La red política y criminal que asesinó a una periodista en Veracruz

Una investigación de ALIANZA DE MEDIOS MX ofrece, por primera vez, la trama que grupos políticos poderosos en el norte de Veracruz

La red política y criminal que asesinó a una periodista en Veracruz

Por Miguel Ángel León Carmona, Marcos Muedano e Ignacio Alzaga

El 21 de marzo de 2018 a las dos de la tarde, la periodista María Elena Ferral recibió una llamada de su colega Leobardo Vázquez Atzin, dueño del portal Enlace Informativo Regional. La voz al otro lado le dijo, casi sin respirar, que había recibido un mensaje por computadora que decía: “Te va a cargar la verga, marrano”.

Ferral le pidió unas horas a su amigo para juntar dos mil pesos y llevarlo desde el municipio de Gutiérrez Zamora hasta Xalapa, capital de Veracruz, para denunciar las amenazas y solicitar medidas cautelares para él. 

Pero no le dio tiempo. Seis horas después, a las ocho de la noche, Elena lo llamó para decirle que saldrían temprano al día siguiente; sin embargo, quien contestó fue su esposa. Ivonne atravesaba una crisis nerviosa: “Lo acaban de venir a matar”, gritó.

Segundos antes de esa llamada, Leobardo, de 48 años, fue asesinado frente a su familia mientras sazonaba cebollas en el patio de su vivienda, donde por las noches vendía tacos para ayudarse con los gastos familiares. 

“Me lo ganaron”, le dijo Ferral a otro compañero del gremio. A partir de ese momento emprendió una búsqueda con contactos de todo tipo, hasta que entregó a las autoridades nombres y apodos de los presuntos responsables. Sin miedo, señaló a cuatro hombres ligados al cártel de Los Zetas. Dos de ellos, (Abraham “N” y Wenceslao “N”), fueron detenidos e imputados por el crimen de Leobardo Vázquez entre 2018 y 2019. Otro fue asesinado y el cuarto permanece prófugo. 

La periodista simplemente resolvió el caso. Si algo había acumulado en 30 años de carrera, eran las mejores fuentes en todo el norte de Veracruz. Ferral conocía los abismos del poder en un territorio que abarca cuatro mil 300 kilómetros cuadrados y 20 municipios que, por su ubicación, concentran una compleja red de poder político y económico en la región Totonaca y parte de la Huasteca. Así ella se convirtió en objetivo para ser asesinada. 

REVELACIONES

El periodista Leobardo Vázquez no fue el único que buscó a María Elena cuando la muerte lo acechó. También lo hicieron políticos y líderes taxistas, quienes recurrieron a ella para contarle sobre las amenazas que habían recibido y los temores que enfrentaban ante la disputa por el poder. Todos los que la buscaron fueron asesinados.

Es por eso que sus columnas fueron documentando la violenta lucha por los intereses en juego en un territorio en el que por décadas caciques han concentrado y heredado cargos públicos a familiares, de acuerdo a la red de vínculos que, por primera vez, esta investigación de la ALIANZA DE MEDIOS MX pone en evidencia. 

Pero el poder político no fue lo único que Ferral exhibió. En esta zona de Veracruz, por la costa, atraviesa la carretera federal 180 que recorre seis estados del país y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Conecta el tránsito de insumos esenciales para el comercio, pero también es una ruta indispensable para la migración, trata de personas, tráfico de drogas y combustible robado, de acuerdo con informes oficiales.

El 12 de marzo de 2020, una columna que podría parecer como tantas otras, no lo fue, decidió su vida. En su sitio web Quinto Poder de Veracruz, bajo el título “Polaca Totonaca”, Elena advirtió que la lucha por el poder, esta vez, sería “encarnizada”. Y así fue, su crimen formó parte de esa disputa. 

ALIANZA DE MEDIOS MX investigó, en el último año, las posibles causas que provocaron el asesinato de Ferral, y una de las más fuertes hipótesis es que los grupos de poder de la región consideraban necesaria su muerte. 

En un hecho inédito, medios de todo el país se unen para dar a conocer el entramado de este caso que hasta ahora involucra directamente a por lo menos 11 personas, que integran una red en el norte de Veracruz, una parte de ellas de alto perfil político-económico, en el que al parecer están involucrados policías y reporteros como parte de la logística del crimen. 

A la fecha, seis personas fueron detenidas por el asesinato de Ferral, señalados como presuntos autores materiales. El resto —considerados autores intelectuales y cómplices—, están prófugos.

Sin embargo, las pesquisas y el cumplimento de las órdenes de captura se detuvieron. Una explicación podría encontrarse en que la responsable de investigar el crimen de Ferral, Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de investigaciones ministeriales), tuvo una relación política estrecha con el presunto artífice de todo: Camerino Basilio Picazo Pérez. Ambos son políticos emanados del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y demostraron su cercanía en eventos públicos documentados en este reportaje. 

Así, las predicciones de Ferral se cumplieron. Nueve políticos posiblemente ligados con el crimen, al frenarse las pesquisas, lograron competir en las pasadas elecciones del 6 de junio. Unos fueron derrotados en las urnas; pero otros, en cambio, se sumaron al proyecto de Morena a través de sus familiares y tomaron posesión como diputados locales y alcaldes, añejando cuatro años más el poder. 

El asesinato de la periodista, ocurrido el 30 de marzo de 2020 (antes de las elecciones en Veracruz), fue el número 24 de los 25 que se han cometido contra periodistas en Veracruz en los últimos diez años, en la entidad que es considerada la más peligrosa para la prensa en América Latina, según informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.

