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Cuartoscuro

Senado debe nombramiento de 3 fiscales y 18 magistrados

Jue 26 Octubre 2017 15:15

Gráfico pendientes fiscales nombramientos senado 1

México enfrenta una crisis institucional con tres fiscalías sin titulares y la creación de una más que está atorada en el Congreso de la Unión. El país no tiene procurador general de la República, ni fiscal anticorrupción, hace unos días también se quedó sin fiscal electoral y el surgimiento de la nueva Fiscalía General es bandera de guerra entre el PRI y la oposición en la Cámara de Diputados y el Senado.

En lo que va del año los legisladores federales no han logrado acuerdos para designar a los fiscales encargados de la impartición de justicia y combatir la corrupción. A esto se suman los recientes movimientos en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y en la Procuraduría General de la República (PGR), que contribuyeron para engrosar la lista de cabezas faltantes.


No hay procurador

El pasado 16 de octubre, Raúl Cervantes, renunció a la Procuraduría General de la República, desde entonces el cargo está vacante. La ley Orgánica de la PGR establece que el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales debe asumir las funciones y así lo hizo Alberto Elías Beltrán, mientras espera a que se designe una terna de candidatos, y uno de ellos sea elegido como nuevo procurador por el Senado.


Fiscalía General en la congeladora

Sin procurador y sin fiscal general de la República, desde 2014 el Congreso de la Unión, no ha podido avanzar en el nombramiento del último. Los legisladores federales ni siquiera han completado el marco legal para designarlo. Se tenía previsto que la transición de la PGR a la nueva Fiscalía General se concretara este año, pero el tema está entrampado entre los dimes y diretes del PRI y los partidos de oposición.


Proceso electoral transcurre sin titular de la Fepade

El país también se quedó sin fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales. En pleno proceso electoral para renovar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y 9 gubernaturas fue removido de su cargo Santiago Nieto Castillo. El pasado 20 de octubre, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, decidió destituirlo, porque presuntamente violó el código de conducta de la institución, al revelar detalles sobre una investigación que está en curso.

El caso Nieto Castillo llegó a la cancha del Senado, donde la oposición intenta que sea restituido y el PRI apoya su remoción. El debate se atoró y derivó, por segunda vez en lo que va del actual periodo ordinario de sesiones, en una parálisis legislativa.

El conflicto es por el mecanismo para resolver la situación de Santiago Nieto, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) avaló que sea a través de una votación por cédula (libre y secreta). Sin embargo, la oposición quiere que se haga por votación abierta; es decir que se pueda ver la intención de voto de cada senador. Los legisladores tienen 10 días para votar el caso pero siguen sin ponerse de acuerdo.


Fiscal Anticorrupción, el gran pendiente del Senado

Los senadores también tienen pendiente desde hace 33 meses y contando el nombramiento del fiscal anticorrupción. El Congreso aprobó en 2014 el Sistema Nacional Anticorrupción, la idea es que iniciara operaciones el 19 de julio pasado, y así fue, pero lo hizo sin fiscal y sin 18 magistrados especializados en la materia, por lo que se designó a tres magistrados provisionales.

¿Qué que se requiere para su nombramiento? Que los senadores elijan de entre los 27 aspirantes que seleccionaron al que será el fiscal Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción ya les recomendó a 4 de ellos, pero los legisladores han hecho caso omiso.

Gráfico sna sistema anticorrupcion inicia cojo


El asunto de los fiscales se politizó, se usa como arma electoral rumbo a los comicios de 2018. El PAN, PRD y Morena acusan al PRI de buscar fiscales a modo, que protejan sus intereses. Los priistas por su parte, culpan a la oposición de los momentos de parálisis legislativa y de afectar la aprobación de la Ley de Ingresos 2018, de la que depende el dinero de la reconstrucción por los sismos de septiembre pasado. Mientras dos temas que son prioridad para el país, como la procuración de justicia el combate a la corrupción siguen sin resolverse.

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