Hablando de injusticias y prisiones

Hablando de injusticias y prisiones
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El uso excesivo de la prisión preventiva ha contribuido a llenar las cárceles del mundo y México no es la excepción.

 De las 223 mil 416 personas recluidas en el sistema penitenciario mexicano, 93 mil 255 son internos sujetos a proceso pero que siguen siendo legalmente inocentes. Equivalen al 41.7 por ciento del total de personas presas; es decir, cuatro de cada 10 personas son presos sin condena.

Al salir de la cárcel, donde estuvo presa durante 528 días acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandra Cuevas, sostuvo enfática: “Esto es el inframundo”. 

Y en ese infierno, no es la única. Rosario Robles fue detenida con pruebas falsas, una licencia de conducir que adulteraron los fiscales para sembrar la duda sobre su residencia, y permanece tras las rejas con la clara intención de obligarla a delatar a integrantes del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, por el caso de la llamada Estafa Maestra. Fue recluida el 13 de agosto de 2019 y sigue en prisión preventiva.

Las leyes penales y los tratados internacionales establecen que la prisión preventiva es un recurso excepcional que tendría que ser utilizado en caso de riesgo de fuga del inculpado o ante el peligro de que obstaculicen la justicia con la manipulación o el ocultamiento de pruebas. 

Sin embargo, la prisión preventiva se utiliza en México como arma política y se ha generalizado la violencia institucional en contra de personas inocentes.  De acuerdo con cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de las 12 mil 683 mujeres presas en las cárceles de todo el país, seis mil 583 (más de la mitad) se encuentran bajo proceso, encerradas sin que se haya probado su culpabilidad con una condena.

La pesadilla de miles de mujeres y hombres inocentes inicia con la fabricación de pruebas y la invención de delitos, para forzar delaciones o mostrar un aparente avance en la lucha contra el crimen.  La realidad es que entran a la cárcel mujeres y hombres de sectores vulnerables, personas con bajos recursos que no pueden pagar el costo de una defensa legal adecuada. 

Y al interior de los centros penitenciarios, el horror continúa. Hacinamiento, riñas, motines, huelgas de hambre y homicidios. Altercados que, generalmente, inician en los dormitorios y se multiplican por diferencias personales, motivos patrimoniales, estrés, extorsión, violación o abuso sexual y bajo el efecto de estupefacientes. 

Es responsabilidad de las autoridades locales y federales investigar y sancionar los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, en un marco de respeto a los derechos humanos.