En este reportaje, para el que fueron entrevistados familiares de la columnista, investigadores del caso, abogados; se revisaron distintos documentos judiciales y se consultaron posturas de personas ligadas a la red de vínculos, se muestran los entresijos de un crimen que desafió al primer gobierno de izquierda en Veracruz, el de Cuitláhuac García Jiménez, quien prometió acabar con la impunidad en los crímenes contra reporteros en el estado.

EL INTERÉS OCULTO

El norte de Veracruz es una de las zonas más codiciadas en la entidad por sus riquezas, especialmente las del subsuelo. En Tuxpan (uno de los tres puertos en el estado), inicia la trayectoria del poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) Tuxpan-Azcapotzalco, uno de los más saqueados por huachicoleros en el país, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

El poliducto de Pemex abarca cinco municipios del norte: Tuxpan, Cazones de Herrera, Tihuatlán, Coatzintla y Poza Rica, donde el huachicol y otros delitos como los robos de vehículos, ganado, madera, secuestros y asesinatos, han permitido el asentamiento de por lo menos cuatro grupos de la delincuencia identificados por autoridades: Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Golfo, 35-Z y Grupo Sombra.

Pero la ruta de hidrocarburo en el norte también pasa por otros municipios donde este ilícito es altamente practicado: Papantla, Espinal, Coxquihui y Coyutla, ciudades que conforman una importante región: La Totonaca, que se prolonga en su parte sur hasta Gutiérrez Zamora. 

En esa región Totonaca, Papantla despierta el mayor interés político y económico, por ser el municipio más grande del norte veracruzano, con 160 comunidades. Es reconocida por su alta producción de naranjas, limones, vainilla, café, tabaco y ganado de engorda. Pero también es una muestra de que el poder se hereda. Dos integrantes de una misma familia, Los Romero, gobernaron Papantla los últimos seis años (2014-2021). El perredista Mariano Romero González, sucedió en 2018 a su tío, Marcos Romero Sánchez. 

Marcos Romero es un personaje clave ligado al grupo político denominado Totonacapan, organización a la que Elena Ferral siguió la pista hasta su muerte, y acusó de cometer una serie de asesinatos en el municipio vecino de Gutiérrez Zamora (donde ella nació) para ampliar sus dominios en ese feudo veracruzano.

El líder del Grupo Totonacapan, expuso Ferral en sus columnas, es Basilio Picazo, exdiputado de Papantla, exalcalde de Coyutla y desde 2019 prófugo de la justicia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista. Se trata de un personaje que ha ostentado el poder en los últimos 15 años, quien de acuerdo a testimonios expresó su repudio hacia Ferral, y mantiene una influencia política sobre quienes ahora lo investigan.

EL GRUPO TOTONACAPAN 

Elena Ferral se refería en sus columnas al Grupo Totonacapan como los dueños del poder en Papantla y sus alrededores durante las últimas dos décadas. Y no mentía. Dos hombres figuran como pilares de esta organización: Basilio Picazo y Rómulo Salazar Macías (fallecido en octubre de 2021). 

Picazo fue 2 veces presidente de la Asociación Ganadera de Coyutla, la última hasta antes de que se fugara. También fue alcalde de ese municipio de 2001 a 2004; funcionario en el gobierno del priista Javier Duarte, y diputado por Papantla entre 2016 y 2018. 

Los señalamientos de corrupción y abuso de poder contra Basilio se dieron desde los primeros meses de su administración como alcalde de Coyutla. 

En 2004, el entonces síndico Miguel Alonso Vázquez y la regidora Hortensia Escudero, acusaron a Picazo por desvíos de recursos ante el Congreso de Veracruz y el Órgano de Fiscalización estatal. Ambos solicitaron la desaparición de poderes en Coyutla; sin embargo, no pasó nada y concluyó su cuatrienio, heredándoselo a su hermano Benito Picazo, otro integrante del Grupo Totonacapan.

El 24 de abril de 2005, Miguel Alonso Vázquez ratificó su denuncia por corrupción contra Picazo. Trece días después, el exsíndico fue asesinado frente a su hijo de nueve años en la comunidad de San Andresito, Coyutla. Días antes del atentado, el político buscó a Elena Ferral para revelarle un dato: Había recibido amenazas de Picazo. “A mi mamá el síndico le declaró (en entrevista) que Basilio con un arma le dijo que lo iba a matar. A los pocos días lo matan”, contó Fernanda Ferral, hija de la periodista.

Por el crimen del exsíndico Vázquez fueron detenidos en julio de 2005 dos autores materiales: Vicente Rodríguez Lazcano y Rodolfo Carballo Rivera. Uno de ellos declaró haber recibido 70 mil pesos de Picazo, según consta en la causa penal 116/2005. La autoridad giró la orden de aprehensión 116-2205 contra el exalcalde por su probable autoría intelectual pero nunca fue detenido.

Ferral entregó la grabación de su entrevista con Alonso Vázquez a las autoridades que investigaban el crimen. Días después, hombres desconocidos dispararon contra ella afuera de su casa, hiriéndola en una pierna. “Por miedo no denunció”, aseguró su hija.

Dos exprocuradores de justicia de Veracruz -el hoy notario Emeterio López Márquez y Salvador Mikel Rivera (fallecido en 2015)- no lograron capturar a Basilio. Pero, además, en febrero de 2009, Salvador Mikel solicitó a un juez de Papantla la revocación de la orden de aprehensión girada contra Picazo y dio por concluidas las pesquisas. Fue el exgobernador, Fidel Herrera Beltrán, quien declaró que el crimen del exsíndico había sido esclarecido. 

