Justicia reproductiva: Una gran deuda por saldar

Es indispensable que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en especial de aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad

Justicia reproductiva: Una gran deuda por saldar

Esta semana la Suprema Corte de Justicia ha refrendado la validez de la Norma Oficial Mexicana 46 que garantiza el acceso al aborto por violación en todas las instituciones de salud públicas y privadas del país. Esta norma mexicana prevé que si una niña necesita abortar en México, puede hacerlo en cualquier hospital sin la autorización de sus padres o tutores.

Nuestro máximo tribunal de justicia ha sostenido que el Estado no solo no debe obstaculizar, ni mucho menos criminalizar el aborto, sino que tiene la obligación de adoptar medidas que garanticen el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias, y con la prontitud que amerita tomar la decisión en este tipo de eventos.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que las leyes no se queden solo en papel y se lleven a la práctica. Sobre este tema, el pasado 25 de mayo tuve la oportunidad de participar en una reunión con congresistas de Estados Unidos sobre salud y derechos reproductivos de las mujeres en México. La información y experiencias que dentro de ese foro se compartieron son dolorosas y preocupantes.

En nuestro país la gran mayoría de las mujeres han visto afectados sus derechos sexuales y reproductivos, por mencionar algunos datos relevantes: 

El número de nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años se ha incrementado progresivamente desde 2003. Además, la tasa de embarazo adolescente coloca a México en primer lugar en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de los países de la OCDE, se estima que hay 400 mil embarazos de menores cada año. 

Niñas y mujeres se han visto  afectadas por un contexto grave de violencia sexual que se ha agravado desde las medidas de confinamiento por COVID19. Tan sólo en marzo de 2020 se registraron 115 mil 614 llamadas al 911 relacionadas con violencia hacia las mujeres. México ocupa el 1er lugar mundial en abuso sexual infantil, de acuerdo con la OCDE decir, que 1 de cada 3 niños o niñas en México sufre abuso sexual. 

A pesar de lo establecido en las leyes, siguen existiendo múltiples obstáculos de acceso a servicios como anticoncepción de emergencia y aborto; las mujeres que viven en países con leyes menos restrictivas, pueden acceder más temprano a procedimientos de interrupción del embarazo. Una vez que la mujer tomó la decisión, mientras más pronto se realice el procedimiento, es más seguro. TODAS las muertes por aborto inseguro son prevenibles.

Existe violencia obstétrica cotidiana durante el embarazo, parto y posparto, y mujeres que mueren en el parto por causas prevenibles, dejando familias atrás. Las cifras hablan por sí mismas, de las mujeres encuestadas en la ENDIREH cuyo parto fue cesárea, el 10% no fue informada de la razón para la cesárea y al 9.7% no le pidieron autorización para realizarla. Al 13.95% de las mujeres les colocaron algún método anticonceptivo o las operaron o esterilizaron de forma permanente sin su consentimiento.

La mayoría de las mujeres está empleada en el sector informal, lo que limita aún más su acceso a la seguridad social y prestaciones como licencias de maternidad y estancias infantiles. El 60% de las mujeres que trabajan en México no cuentan con acceso a instituciones de salud, ya sean públicas o privadas. 

En México la licencia de maternidad es de 84 días y la licencia de paternidad es de cinco días, de las más bajas de la OCDE. Resulta indispensable una licencia equitativa a fin de fomentar el equilibrio de cargas, además de visibilizar la importancia que tiene el trabajo del cuidado familiar, clave para cualquier sociedad, pero que no suele ser remunerado. 

Es indispensable que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en especial de aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad o que enfrentan múltiples formas de discriminación, como mujeres con discapacidad, trans, migrantes, refugiadas, desplazadas, indígenas y mujeres que viven en zonas rurales o asentamientos informales. 

Estas no son ideas radicales, son mínimos indispensables para construir un mundo igualitario y digno, un mundo que sabemos es todavía posible. ¿Qué hace falta para que las mujeres tengamos completa autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas? Sin justicia reproductiva y sin derecho a la salud para todas las mujeres una democracia más libre y justa no es posible.