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Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro.com

Hablemos de… impuestos a las plataformas digitales

Vie 11 Octubre 2019 14:41

Por: Alejandra Lagunes, senadora por el PVEM.

La tecnología y sus aplicaciones e implicaciones en nuestra vida cotidiana, así como su impacto en la organización social y económica del mundo ha sido un tema que me ha apasionado a lo largo de toda mi carrera profesional. Por ello, en esta y las entregas siguientes compartiré algunos de los puntos - que desde mi perspectiva - resultan  más relevantes para lograr un diseño justo y una aplicación eficaz de los impuestos a las plataformas digitales, esto a la luz de las iniciativas incluidas en el Paquete Económico 2020 entregado al Congreso de la Unión. 

Como parte de las medidas orientadas al combate a la evasión y el fortalecimiento de la recaudación contempladas para el año 2020, la SHCP ha propuesto reformar el marco legal del tratamiento fiscal a los ingresos por la prestación de servicios o enajenación de bienes a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

Esta medida ha abierto diversos debates sobre la forma en que las plataformas tecnológicas deben pagar sus impuestos. Actualmente, millones de consumidorxs demandan un producto o servicio a través de plataformas digitales o sitios web. De acuerdo a las cifras proporcionadas por la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020, en 2018 el valor agregado generado por el comercio electrónico fue equivalente al 5.0% del PIB. Además, en el mismo documento se señala que más de 58 millones de personas accedieron a contenidos audiovisuales a través de Internet, de estos, se estima que 8.3 millones contaban con una suscripción a plataformas digitales de contenido audiovisual y 14.4 millones con una suscripción a plataformas de contenido de audio.

No podemos negar que en muchos países del mundo y de la región, existe un bajo cumplimiento fiscal asociado a la prestación de servicios digitales proporcionados por proveedores no residentes en el país. Dicha situación afecta los ingresos tributarios y genera competencia desleal para los proveedores nacionales de servicios digitales, dado que estos sí están obligados a trasladar y enterar el IVA por los servicios prestados a lxs consumidorxs nacionales. Adicionalmente, existen empresas tecnológicas que han encontrado una débil regulación fiscal o han elegido establecerse en países que permiten saltarse impuestos y tasas locales, alcanzando, de esta forma, una ventaja competitiva.

Hasta ahora, la solución que han encontrado distintos países de Latinoamérica ha sido aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitales. Esta medida fue la elegida por Colombia, Argentina, Uruguay y Costa Rica. A estos, podrían sumarse México, Bolivia, Chile y República Dominicana.

Si bien la SHCP señala dentro de la exposición de motivos de la iniciativa que esta se encuentra basada en los acuerdos de los líderes del G20 en la cumbre celebrada en San Petersburgo en septiembre de 2013, en que aprobaron el Plan de acción BEPS y crearon el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía Digital (GEFED), lo cierto es que no existe un consenso de la comunidad internacional en materia tributaria para estos servicios. 

Recientemente la OCDE ha anunciado que existen otras alternativas que, de concretarse, podrían cambiar las reglas fiscales a nivel global. Ello implicaría que las grandes plataformas y compañías multinacionales paguen impuestos en dónde se encuentren sus consumidorxs y generen sus ingresos en lugar de utilizar el sistema que existe actualmente, sistema en el que la presencia física de una compañía es la que determina en qué lugar se deben pagar las contribuciones.

La propuesta de la OCDE será presentada en la próxima reunión de Ministros de Finanzas del G-20 que se realizará en Washington DC el 17 y 18 de octubre, y a donde seguramente acudirá el Secretario de Hacienda del Gobierno Federal. Por lo ello, estaremos atentxs y tomar nota de  las reglas  propuestas para  la economía global del siglo XXI.

En la siguiente entrega abordaré el tema de algunas de las complicaciones que podrían surgir de la implementación de las obligaciones que la SHCP ha propuesto imponer a las empresas tecnológicas.