El entonces diputado y presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, Sergio Vaca Betancourt, pidió la renuncia del procurador Mikel Rivera y advirtió “intereses oscuros y políticos en favor del cacique de Coyutla". ALIANZA DE MEDIOS MX solicitó una postura al exprocurador Emeterio López, sobre la razón que impidió la detención de Basilio, sin embargo no hubo respuesta. 

En cuanto a Rómulo Salazar, considerado otro de los líderes del Grupo Totonacapan, fue candidato a alcalde de Papantla por el PRI y diputado federal. Y también fue señalado por Ferral de un ataque en su contra en 2012. Aquella ocasión, hombres dispararon contra ella y su familia en una carretera de Papantla; la periodista impactó su carro contra un tráiler y sufrió diversas lesiones. Sus agresores, dijo entonces, huyeron.

Impunes, Rómulo Salazar y Basilio Picazo continuaron acumulando poder en la región Totonaca. Aunque no aparecían en boletas electorales o cargos públicos, sí lo hicieron sus hijos, sobrinas y hermanos. En 2015, por ejemplo, impusieron a dos mujeres como candidatas a la diputación federal por Papantla: Por el PRI, María Luisa Picazo (hermana de Basilio y Benito Picazo), compartió fórmula con Erika Romero Copca, y por el PRD Heidi Salazar (hija de Rómulo Salazar). 

PARTE II

LA FISCAL AMIGA

En 2016, María Elena Ferral denunció penalmente a Basilio Picazo, entonces candidato a la diputación local por Papantla, a propuesta de la Confederación Nacional Campesina (CNC), entonces una agrupación muy poderosa en Veracruz. La periodista lo señaló de sostener frente a reporteros que a ella “le quedaban pocos días de vida” y eso empañaba su campaña. 

Así que funcionarios del gobierno de Duarte presionaron por teléfono a la periodista para que desistiera de sus acusaciones, relató su hija Fernanda Ferral; aunque ella dejó de hacerlo públicamente, no retiró su querella. Basilio, no obstante, ganó en las urnas.   

Picazo coincidió y mantuvo amistad con la hoy fiscal Marcela Aguilera, quien fungió durante años como secretaria de la CNC de Veracruz, cargo ubicado sólo por debajo del entonces presidente, Juan Carlos Molina, asesinado en 2019. Aguilera fue también diputada por Cosamaloapan, una región del sur de Veracruz, entre 2014 y 2016, y al igual que Picazo, su candidatura fue propuesta por la CNC. 

El 16 de marzo de 2016, en el último año como legisladora, Aguilera acompañó a Basilio a inscribirse por la diputación de Papantla. Ambos fueron retratados en las instalaciones del PRI estatal, en Xalapa. Ella vestía una camisa roja y levantaba el pulgar en señal de victoria, mientras Basilio la sujetaba del hombro. A ese evento también asistió la esposa de Picazo, Dolores Gutiérrez. 

Cuatro años después, Aguilera fue designada fiscal de investigaciones ministeriales por la Fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, quien ha reconocido públicamente su amistad con ella. Aguilera es la responsable directa de investigar y capturar a Picazo por el crimen contra Ferral. ALIANZA DE MEDIOS MX solicitó una entrevista con la funcionaria para que aclarara su cercanía con Picazo, pero no hubo respuesta. 

EL CANJE DE CAMISETAS

Después de una hegemonía de 70 años del PRI en Veracruz, en 2016 llegó el PAN al poder con el triunfo del expriista, Miguel Ángel Yunes Linares. Bastaron unos meses para que Picazo renunciara al grupo parlamentario del PRI y se adhirió al PAN, pero, no obstante, mantuvo su estrecha relación con el priismo, prueba de ello fue que consiguió una nueva candidatura por la alcaldía de Coyutla, que quedó en manos de su sobrino, Antonio Picazo Gutiérrez, quien ganó. 

Dos años después, en 2018, otro integrante de esa familia buscó un nuevo cargo: Benito Picazo -padre del exalcalde de Coyutla entre 2018 y 2021-. Benito compartió fórmula para la diputación plurinominal federal por Papantla, como suplente de Marcos Romero. Sin embargo, los bajos números del PRD no permitieron que esa dupla alcanzara una curul. 

La historia de Marcos Romero es similar a la de sus aliados del Totonacapan. En 2018 impulsó la campaña de su sobrino, Mariano Romero, quien obtuvo el triunfo por la coalición PAN-PRD.  

Dos episodios muy importantes, que dibujan la posible relación entre política y crimen, ocurrieron en 2016. Durante el gobierno de Marcos Romero, el 19 de marzo tres jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Papantla y entregados a Los Zetas. Las víctimas fueron: Luis Humberto Morales, Alberto Uriel Pérez y Jesús Alan Ticante, de 18, 19 y 24 años, respectivamente. Fueron detenidos ocho policías y el gobierno de Papantla debió ofrecer una disculpa pública aceptando la responsabilidad de sus elementos.

Con base en la averiguación previa, los jóvenes fueron asesinados por Mario Ángeles Sosa, alias “El Bolas”, presunto jefe de Los Zetas en Papantla, y por otro hombre apodado “Paco El Lavador’”, ambos fallecidos en un aparente enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), el 9 de abril de 2017. 

Sin embargo, Mario Ángeles Sosa fue beneficiado en 2016 por Marcos Romero con la enajenación de dos terrenos de 120 metros cuadrados, uno a favor de él y el otro de su hermano, Timoteo Ángeles Sosa. A petición del cabildo de Papantla, “El Bolas” pagó 3 mil 960 pesos por el predio ubicado en la colonia Unidad y Trabajo. 

“El Bolas”, Timoteo y el padre de ambos, Gabino Ángeles García, prestaron sus servicios en la policía de Papantla. 

