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Foto: Cuartoscuro.com

INE vs AMLO: nuevo caso de censura por modelo de comunicación impuesto

Mié 24 Junio 2020 20:43

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador se “enfrentan” por las declaraciones del segundo sobre las elecciones 2021 y el papel de los actores políticos. La reacción del funcionario electoral, advierten los expertos, conforma un nuevo caso de censura por un modelo de comunicación política impuesto; hay quienes argumentan que solo busca que se aplique la ley aún cuando no estemos en pleno proceso electoral. Se observa la necesidad de una reforma legal para que los actores políticos hagan uso de su libertad de expresión.

Una primera escaramuza rumbo al 2021

En menos de 72 horas los intercambios entre Córdova Vianello y López Obrador se han tensado por su percepción de los papeles que deben tener en los procesos electorales de 2021. Durante la conferencia matutina del día 22 de junio, el presidente afirmó que el INE era el más caro del mundo en su tipo y que “había permitido fraudes”; por ello planteó que él sería "vigilante" de las elecciones el próximo año.

“El ejemplo más claro es el INE, crearon todo un aparato costosísimo, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres, triunfamos porque fue una ola, era imposible de hacer un fraude pero en las anteriores elecciones lo permitió el INE” fue parte de su argumento.

El consejero presidente no tardó en responder en Twitter: "México tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia!". Además, en entrevista con RadioFórmula abundó que el INE está por encima de los factores políticos.

“El presidente no tiene vela en el entierro, no debería tenerla, es el presidente de los mexicanos hasta 2024, estas son elecciones intermedias, el presidente no va intervenir. Nosotros no trabajamos para darle gusto a nadie y mucho menos a un gobernante”, mencionó.

López Obrador replicó el 23 de junio la defensa de Lorenzo Córdova e insistió que él será "vigilante" del proceso electoral en 2021, pues asegura que tiene "todo el derecho de opinar" y el compromiso de garantizar que no ocurra algún fraude. Las posiciones se ven por ahora irreconciliables por parte de ambos participantes.

Víctimas de reformas electorales

Un breve vistazo a las últimas reformas electorales nos hace ver que este episodio es producto natural de una historia de hace 14 años. En las elecciones de 2006, la polémica surgió cuando grupos de empresarios emitieron mensajes en radio y televisión posicionándose respecto a propuestas, candidatos y partidos participantes.

Al año siguiente una nueva reforma electoral dejaba a terceros fuera de la compra de espacios en medios electrónicos: la meta fue prohibir la difusión de mensajes susceptibles de influir en el voto ciudadano. Es decir se coartaba la libertad de expresión de la sociedad para hablar de política, elecciones y actores electorales, salvo que fuera el mismo árbitro y los participantes quienes lo hicieran.

En ese proceso destacaron personajes como Pablo Gómez, en aquel entonces senador del PRD; fue una de las cabezas principales desde la oposición que insistió en ese modelo de comunicación política donde “se eliminó el viejo esquema en que el poder del dinero intervenía directamente en los procesos electorales”. No ha dejado de señalar que “tiene un defecto bastante acusado, que es la espotización, en la que los partidos Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN) se empeñaron”.

Otro de los artífices en mayor o menor medida fue el entonces coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones; reconoció que a ese ajuste legislativo “le surgieron enemigos de inmediato”. En un artículo de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, de enero-junio de 2012, el sonorense destacó que “la reforma electoral de 2007 fue la de mayor alcance desde 1996, pues con ella se garantizó que el financiamiento público de los partidos prevaleciera sobre el privado, se estableció el Tribunal Electoral, adscrito al Poder Judicial de la Federación, para la calificación de las elecciones federales y se definió al IFE como una institución autónoma del Estado…”

En la reforma electoral de 2014 solo hubo mayor reglamentación. Se estableció que el INE debía emitir directrices para la información y difusión de las actividades de campaña. A su vez se estableció como causal de nulidad de la elección la compra o adquisición de cobertura informativa en radio y televisión al margen de los supuestos establecidos en la legislación electoral.

Pero de manera esencial se mantuvieron las restricciones para que otros actores sociales pudieran expresarse. Muchos lo respetaron en lo que se interpretó como un silencio; hubo quienes desde los partidos políticos aprovecharon los vacíos legales como fueron los propios dirigentes para promoverse anticipadamente.

Así se compitió en 2018, así se llegará ahora en 2021. Analistas comienzan a advertir que tanto López Obrador como Córdova Vianello son “víctimas” del actual andamiaje legal en temas electorales. Ambos tendrían una parte de razón, pues se requieren instituciones electorales sólidas, pero que permitan el diálogo y el intercambio, sin que nadie asumiera “ser guardián de la democracia”.

El presidente y otros actores de peso bien podrían expresarse para una sociedad que ha madurado desde hace 3 sexenios; se perfila, con base en el actual escenario, la necesidad de una reforma electoral que pudiera retomar la libertad de expresión de toda la sociedad.

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