La propuesta para tipificar la defraudación fiscal como crimen organizado, avalada en el Senado de la República con 84 votos a favor, pese a los riesgos y protestas de la oposición, y que será tema de debate en la Cámara de Diputados en próximos días, ha generado alerta por la violación a las garantías individuales o la presunción de inocencia de los contribuyentes, pues este hecho da pie a que el acusado sea objeto de prisión preventiva oficiosa, congelamiento de cuentas y confiscación de bienes antes de ser siquiera juzgado.

En su columna para Reforma, el periodista Sergio Sarmiento, expone que, un contribuyente que se equivoque en una declaración fiscal, “se convertirá legalmente en un miembro del crimen organizado y perderá sus garantías individuales, mientras que un verdadero criminal, o alguien que no paga ningún impuesto por estar en la economía informal, gozará de amnistía, de impunidad o de apoyos”.

La crítica del periodista se centra en que en principio las reformas se hicieron para castigar con mayor severidad a quienes emitieran facturas falsas, “pero la redacción cambió y el castigo se aplicará a cualquier presunta defraudación fiscal por arriba de 7.5 millones de pesos. Si consideramos que las leyes tributarias son tan complejas que llevan a frecuentes diferencias de interpretación que deben dirimirse en tribunales, los contribuyentes cumplidos tienen buenas razones para estar preocupados”.

Asimismo sostiene que nadie cuestiona los esfuerzos del Estado para mejorar la recaudación; sin embargo, “esto no significa que debamos aceptar la violación de las garantías individuales”.

Agrega que ante la acusación, incluso antes de que inicie el juicio, permite al gobierno encarcelar al imputado, congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus propiedades, y si después el acusado es declarado inocente, el Estado solo tendrá que liberarlo. “No se le exige siquiera un ‘Usted disculpe’”, expuso.

El periodista además cuestiona que la prisión preventiva no se justifica en la mayoría de los casos, y que la evasión fiscal en México se concentra en el sector informal, el cual emplea al 56.6% de la población económicamente activa; “pero lejos de castigarlo, el gobierno le está dando mayores facilidades”.

“Las leyes fiscales deben ser más sencillas y generales, para lo cual hay que descartar los tratos especiales que las complican. El mejor incentivo para el cumplimiento de las obligaciones son las reglas claras y justas. Si realmente se quiere elevar la recaudación, hay que combatir la economía informal en vez de encarcelar y despojar a los contribuyentes registrados”, finaliza.