El segundo de estos episodios se dio cuando Marcos Romero figuró en un video difundido en redes el 4 de octubre de 2017, en el que presuntos integrantes de Los Zetas advirtieron que regresaban a Papantla para tomar el control, y lo señalaron de haber tenido “línea de trabajo” con “El 512”. 

“Nosotros limpiaremos el mugrero. No habrá tolerancia (…) Manténganse pendiente a la línea de teléfono que nos proporcionó, a la brevedad nos comunicaremos con usted. Me despido recordándole que Papantla es territorio Zeta”, se dirigió al entonces edil, un sujeto apodado “Comandante Sierra”. 

ALIANZA DE MEDIOS MX buscó una postura de Marcos Romero sobre la enajenación de los terrenos en favor de los hermanos Ángeles Sosa y los señalamientos de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, pero no hubo respuesta. 

Esto no pasó desapercibido por el nuevo gobierno panista. La familia Romero fue investigada por presuntos nexos con la delincuencia en la administración de Miguel Ángel Yunes. Por ejemplo, documentos de la SSP ubicaron a Ricardo Romero, hermano de Marcos, como prestanombre de Crisanto García, quien fue subjefe de Logística del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Enrique Peña Nieto.  

Crisanto García fue denunciado ante la extinta PGR, por recibir un soborno de la empresa Bizjet International Sales and Support, por 2 mil millones de pesos, para así ganar contratos en México y Panamá entre 2004 y 2010. En diciembre de 2014, el entonces diputado federal Ricardo Monreal solicitó la separación de García de su cargo, mediante la presentación de un punto de acuerdo y advirtió sobre un lazo familiar con los Romero:

“La influencia del general Crisanto García ha permitido que familiares suyos se encumbren en otros cargos, incluso de elección popular. Se sabe que su familiar Marcos Romero conquistó la presidencia municipal de Papantla, mediante la presión a diversos grupos, a quienes les sugerían votar por él, ya que contaba con el respaldo del Ejército”. 

Con estos antecedentes de Marcos Romero, Rómulo Salazar y Basilio Picazo, Elena Ferral advirtió que sus ambiciones políticas no se detendrían y para 2021 planeaban extender su poder, escribió en su columna. No se equivocó. Y es que, en esa elección, en Veracruz se renovaron 212 alcaldías, 30 diputaciones locales y 30 federales. 

CONSOLIDACIÓN DEL PODER

Esta vez el Grupo Totonacapan no sólo pelearía por Papantla, sino que se extendería desde la costa hasta la sierra Totonaca. En Papantla, expuso Ferral en sus columnas, Basilio Picazo apoyaría la candidatura de Octavio Tremari Gaya, quien incluiría en su planilla como síndica a su esposa, María Dolores Gutiérrez. En Tecolutla, Marcos Romero realizaba eventos políticos, debido a que buscaría la candidatura por la alcaldía, relató la periodista. 

Pero había un municipio donde el Grupo Totonacapan no poseía el dominio absoluto: Gutiérrez Zamora. Allí, la lucha por el poder mutó en una pugna sanguinaria que vivió sus peores momentos durante 52 días. Entre enero y mayo de 2020 sólo ocurrieron tres asesinatos en este poblado de 25 mil habitantes. Las tres víctimas eran políticos o líderes regionales que hicieron públicas sus aspiraciones por la alcaldía de Gutiérrez Zamora o que respaldarían algún proyecto político opuesto al del Totonacapan, con todo el peso de sus agremiados. 

En ese municipio el contrapeso del Grupo Totonacapan era visible y liderado por el exalcalde Wilman Monje, junto a él se hizo ver Elena Ferral en mítines y sostuvo convenios publicitarios para destacar las acciones de su gobierno (2018-2021).

Este grupo también tenía un contrapeso en el resto de la región Totonaca, integrado por políticos de Morena y el Partido Verde Ecologista. Este contrapeso era liderado por el exdiputado local morenista de Papantla, Eric Domínguez Vázquez, cercano al actual secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. El diputado suplente de Domínguez era Daniel Pérez Pacheco, quien lideró la organización llamada “Hermandad de la Sierra”, con presencia en la Sierra del Totonacapan, principalmente en el municipio de Coxquihui. Pérez Pacheco era el segundo al mando de esa hermandad, bajo las órdenes de otro personaje rival del Grupo Totonacapan, Reveriano Pérez Pacheco, cacique y exalcalde de Coxquihui.

Reveriano Pérez, a quien se le conoce como “El Pelón”, fue encarcelado por varios delitos del fuero común el 10 de mayo de 2019. Su aprehensión fue impulsada por el exfiscal general Jorge Winckler, ligado al grupo político de Yunes Linares, y quien hoy es prófugo de la justicia.

El 15 de julio de 2018, el gobierno de Yunes ofreció una recompensa de 1 millón de pesos por Reveriano Pérez, a quien refirió como jefe de la banda “Los Pelones”, dedicada al robo de combustible. La recompensa por Reveriano fue anunciada a 18 días de que el PAN fuera derrotado en Veracruz, donde el candidato a la gubernatura por la coalición PAN-PRD fue Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del entonces gobernador. 

Antes del anuncio de la recompensa, Reveriano ya era buscado con una orden de aprehensión en la sierra del Totonacapan. Ello, al mismo tiempo que figuraba en eventos públicos para pedir a sus agremiados el voto por Morena y sus aliados en las elecciones del 1 de julio de 2018. 

