Gobierno Federal
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FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM Liberan a escoltas del ‘Mini Lic’; jueces de nuevo bajo sospecha
Vie 12 Mayo 2017 19:28

De nueva cuenta la decisión de un juzgador genera críticas y dudas sobre la efectividad del nuevo Sistema Judicial Acusatorio. La liberación de escoltas del hijo de un líder criminal es el más reciente episodio donde se subrayan los huecos y debilidades del llamado “debido proceso”. La curva de aprendizaje está resultando demasiado costosa.

Llama sin duda la atención del criterio aplicado por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, María Elena Cardona Ramos, quien resolvió liberar a cinco de seis escoltas de Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic", hijo de Dámaso López operador del Cártel de Sinaloa.

Consideró como inverosímil el informe policíaco de las capturas y que es muy probable que los detuvieran en un allanamiento sin orden judicial; al mismo tiempo, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar posibles hechos de tortura en su agravio.

En el centro está el que se advierten fallas y lagunas en el debido proceso. No seguir paso a paso y de manera escrupulosa los lineamientos para detener, aprehender así como obtener declaración del inculpado, con el correspondiente respeto a los derechos humanos, abre la puerta para que los abogados defensores echen por tierra toda la integración hecha por la autoridad, a pesar de la flagrancia.

Con sus diferencias, este caso se coloca a la par de lo que determinó el juez de distrito Anuar González Hemadi, al emitir un amparo contra el auto de formal prisión a Diego Cruz, uno de los Porkys acusados de abuso sexual a la menor Daphne Fernández en 2015. Según su criterio los roces de Cruz al cuerpo de Daphne no implicaban intenciones de copular.

Es ese tipo de conceptos, de significado de lo que es un agravio y no, lo que genera la molestia de la sociedad, pues deriva en la libertad de los inculpados. Poco suma a lo que estableció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el ministro Luis María Aguilar Morales.

El 28 de abril sostuvo que una sociedad dolida, escéptica y victimizada tiene su esperanza puesta en el nuevo sistema de justicia penal y los jueces no pueden fallarle; “el Poder Judicial de la Federación no tolera, sino que sanciona a los malos servidores públicos, incluidos los juzgadores que no cumplen con su deber de honestidad y debido trabajo hacia la sociedad”.

Todo indica que la confianza nacerá si las determinaciones de los jueces están acordes con el sentido de justicia común y popular. Un elemento clave para resarcir el tejido social y la gobernabilidad tan afectada por un sistema que no era justo, ni legal ni expedito.