Gilberto Lozano se lanzó contra la senadora y aspirante a la presidencia Xóchitl Gálvez y aseguró que violó el Código Penal Federal por los contratos recibidos por su empresa High Tech Services durante los últimos gobiernos.
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A través de un video, el líder del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA), acusó a la aspirante presidencial de romper la ley por supuestamente dar servicios al gobierno federal mientras se desempeñaba como servidora pública.
El opositor y aspirante independiente a la presidencia mencionó que la panista habría infringido los artículos 220, 221 y 222 del Código Penal Federal, los cuales versan sobre el abuso de la función pública, tráfico de influencia y cohecho, respectivamente.
Aseguró que por ello le darían una sanción a Xóchitl, “quien debería estar junto con su hermana”, refiriéndose a la detención de su familiar por presuntamente ser parte de la banda de secuestradores Los Tolmex.
Y aseguró que no era cuestión de qué tanto llevaba su empresa, sino que al ser servidora pública en funciones no debía prestar servicios con su empresa ni la de sus familiares (hasta cuarto grado) al gobierno.
La Gilbertona Gilberto Lozano tiene razón acerca de Xochitl...
— Yo Soy Opinión General (@OpinionGeneral3) July 16, 2023
Pero...!!!
Todo iba bien hasta que me recordó a Sandra Cuevas...
Ella estudio en 10 países y este vivió en 35 países ?? pic.twitter.com/NaY4SywH3X
“Aquí no tiene nada qué ver que si su empresa tiene mil años o tiene 30, (...) o que si lo recibió en adjudicación directa o por licitación, la verdad es que estos 80 millones de pesos en contratos violan por completo el que un servidor público en funciones no puede venderle nada al gobierno”, señaló.
Y mencionó que las críticas que ha hecho Gálvez Ruiz sobre los contratos a Rocío Nahle o a la prima de Andrés Manuel López Obrador, Felipa Obrador, “eso no le quita el delito, porque aquí el cuatismo y el compadrazgo es muy claro”.
Hay que recordar que Xóchitl Gálvez ha sido señalada de haberse beneficiado, especialmente, de contrataciones a través de sus empresas con dependencias gubernamentales en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque la senadora ha dicho que se trataron de contratos legítimos y sin conflicto de interés.