Si bien, Reveriano fue detenido el 10 de mayo de 2019, apenas duró siete días en prisión, luego de que un juez sorpresivamente decidiera no vincularlo a proceso por los delitos que le imputó la Fiscalía de Jorge Winckler. Esto, ya cuando Morena gobernaba Veracruz.

Reveriano fue amigo de Ferral y lo acompañó cuando fue liberado del penal de Papantla. Además, la periodista reconoció que colaboró con su organización como vocera.

PARTE III 

CUANDO SE DECIDIÓ MATAR A FERRAL 

Migue Ángel León Carmona

Ferral explicó en su columna “Polaca Totonaca” por qué meses antes de definirse las candidaturas de cara a 2021 en esa región fueron asesinadas tres personas, dos de ellas, potenciales aspirantes a la alcaldía de Gutiérrez Zamora. Las víctimas fueron: Alberto René Cancino Álvarez, Martín Villanueva Malpica y José Ramón Pérez Cano. 

La periodista atribuyó estas muertes al Grupo Totonacapan. “Esto que se observa es apenas el comienzo de la lucha por el poder, de aquellos caciques que no se detienen ante nada, ni ante nadie”, escribió.  

A diferencia del pasado, Ferral ya no sólo escribiría de las elecciones en cada una de sus columnas, sino que sería protagonista. Había aceptado ser candidata a gobernar este municipio donde nació en 1968. Así que toda la información acumulada y su influencia en los diferentes círculos la convirtieron en un adversario de alto riesgo para los políticos que aspiraban a gobernar Gutiérrez Zamora, pero también otros municipios del Totonacapan.

El análisis que apareció en sus columnas los últimos meses antes de su muerte, volvió a ser un presagio, pero esta vez de la suya. El 12 de marzo de 2020 la periodista escribió: “En este nuevo escenario político, la lucha por el poder será encarnizada (…) y sin lugar a dudas habrá más crímenes políticos en esta región”.

Tres días después de la publicación, el 15 de marzo, Basilio Picazo compartió en su Facebook un post de María del Carmen Álvarez Santiago, quien escribió: “Ella es María Elena #Fecal, perdón, María Elena Ferral”. 

Álvarez fue titular del Instituto Municipal de la Mujer en Coyutla, en el gobierno del sobrino de Basilio. Funcionarios de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) sostuvieron a ALIANZA DE MEDIOS MX que Ferral documentó y reportó cómo la funcionaria emprendió una campaña de desprestigio en su contra. 

El mismo 15 de marzo de 2020, María del Carmen Álvarez se refirió a Ferral como “Hija de perra”. Picazo respaldó el post con un “Me gusta”. El 17 de marzo ambas discutieron en la red social y, además de intercambiar descalificaciones, advirtieron con denunciarse. 

Catorce días después Elena fue interceptada y asesinada por dos hombres frente a una notaría de Papantla, de la cual fue titular Donaciano Cobos Nava (fallecido en octubre d 2021), padre de Donaciano Cobos Gutiérrez, quien meses más tarde estuvo frente del grupo de activismo político del Partido Verde en esa ciudad. 

Ferral recibió tres impactos de bala que perforaron su hígado y pulmones. Murió después de horas de agonía en el hospital regional de Poza Rica. María del Carmen Álvarez compartió la transmisión en vivo del crimen y dos días después, el 1 de abril, consignó en su red social: “Ni modo”. ALIANZA DE MEDIOS MX buscó a María del Carmen Álvarez para conocer las razones de su repudio a Ferral pero no respondió. 

LOS 52 DÍAS

El 7 de mayo de 2020, Verónica Hernández, fiscal general de Veracruz, confirmó que fueron giradas órdenes de aprehensión contra 11 personas presuntamente involucradas con el crimen de Ferral. Uno de ellos, Basilio Picazo, como autor intelectual del crimen. 

Ferral, dijo entonces, fue asesinada “por su labor periodística”. Seis hombres ya fueron detenidos, entre ellos un reportero, José “N”, quien fue señalado por facilitar información a un grupo criminal que asesinó a la periodista.

A lo largo de 52 días, cinco personas fueron asesinadas en Zamora y Papantla. Dos líderes taxistas, con un poder importante en la zona y tres aspirantes a la alcaldía zamoreña, incluida la propia María Elena.  

El primer hecho fue el asesinato del líder taxista Carlos de Jesús Sánchez, le confirmaron a Ferral sus fuentes. Después de este ocurrieron los de Alberto Cancino, Martín Villanueva, José Ramón Pérez Cano y por último el suyo. Estos cinco crímenes son investigados por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, a cargo de Marcela Aguilera Landeta. Ninguno ha sido esclarecido. La funcionaria tampoco aceptó informar sobre estos crímenes para ALIANZA DE MEDIOS MX.  

El 6 de febrero de 2020, Carlos de Jesús Sánchez, representante de la Unión de Taxistas del Estado de Veracruz (UTEV) fue privado de su libertad y luego encontrado sin vida, semidesnudo y con un disparo en la cabeza, en una playa de Tecolutla, municipio conurbado a Gutiérrez Zamora. 

La razón de su crimen, escribió Ferral, fue que el 16 de octubre de 2019, De Jesús Sánchez y Martín Villanueva —quien tenía un cargo mayor en la UTEV—, hicieron público su respaldo político a Ramón Pérez Cano, entonces dirigente municipal del PVEM y virtual candidato a la alcaldía en Zamora. 

Otro joven que también se promovía como candidato a alcalde de Zamora por Movimiento Ciudadano (MC), era René Cancino, secretario particular del exalcalde Wilman Monje, quien llegó al poder por el mismo partido. Cancino también era sobrino político de Elena Ferral. 

