido el nacimiento y crecimiento de las redes sociales, somos testigos de cómo han evolucionado a lo largo de estos años. Inicialmente estas plataformas fueron concebidas como herramientas que permitirían compartir diversos entornos de nuestras vidas, pero sobre todo la libre circulación de información e ideas.

Sin embargo, gradualmente las empresas dueñas de estas plataformas han incorporado controles y cambios en sus políticas de funcionamiento que han limitado el poder que un día dieron a sus usuarios. Rompiendo así con la promesa inicial de empoderamiento de la ciudadanía. Si bien algunos cambios fueron consecuencia de estrategias comerciales “entendibles” dentro de una economía de mercado, poco a poco se fue incentivando un modelo en el que para garantizar un mayor alcance de las publicaciones resultaba necesario pagar, en detrimento de las publicaciones de quienes utilizaban las plataformas de forma gratuita. Bajo este modelo pueden existir ideas o noticias que tienen mayor difusión o alcance en la red, que son impuestas por una minoría que tiene recursos económicos para hacerlas notorias.

A esta concentración de poder en un pequeño grupo de personas o empresas generalmente se les denomina oligarquías, en caso de la economía digital se caracterizan por controlar las políticas de uso de las plataformas a favor de sus intereses. Para ello, monopolizan el control de qué temas y qué personas pueden compartir sus ideas, desplegando un amplio dominio sobre el poder político y social, al tiempo que ejercen una concentración progresiva de los recursos a su servicio.

El poder de influencia de los gigantes tecnológicos ha crecido de forma impresionante, con el perfeccionamiento de algoritmos y controles de censura, que actúan como filtros para limitar nuestras publicaciones, ideas y opiniones sobre diversos temas que por su impacto o influencia parecen ser descartados bajo esquemas poco claros. Es decir, se han construido mecanismos para excluir o silenciar temas o ideas que no paguen por su posicionamiento o bien, sean controvertidas dentro de las políticas autoimpuestas por estas empresas.

Es así que nos hemos enterado de grandes escándalos como el de Cambridge Analytica. En el que se comprobó que existió una manipulación política de diversos sectores sociales y un abuso en el perfilamiento y uso de datos personales de más de 87 millones de personas. Esto provocó que Facebook fuera condenada a pagar $5.000 millones de dólares como sanción por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de los usuarios y a comprometerse a realizar una serie de modificaciones en el uso de la información que posee la empresa.

También, el fallido intento de compra de la red social Twitter por parte del millonario Elon Musk, encendió las alarmas en diferentes organizaciones de la sociedad civil estadounidense, donde incluso el regulador de la industria de medios de Estados Unidos (Media Matter for America) advirtió sobre la necesidad de prohibir a los grandes anunciantes comprar espacios en Twitter, si Musk no garantizaba más seguridad y transparencia en sus políticas de uso de cuenta.

Sin embargo no debemos olvidar que Elon Musk quiso hacerse del control de Twitter al manifestar que esta red social se estaba convirtiendo en una herramienta digital de anarquía y en un “sumidero” de desinformación. Situación que surgió después de la eliminación de la cuenta del ex presidente Donald Trump, una de las medidas más controversiales que provocó reacciones de toda índole, como la del ministro francés de economía, Bruno Le Maire, que afirmó: “El hecho de que el presidente de una compañía pueda desconectar un altavoz del presidente de Estados Unidos, sin ningún control ni contrapeso, es desconcertante, no solo es una confirmación del poder de estas plataformas, sino que también muestra profundas debilidades en la forma como nuestras sociedades organizan el espacio digital”. 

Ante este panorama, en Europa, Estados Unidos y otras regiones se estudian legislaciones para impedir que los gigantes tecnológicos pongan en circulación mensajes que vayan contra la legalidad democrática, con el reto de no imponer otro poder de censura, esto desde los gobiernos. 

La Unión Europea creó una ley sobre “servicios digitales” que busca favorecer la innovación, el crecimiento y la competitividad, facilitando la expansión de las plataformas más pequeñas, las pymes y las empresas emergentes. Reconociendo que entre los usuarios, las plataformas y las administraciones públicas debe existir un equilibrio de responsabilidades, con los siguientes objetivos:

  • Proteger mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales online.
  • Establecer un sólido marco de transparencia y rendición de cuentas para las plataformas online.
  • Impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único.

Sobre esta propuesta algunos analistas afirman que sería necesario gestionar internet como un servicio público: los acontecimientos recientes han demostrado hasta qué punto es importante reflexionar sobre mecanismos de reglamentación y supervisión pública de las infraestructuras de internet.

El futuro es digital. Debemos observar lo que están haciendo otras regiones del mundo para atender estos temas y al mismo tiempo intentar reflexionar y responder a desafíos como el de garantizar la soberanía ciudadana frente a estos nuevos poderes sin controles efectivos. En definitiva tenemos mucho trabajo por delante, que debemos atender de una forma oportuna, abierta, colaborativa y centrada en los derechos humanos de las personas.