La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionó sobre lo que podían hacer las ‘corcholatas’ de Morena en sus eventos a la candidatura presidencial con los que han determinado nuevas medidas.

Pues durante la sesión se presentó un proyecto con el cual se buscaba restringir los eventos de los aspirantes presidenciales de Morena en lugares públicos y que estuvieran destinados únicamente a militantes. Sin embargo, el proyecto fue modificado por la consejera Rita Bell López y apoyado por Jorge Montaño.

De este modo quedaron los cambios ante lo que pueden y no hacer los precandidatos de Morena:

  • Los eventos o asambleas informativas deben realizarse ‘preferentemente’ en lugares cerrados y pertenecientes al partido como sus oficinas estatales.
  • Que estén dirigidas a militantes, aunque puedan entrar también simpatizantes.
  • No deben emitirse expresiones de índole electoral.
  • Además se deberán cumplir con las reglas emitidas con anterioridad.

La sesión se llevó a cabo tras la petición de Jorge Álvarez Máynez para que se aplicaran medidas cautelares en contra de las ‘corcholatas’, lo que fue declarado en una primera instancia como improcedente por el INE.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo y ordenó que se volviera a hacer una análisis de las giras.

La aprobación de las nuevas medidas fue cuestionada por la consejera presidenta de la Comisión, ya que lo que ella proponía era la eliminación de los recorridos de los 6 precandidatos al tratarse, según afirmó, de actos de campaña y precampaña.

”La función de esta autoridad, hacer lo que nos corresponde, es parar los actos, parar los actos para que no se genere un daño irreversible (...) hoy tenemos evidencia documentada (...) como actos proselitistas que la finalidad es posicionar a Morena y a la seis personas que públicamente han sostenido su aspiración a una candidatura presidencial”, declaró Zavala. 

Sin embargo, el proyecto fue aprobado con los votos de Bell López y Jorge Montaño quienes, a pesar de que estuvieron de acuerdo en que los eventos eran actos proselitistas, argumentaron que se debía respetar el derecho de asociación.