La noche del 19 de febrero de 2020, Cancino con 27 años de edad, fue baleado en la entrada de su domicilio. Minutos más tarde falleció en la clínica San Lucas, en Zamora. Sólo dos días después, el 21 de febrero, Martín Villanueva –líder del PVEM–, fue plagiado y posteriormente encontrado sin vida con disparos en el pecho en un vehículo abandonado en la colonia Lomas de Plata, en Papantla. 

“Un regidor le dijo a Villanueva que las dos organizaciones de taxis que representaba (UTEV y CODI), tenían que alinearse a otro grupo de taxistas (Juntos por la Sierra, que encabeza Basilio Picazo)”, detalló una fuente que participa en la investigación del caso Ferral. 

Villanueva fue otra de las personas que llamó a Ferral ante la sospecha de que estaba en riesgo. Cinco días antes de su muerte la citó en su domicilio de Papantla. Le contó que había recibido una amenaza de muerte del regidor de ese municipio, Efraín Rivera Hernández, del Grupo Totonacapan.

De acuerdo con las columnas de Ferral, Picazo ya operaba en Papantla —donde apoyaría la campaña de Octavio Tremari—. Había conseguido el respaldo de casi todas las agrupaciones de ruleteros, salvo las dos que representaba Villanueva y una tercera liderada por Reveriano Pérez, “El Pelón”. Eran tres grupos de taxistas contra Basilio y, en consecuencia, adheridos a los proyectos de Morena y el PVEM.  

El 25 de febrero, Ferral asistió a una junta de seguridad en Papantla donde habló con el gobernador Cuitláhuac García. Allí, le advirtió al mandatario de los tres crímenes que ya sumaban hasta entonces, y al igual que en la columna que pronto escribiría, ligó lo ocurrido al Grupo Totonacapan. Ahí mismo, la periodista confesó al mandatario estatal su intención de contender por Gutiérrez Zamora. 

La mañana del 5 de marzo de 2020 fue asesinado el dirigente del PVEM, José Ramón Pérez Cano, en un taller mecánico de Zamora. 

OPERACIÓN DE UN CRIMEN

El asesinato de Elena Ferral quedó registrado en la grabación de un comercio de Papantla. Allí también fueron captados los rostros de dos testigos presenciales. Uno de ellos, Emmanuel Marut Sangreal, conversó por varios minutos con ella hasta que dos motociclistas la atacaron a quemarropa. 

Emmanuel Marut aparentemente se careó con los dos asesinos; luego subió del lado del copiloto a un vehículo Jetta y se marchó del lugar, sin ayudar a la periodista o avisar a sus familiares, a quienes conocía. Este personaje, que prácticamente huyó, le ofreció a la periodista contender por Zamora por el PRI, siempre y cuando él fuera incluido como regidor primero en su planilla. 

Toda esta escena marcó el comienzo de una investigación que terminó por revelar nexos de 11 presuntos implicados con el Grupo Totonacapan, pero también la forma en que cada uno habría participado en el crimen de Ferral. 

Emmanuel Marut fue contactado por ALIANZA DE MEDIOS MX, quien dijo: “No podría abordar mucho sobre el tema. He sido muy respetuoso y lo que me correspondía colaborar con la fiscalía lo hice hace tiempo y forma, como me fue requerido para atestiguar… Elenita fue una gran mujer que admiraba y agradezco que siempre me apoyó con sus medios. Mi respeto siempre para los medios de comunicación, eso siempre lo he tenido presente, más en la época que estuve de político. Ahorita ya me retiré de temas de esa índole”. 

Uno de los sospechosos, quien aún no ha sido imputado por este asesinato, pero es investigado por la SSP, es Pedro Martínez Castillo, exdelegado de la Fuerza Civil en Papantla con el distintivo “Apolo”. Él, -confirmaron familiares de Ferral-, sostuvo una relación sentimental con la periodista, quien le envió su ubicación en tiempo real y avisó que realizaría una diligencia en la notaría de Papantla donde fue acribillada, de acuerdo con una declaración rendida el 6 de abril de 2020, carpeta de investigación 016/PC/2020. ALIANZA DE MEDIOS MX solicitó una entrevista con el titular de la SSP Veracruz, Hugo Martínez Maldonado, pero la solicitud no fue atentida. 

Martínez Castillo fue designado como delegado de la Fuerza Civil de la Región Cuarta en octubre de 2019. “En el mes de noviembre del mismo año Elena Ferral le andaba pegando a la Fuerza Civil (publicando notas contra la corporación) y un conocido me recomendó conocerla, (me dijo) que ella era la que controlaba a todos los periodistas de Papantla y ya, que estuviera tranquilo. Quien me la recomendó se llamó Martín, quien ya está muerto y era representante de los taxis de la asociación UTEV”, declaró el mando policial.

La persona que contó a Apolo sobre Ferral fue Martín Villanueva. “Apolo” agregó que días más tarde se reunió en su oficina con Ferral y Villanueva y acordaron trabajar en coordinación. Para diciembre de 2019, agregó, él y Elena iniciaron una relación sentimental.

“Desde que la conocí ella me empezó a poner los asuntos de objetivos, refiriéndome a malandros o malos y se solucionaron varios casos como son homicidios, tal es el caso del ‘Mo’, quien está detenido en el Cereso de Papantla”, declaró. 

Fernanda Ferral se refirió a la relación de su madre con el delegado de la Fuerza Civil como riesgosa, debido a los casos que la periodista investigaba por su cuenta y porque, a pesar de que Ferral le confió a Apolo sus problemas con el Grupo Totonacapan, especialmente con Picazo, ellos se reunieron de manera privada, algo que el funcionario reconoció en su declaración. 

