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Partidos se señalan por impasse para nombrar al fiscal general

Mar 17 Octubre 2017 20:32

Al disiparse los humos que generó la renuncia de Raúl Cervantes de la PGR, es preciso saber qué va a suceder a fin de cuentas con el proceso de designación del Fiscal General. Una breve revisión nos indica que todo está como hace 34 meses; los partidos se señalan entre sí, pues aunque el PRI puede avanzar el PAN es el obstáculo con sus divisiones internas.

Con ello se construye la idea de que el bloqueo en este tema viene por parte de la oposición, con claras motivaciones de conveniencia política; ya sea por evitar la supuesta llegada de personajes “indeseables” o como cortina de humo a revelaciones periodísticas que afectan intereses en el muy corto plazo de 2018.


Basta hacer un recuento legislativo en este caso:

- El 2 de febrero de 2014 se aprueba la reforma constitucional que crea la Fiscalía General de la República.

- Se ordenó al Legislativo a crear la Ley de la Fiscalía General; con ello el titular de la PGR se convirtiera en automático en el primer fiscal general durante nueve años.

- La Cámara de Diputados envió la minuta al Senado, que la recibió el 11 de diciembre del 2014.

- El PRD en el Senado frenó el plan de aprobación inmediata de la ley y logró agendar una ronda de análisis y foros: no querían que Jesús Murillo Karam quedara como fiscal general, recién ocurrido el caso Ayotzinapa.

- La discusión y consultas a expertos, fijada para enero del 2015, jamás se realizaron y la Ley General quedó en los archivos de la Comisión de Justicia del Senado.

- En el tercer trimestre de 2016 comenzó la presión desde algunos grupos sociales para impedir el pase automático de Raúl Cervantes; a finales del año, el presidente Enrique Peña Nieto mandó una propuesta de reforma constitucional para quitar ese pase.

- Desde el 6 de abril, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos, entregó a los senadores de la comisión el proyecto de dictamen basado en la iniciativa presidencial.

- El 23 de agosto, con la publicación de las revelaciones sobre la riqueza y las propiedades de Ricardo Anaya, comenzó el movimiento #FiscalCarnal; obligó al PRI en San Lázaro a presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el pase automático y sólo así permitió la instalación de la Cámara de Diputados.


En resumidas cuentas, nada ha cambiado. La regla del pase automático sigue vigente. Más de una ceja se levanta cuando el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera  dice que espera “una versión actualizada a la brevedad, que defina la ruta de discusión de la Fiscalía General y, eventualmente, quién habrá de hacerse cargo de la Procuraduría General de la República”. Las iniciativas están ahí


Lo más inmediato es que el Senado elija de una terna que envíe el Ejecutivo al nuevo procurador general quien pudiera ser también el próximo fiscal general, mientras no se cambien las leyes.

Y como se advirtió desde septiembre pasado: el PRI con sus aliados y con los senadores panistas que han roto con Anaya, tiene los votos suficientes para aprobar dicho cargo por mayoría. Aquí el concepto clave es “voluntad política”.

En entrevistas con medios se plantea que con las nuevas reglas cualquier ciudadano se puede inscribir en el Senado; los legisladores escogen a 10 candidatos y le mandan la lista al presidente; de allí elige a tres aspirantes y de esa terna la Cámara Alta nombra al fiscal. Así de fácil pero también así de complicado, ante la cercanía de 2018.