Gobierno Federal
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Foto: Cuartoscuro

Echeverría y la ‘ventana legal’ para volverlo a acusar por el 68

Mar 02 Octubre 2018 19:50

A 5 décadas de lo sucedido en Tlatelolco, más allá de las brumas de las efemérides correspondientes y las estridencias por las marchas, el expediente Luis Echeverria no está completamente cerrado. Grupos de sobrevivientes buscan “la rendija” o  “la ventana legal” para fincarle cargos y sentarlo de nuevo en el banquillo de los acusados: con base en la experiencia de hace 16 años, esto debe conllevar una buena dosis de voluntad por parte del gobierno federal, así como cierta “pizca” de ingenio legal.

El Comité 68 anunció que exigirá de nueva cuenta la reapertura de los procesos judiciales en contra del expresidente y otros funcionarios responsables de cometer violaciones graves de derechos humanos, además de la reactivación de la Fiscalía especial que documentó los atrocidades ordenadas por el Estado mexicano en décadas pasadas y que fue creada durante el gobierno de Vicente Fox.


Aquí una breve guía para entender “el laberinto” legal del caso Echeverria:

- En el año 2002 se giró una orden de aprehensión en su contra por la matanza de Tlatelolco, el Halconazo de 1971, y la desaparición forzada de personas; Echeverría fue puesto en libertad valiéndose de un amparo.

- La prisión domiciliaria de Luis Echeverría la impugnó el abogado Juan Velázquez.

- En 2006, un juez federal ordenó de nueva cuenta el arresto del político, y se le decretó prisión domiciliaria debido a su estado de salud y edad; además de que el delito del que se le culpaba prescribió en noviembre de 2005.

- Meses más tarde, un magistrado decretó auto de formal prisión en contra de Echeverría, pero en 2007 un tribunal concedió la suspensión definitiva de la medida.

-En 2009, se decretó la libertad absoluta y se le exoneró del cargo de genocidio.


La semilla para que todo eso se consiguiera fue sin duda la idea y el impulso que el entonces presidente Vicente Fox tuvo para la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSPP; aunque algunos le sugerían formar una comisión de la verdad, Fox se inclinó por buscar no solo la “verdad histórica” de los crímenes del pasado sino castigar a los responsables.


Otro factor por demás relevante fue el fiscal designado: Ignacio Carrillo Prieto realizó lo que pudo, con lo que se le dio en lo material y en lo político. En entrevista con la agencia AP cuenta que apenas dos años después de haber sido designado, Fox le preguntó cuándo cerraría la fiscalía. “Le dije: ‘señor presidente... como dijo aquel famoso del deporte del diamante: esto se acaba cuando se termina, no antes’”, según contó.

La Fiscalía murió junto con el sexenio: en el último día de su mandato, el 30 de noviembre de 2006, el gobierno de Fox anunció el cierre bajo el argumento de que era momento de que la Procuraduría atendiera otros delitos que dañaban a la sociedad en ese momento. La voluntad política en toda su expresión.

Es así que el anuncio hecho por Andrés Manuel López Obrador de revivir esa Fiscalía puede tomarse como una “luz de esperanza”. El tramo legal sin duda es más complicado, pese a que el expresidente Luis Echeverría esté en libertad bajo las reservas de ley, lo que significa que está abierta la posibilidad de reiniciar el proceso, en el momento en que lo disponga la PGR.


Para ello debe ser acusado de la manera correcta y por los delitos pertinentes de acuerdo con los expertos consultados. Ya no por genocidio, se le podría acusar por crímenes de lesa humanidad, que es “todo asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población,  encarcelación u otra privación grave de la libertad física”.

Es así que el próximo sexenio abre la oportunidad para que la PGR, o en dado caso la Fiscalía General, reactive los recursos para retomar los procesos en contra de Luis Echeverría; se revela que aparece involucrado en otros cincuenta y dos expedientes judiciales. De ese tamaño podría ser la “ventana legal” en este caso, 5 décadas después de la tragedia.

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