Primero, dijo, Basilio se presentó en su oficina para solicitarle vigilancia en uno de sus ranchos donde había reportes de robo de ganado. En esa ocasión Basilio, contaron fuentes policiales, le regaló a “Apolo” un guiso de tusa, conocido en la región como “toche”, una especie mamífera exótica. 

“Elena mencionaba que con Basilio tenía problemas y que la quisieron matar; y señalaba a Basilio y decía que eran asesinos, que eran malos. Por eso no le hice mucho caso cuando me fue a visitar”, declaró Martínez Castillo. Ante la pregunta del ministerio público. —¿Lo investigó? — contestó: “No, porque ella me decía que la había mandado a tumbar y ya no le moví”. 

Pese a este señalamiento, Martínez reconoció que el 2 de marzo de 2020 (28 días antes del asesinato de Ferral) estuvo presente en Coyutla, cuando Picazo fue nombrado presidente de la Asociación Ganadera. El policía fue parte de la mesa de honor donde también estuvo presente el entonces alcalde Antonio Picazo. 

El día que Ferral fue asesinada, declaró “Apolo”, ella le avisó que acudiría a la notaría de Papantla, porque el también notario Donaciano Cobos (hijo) le había pedido que controlara a dos reporteros, “el de la Opinión de Poza Rica (José “N”) y el gordo que yo identifico como Olmedo”. Elena, como solía hacerlo, envió su ubicación al delegado vía WhatsApp. 

“También me comentó que ya la habían puesto con los del Cártel de Jalisco Nueva Generación, por una moto que mi gente había detenido en días anteriores, a lo que le dije que donde estaban para ir a ponerles en su madre y me dijo ‘al rato te platico’”. Minutos más tarde fue acribillada.

La hija de la periodista cuestionó la manera en que “Apolo” justificó llegar media hora después al lugar donde mataron a Ferral. “Él dijo que en esa ocasión conducía la patrulla, algo que nunca solía hacer. Además, del lugar donde él estaba a donde mataron a mi mamá pudo recorrerlo, sin problemas, en 10 minutos. Pero no fue así, tardó más de 30”, aseveró Fernanda Ferral.

Martínez Castillo contó que al llegar a la escena del crimen solicitó cámaras de seguridad en un negocio de la zona y tras identificar a los dos testigos presenciales los siguió hasta Gutiérrez Zamora. Dijo que detuvo a uno de los testigos, Guillermina Arbona Pérez, pero tras una llamada con su superior y “descuidos de los policías a su cargo”, la mujer ingresó a su vivienda y no pudo consignarla ante un juez por no contar con una orden de aprehensión. 

Guillermina Arbona, quien conducía el Jetta que abordó su amigo Emmanuel Marut, es hermana de Daniel Arbona, abogado zamoreño. Guillermina publicó en sus redes un video en el que señalaba a la Fuerza Civil de haberla privado de libertad, al igual que a Daniel Arbona. Ambos fueron liberados momentos después.  

En el video, Guillermina asegura que su único error fue haber estado en la hora y el lugar equivocados. “Sucedió un hecho lamentable, estoy en contra de todo lo que hayan hecho. Soy una persona inocente (…) Inclusive regresé a ayudar a Elena Ferral”, escribió. Pero esa supuesta ayuda nunca quedó grabada en las cámaras de seguridad. 

La familia Arbona tiene relación con la administración estatal. Existe una fotografía de Daniel Arbona y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, tomada en Zamora el 25 de febrero de 2020, justo en la entrada de la vivienda del abogado.

Otra persona clave en la investigación, que no ha sido capturado, es Ernesto Zavala. Él era el dueño de una motocicleta Cargo Honda, que elementos de la Fuerza Civil aseguraron por contar con reporte de robo el 27 de marzo de 2020 (tres días antes del asesinato de Ferral.

Ese mismo día, contó Fernanda Ferral, su madre recibió una llamada de Zavala para pedirle que intercediera por él y así el vehículo le fuera devuelto por la autoridad. Ella se negó. 

Ernesto “Neto” Zavala también tiene relación con otra moto marca Cargo que fue empleada para asesinar a Ferral. Ese vehículo, confirmaron fuentes ministeriales, estaba a nombre de Lucía Pérez Cano, su esposa, quien además era hermana de José Pérez Cano (asesinado en Zamora en marzo de 2020).

Lucía Pérez y Ernesto Zavala son dueños de las tortillerías “Lucy”, negocio ubicado en Papantla. El propio comandante “Apolo” advirtió en su declaración que “las motocicletas de la Tortillería Lucy las paraban sus elementos porque había menciones anónimas de que ellos distribuían droga en esos vehículos”. 

Otra persona que trabajó en la tortillería Lucy fue Otoniel “N”, alias “El Loco”, detenido por el asesinato de la periodista. Presuntamente él manejaba la moto Cargo que fue usada para cometer el crimen de la reportera. La persona que acompañaba a Othoniel “N” y que habría disparado un arma calibre 45, es Carlos “N”. Autoridades estatales lo relacionan con el asesinato de cinco personas (integrantes de una familia) acribillados el 3 de abril de 2020 en Papantla, sólo cinco días después del asesinato de Ferral. 

Por la muerte de Ferral, Carlos “N” también fue capturado en un operativo en Poza Rica, el 27 de abril de 2020. Junto a esta persona fueron detenidos: Alfredo “N”, alias “El Fello”, Nicasio “N” y Luis “N”, alias “El Coco”. 

Una persona importante en la investigación, también prófugo, es Jaime Núñez Aróstegui, alias “El ingeniero”, quien, revelaron fuentes policiales, sería el dueño del arma que accionaron contra Ferral y es líder de un grupo de asaltantes y sicarios en esa región; además trabajó en el Ayuntamiento de Papantla en la dirección de Obras Públicas, en el gobierno de Mariano Romero.

