Congreso
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Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro

Comisiones del Senado alistan proyecto de revocación de mandato

Dom 18 Noviembre 2018 17:46

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado trabajan en un proyecto de dictamen en materia de revocación de mandato. Esto es, que los ciudadanos podrían "despedir" al presidente, gobernador, alcaldes o a los diputados y senadores, cuando la población consultada considere que los funcionarios no están cumpliendo de manera adecuada con su encargo, y siempre que hayan ejercido por lo menos la mitad del tiempo por el que fueron electos.

Los senadores proponen que solamente se considere convocar a proceso de revocación de mandato cuando:

- Haya pérdida de confianza para que el servidor público continúe en el ejercicio del cargo.

- Incumpla de manera injustificada los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, planes y programas estatales o municipales, según corresponda.

- Violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las garantías de la Constitución.

- Realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales graves.

- En el caso del presidente de la República, por la conducción de una política exterior contraria al derecho internacional.

Una de las condiciones más polémicas es que la que indica que “la revocación de mandato será procedente si los votos a favor de ésta equivalen por lo menos al mismo número de votos obtenidos por el funcionario, en la elección para ocupar el cargo”. También se plantea que durante el periodo para el cual fue electo el funcionario, no podrá realizarse más de un proceso de revocación de mandato.

Asimismo se establece que la revocación de mandato del presidente de la República podrá ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Una vez emitida la declaratoria de validez respectiva por el Tribunal Electoral, el Congreso de la Unión deberá emitir la declaratoria de revocación de mandato y convocar inmediatamente a elección extraordinaria en los tiempos y formalidades que establece esta Constitución, así como nombrar al titular del Poder Ejecutivo que estará en funciones durante el tiempo que dure el proceso electoral y la fecha en que rinda protesta el presidente electo.

De acuerdo a las reformas propuestas por las comisiones del Senado, el Instituto Nacional Electoral, o bien los organismos públicos locales, deberán establecer las reglas, lineamientos, criterios y formatos que sean necesarios para realizar los procesos de revocación de mandato.

Se realizarán mediante votación libre, directa y secreta, previa convocatoria emitida por el Congreso de la Unión y de las Legislaturas de las entidades federativas, respectivamente, en los términos de esta Constitución y de la Ley.

Los procesos de revocación de mandato podrán solicitarse a partir de transcurrido por lo menos la mitad del tiempo de gestión del encargo constitucional a petición de:

  • El presidente de la República sobre sí mismo.
  • Los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas sobre sí mismos.
  • Los titulares del Poder Ejecutivo de los municipios y de las alcaldías de Ciudad de México, sobre sí mismos.
  • El equivalente al 33 por ciento de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, para el caso del titular del poder Ejecutivo Federal.  
  • El equivalente al 33 por ciento de los integrantes de la legislatura, para el caso del titular del Poder Ejecutivo de una Entidad Federativa.
  • El equivalente al 33 por ciento de los integrantes del cabildo del Ayuntamiento, para el caso del titular del Poder Ejecutivo Municipal, y del 33 por ciento de los integrantes del Concejo de las Alcaldías de Ciudad de México.
  • Los ciudadanos, en un número equivalente, por lo menos, al 15 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores que corresponda a nivel federal, estatal o municipal.

Finalmente, se prevé un artículo transitorio en los que se exija al Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados, a expedir la legislación en materia de revocación de mandato y realizar las adecuaciones normativas necesarias en un plazo de 180 días.

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