Gobierno Federal
Transparencia y rendición de cuentas
La delgada línea que separa el interés público y la información
Mar 20 Junio 2017 13:08

Por Zaira Yael Ramírez

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia que interpusieron diputados de las bancadas del PAN, PRD y de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, quienes se inconformaron por la redacción del artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como #Ley3de3.

En agosto pasado los líderes de esas bancadas en la Cámara Baja, Marko Cortés Mendoza, del PAN; Francisco Martínez Neri, del PRD, y Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, coincidieron en que el contenido de ese artículo resulta ambiguo, pues en el espíritu de la propuesta se preveía que fueran públicas y obligatorias las declaraciones de los funcionarios con la finalidad de que esa información facilitara los mecanismos de control y supervisión para evitar posibles actos de corrupción.

La redacción de dicho artículo fue modificada; señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, aunque se acota la publicidad de la información ya que no se darán a conocer aquellos datos que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Casi un año después de que la Ley de Responsabilidades Administrativas fue avalada por los legisladores, los Ministros de la Suprema Corte se pronunciaron al respecto.

Con una votación divida, los Ministros determinaron que los datos personales de los funcionarios públicos se deben resguardar puesto que conservan su condición de ciudadanos y sus derechos de protección de datos por tratarse de información confidencial deben ser cuidados al igual que los de todos los mexicanos.

La propuesta del proyecto de la Corte fue presentada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, quien avaló la Ley General de Responsabilidades y de esta manera desechó la queja de los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y MC. Por un lado, propuso que se protejan los datos personales de los funcionarios públicos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, y por otro, que sea el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción el que emita los formatos bajo los que se publicarán dichas declaraciones.

El Ministro Presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, manifestó su inconformidad con la propuesta de Cossío Díaz pues consideró que deben ser los Diputados y no un Comité los que determinen los parámetros bajo los que se deben resguardar los datos personales.

La decisión de la Corte trae a la discusión un asunto que se ha analizado desde diferentes puntos de vista, ¿dónde están los límites del derecho a la privacidad, a la protección de los datos personales y en qué punto estos datos deben revelarse para acceder a información pública de interés?

Ya se ha superado la importancia de la transparencia como mecanismo para allegarnos información pública. El acceso a la información nos permite a los ciudadanos saber en qué se gastan los recursos, cuáles son las justificaciones de las decisiones de quienes ostentan el poder; pero más importante, nos permite tener al alcance datos públicos para tomar decisiones.

La transparencia es la herramienta con la que cualquier persona puede ejercer su derecho constitucional de acceso a la información. Se ha demostrado en diferentes momentos de la historia mexicana que acceder a esa información nos permite develar actos de corrupción y en la medida en que quien toma decisiones se sepa vigilado, el margen de cometer anomalías se reducirá o al menos esa era la intención de integrantes de la sociedad civil, de medios de comunicación y de los propios legisladores cuando trabajaron en la redacción de la llamada Ley Anticorrupción.

La publicación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, permite una radiografía de los antecedentes de quienes ostentan cargos públicos, es una herramienta que le ayuda al ciudadano a saber con cuánto dinero en la bolsa llegó un funcionario, cuántos bienes tenía antes y cuántos después de asumir los cargos, quiénes son sus amigos o familiares y si benefició a éstos en el tiempo que duró su encargo público.

Quienes le apuestan a la máxima publicidad pretenden conocer la radiografía completa del servidor público, mientras que los que advierten que no es posible, se refieren al derecho que tiene toda persona a resguardar su intimidad, sus datos personales, a no publicar aquella información que pueda poner en riesgo la integridad y seguridad de los funcionarios públicos.

Al respecto, abogado y filósofo argentino Ernesto Garzón Valdés en: Lo íntimo, lo privado y lo público, delinea una respuesta ante esta disyuntiva; expone que el poder público debe actuar públicamente y, simultáneamente deben impedir que los poderes privados se abstengan de hacer pública la vida privada y la intimidad de las personas.

No obstante, advierte que lo privado, cuando se vuelve poder (económico, ideológico, político), también debe estar sometido al ejercicio de la publicidad. 

Es decir, en la medida que el papel que una persona desempeña un rol decisivo en la sociedad, adquiere mayores connotaciones públicas, la esfera de su vida privada se va reduciendo hasta llegar a un punto en donde es difícil trazar un límite preciso entre lo privado y lo público.

Zaira Yael Ramírez. Maestrante en Política y Gestión Pública por el ITESO, y en Transparencia y Protección en Datos Personales por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Ha sido periodista en diversos medios de comunicación. Es docente en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Ha elaborado trabajos de investigación periodística y académica utilizando la herramienta de la Transparencia. Coordina los trabajos de investigación en materia de transparencia y rendición de cuentas en el Laboratorio de Innovación Democrática (LID). Colabora en Kybernus con la impartición del taller: Transparencia y Rendición de Cuentas.

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