La lista de prófugos la completa Luis Ángel “N”, alias “La Wicha”. Luis Ángel también es integrante del grupo presuntamente liderado por Jaime Núñez y está relacionado al multihomicidio de la familia en Papantla, del 3 de abril de 2020. 

A estos nombres se suma el de Efraín Rivera, exregidor séptimo en Papantla. Él es un líder taxista que pertenece al grupo político de Picazo, quien impulsó su carrera. Rivera dirigió la comisión de Tránsito y Vialidad y fue detenido en flagrancia el 25 de abril de 2020 por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. 

Un año después, el 15 de mayo de 2021, a Rivera le fue ejecutada una orden de aprehensión por el asesinato de Ferral cuando salía del penal federal de Villa Aldama. Esta acción fue gracias a la presión de Fernanda Ferral, quien no ha dejado de pedir justicia por su madre. 

Después de más de 35 años de ejercicio periodístico, a sus casi 52 años, María Elena Ferral no tenía casa propia y era común que el dinero escaseara. Soñaba con comprar una casa junto al río Tecolutla, pero eso sólo podría ocurrir después de que su hija Fernanda, de 25 años, se graduara como abogada, y su pequeño hijo Luis como médico. Pero ahora está muerta.

ANEXO

LAS PREDICCIONES CUMPLIDAS

Lo predicho por María Elena Ferral en sus columnas terminó por cumplirse. A más de un año de su asesinato, y con los presuntos autores intelectuales libres, nueve políticos ligados a la red de vínculos salieron del anonimato y no sólo eso, compitieron en 2021 por alcaldías, diputaciones locales y federales.

De Basilio Picazo nadie sabe. Pero su hermano, Benito Picazo, encontró alojamiento en Movimiento Ciudadano. Fue candidato a la alcaldía y ganó. El 1 de enero de 2022 sucedió a su hijo, Antonio. La dinastía acumulará cinco administraciones en 24 años, de los cuales 19 han sido controladas totalmente por el clan. En la administración de Benito Picazo, María del Carmen Álvarez Santiago fue nombrada directora de la lengua Tutunaku. 

Los presagios de la periodista sobre la familia Romero fueron sorprendentes. Marcos Romero contendió por la alcaldía de Tecolutla como abanderado del PRD. El cacique fue desplazado hasta el tercer lugar. La ganadora fue Gabriela Valdez Santes, de la coalición Juntos Haremos Historia. 

Pero no todo fue adverso para esta dinastía. La hija de Marcos Romero, Perla Romero, obtuvo una diputación local por el PRD, por la vía plurinominal. La sorpresa llegó tres días después de que ella tomó protesta, el ocho de noviembre de 2021, cuando anunció que abandonaba la fracción perredista para sumarse a la de Morena. El anuncio lo presumió el líder de esa bancada, Juan Javier Gómez Cazarín. Desde entonces, Perla Romero se ha reunido con funcionarios del gabinete de Cuitláhuac García; el 17 de enero lo hizo con la secretaria del Trabajo, Dorheny Cayetano. 

Mariano Romero, el sobrino, solicitó licencia como alcalde de Papantla en febrero de 2021 para contender, como adelantó Ferral, por la diputación federal por la alianza PAN-PRI-PRD. Los resultados tampoco le favorecieron, pues el ganador fue Jaime Huberto Pérez Bernabé, de Morena. 

Mariano, paradójicamente, contendió en ese distrito contra Fernanda Ferral, hija de María Elena y candidata del Partido Verde, y contra Blanca Ninfa Cruz Nájera, candidata de Redes Sociales Progresistas, pero también madre de Alberto Uriel Pérez Cruz, uno de los tres jóvenes que la policía de Papantla (cuando Marcos Romero era el alcalde), desapareció en marzo de 2016. 

En Papantla ocurrió otra anécdota. Octavio Tremari Gaya solicitó licencia como secretario de ese ayuntamiento y fue el candidato de la alianza PAN-PRD-PRI. Perdió contra el candidato de Juntos Haremos Historia, Eric Domínguez, exdiputado local por Morena que encabezó el grupo opositor al Totonacapan y tomó protesta el pasado 1 de enero. 

En Tecolutla, el exalcalde Juan Ángel Espejo Maldonado, aliado de los Romero, se inscribió como candidato a la diputación federal por Martínez de la Torre; esta vez no como abanderado de MC, sino de la alianza PAN-PRI-PRD. El triunfo fue para Morena y Mónica Herrera Villavicencio. Se trató de un triunfo holgado, donde el partido en el gobierno pudo ganar sin necesidad de aliados. 

En Gutiérrez Zamora, se inscribió como candidata a alcaldesa por MC, Teresa Álvarez, madre de Alberto René Cancino, uno de los cinco asesinados en los 52 días violentos en esa región. Ferral dijo que René Cancino sería el abanderado de MC por ser afín al actual alcalde William Monje. El triunfo fue para la alianza Juntos Haremos Historia, con una ventaja de dos a uno. 

En Coxquihui las cosas tampoco cambiaron. Allí contendieron dos integrantes de la familia de Reveriano Pérez, “El Pelón”: su esposa, Claudia León Mejía por Juntos Haremos Historia y su hermano, Fernando Pérez Vega. El triunfo fue para el hermano, candidato de Fuerza por México. La contienda fue una de las más violentas en Veracruz, marcada por robo de urnas y balaceras. Fue necesario que las casillas fueran trasladadas y recontadas en Xalapa.