Fiscal de Guanajuato

Fiscal de Guanajuato
Foto: tomada de la cuenta de X de la Fiscalía de Guanajuato

El presidente López Obrador ha exigido varias veces la destitución del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa. Sabe que no le toca la decisión, pero es una forma de expresar su insatisfacción con el hecho de que este es uno de los pocos estados que han escapado al control de Morena. 

Este 18 de diciembre, después de la matanza de jóvenes en una posada en Salvatierra, Guanajuato, el mandatario federal regresó sobre el tema: “Por eso mi insistencia respetuosa de que se cambie el fiscal, que lleva 13 años, y tienen una fuerza política descomunal, tienen muchísima protección, es como si él fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia, pero no es posible”. 

No parece que el presidente esté enterado de las funciones de un fiscal en Guanajuato o en cualquier entidad. La fiscalía se encarga de la investigación de los delitos y del enjuiciamiento de los responsables, pero la prevención le corresponde a la Secretaría de Seguridad, que tiene a la policía para esa tarea, y en casos de crímenes provocados por el consumo de drogas, que según López Obrador es el caso de las matanzas en Guanajuato, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal o a la Guardia Nacional. Pero no, el presidente no está pidiendo la destitución de sus propios funcionarios, sino del fiscal de Guanajuato. 

Al fiscal Zamarripa habría que destituirlo si no estuviera llevando a cabo de manera correcta las investigaciones sobre este y otros casos. Pero no hay indicios de ello. Zamarripa fue designado fiscal en 2019 por el Congreso de Guanajuato por una mayoría calificada de dos terceras partes. Por mandato constitucional, su período es de nueve años. No puede ser destituido más que por causas graves, y nadie ha presentado una demanda que señale una posible causa grave. 

En Morena, sin embargo, los políticos compiten por repetir las palabras del presidente. Este 19 de diciembre el senador Eduardo Ramírez Aguilar de Chiapas, coordinador de los senadores del partido, declaró, como si le hubiera llegado una súbita iluminación del cielo, que “hay que hacer un análisis profundo, si el problema es el fiscal en Guanajuato, porque no se está cumpliendo con la investigación del delito, no se está aplicando la ley y si el río suena es porque agua lleva. No me atrevo a acusar, pero es que es en el ámbito de su responsabilidad estatal”. 

Pero el fiscal Zamarripa sí ha empezado la investigación sobre los hechos de Salvatierra. La Fiscalía General de la República, a la que más probablemente le debería corresponder, porque la matanza fue realizada por una banda del crimen organizado, no ha querido atraer el caso ya que quiere dejarle toda la responsabilidad al fiscal estatal. 

La razón es que el presidente quiere quitar al fiscal de Guanajuato a como dé lugar y así debilitar al gobierno panista del estado. Atribuirle responsabilidades que no son suyas es parte de la estrategia. Pero la violencia del crimen organizado en el país debe ser combatida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal y por la Guardia Nacional. Si ha habido negligencia, es de ellas.