Inai presenta controversia contra decreto de megaproyectos de AMLO: vulnera el derecho a la información

El Inai solicita a la SCJN se pronuncie sobre si el decreto vulnera la competencia del INAI y si se encuentra debidamente motivado en la Constitución.

Inai presenta controversia contra decreto de megaproyectos de AMLO: vulnera el derecho a la información

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a través de su representante jurídico, Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, presentó de manera formal una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que cataloga como de seguridad nacional las obras emblema de su gobierno.

“El titular del Poder Ejecutivo Federal no tiene atribuciones para ordenar a la Administración Pública Federal el desacato a las normas que regulan el desarrollo y realización de proyectos como los que refiere el acto impugnado, ni mucho menos catalogarlos como de seguridad nacional e interés público que son presupuestos normativos para la reserva de la información”, establece la controversia que presentó el Inai, de acuerdo con El Universal.

Además, sostiene que al catalogar los megaproyectos como “de seguridad nacional”, es un acto que va más allá de su inconstitucionalidad “provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica”.

El Inai también establece que con el decreto la autoridades demandadas “desbordaron sus facultades” pues invade la esfera de competencias de “este órgano constitucional autónomo, existiendo, un principio de afectación a la esfera de atribuciones conferidas a este Instituto por parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por ello, el Inai solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre si el decreto “realiza de forma explícita e implícita, una clasificación de la información anticipada y con ello vulnera la competencia del INAI”; así como si se encuentra debidamente motivado en la Constitución y si el acuerdo transgrede las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano y el incumplimiento a las mismas que deriva del esquema de autorizaciones provisionales.