Gobierno Federal
Inseguridad CDMX
Cuartoscuro Más allá de Pegasus: errática agenda de seguridad en México
Jue 06 Julio 2017 15:26

Por: Alexis Herrera

Sin que mediara el respaldo de un sólido consenso nacional en la materia, el pasado 19 de junio el Procurador General de la República señaló ante un alto foro internacional que en México el crimen organizado ha dejado de ser un problema de seguridad nacional y que ahora debe ser considerado como un tema de seguridad pública. Ese mismo día, uno de los más prestigiosos periódicos de los Estados Unidos dio a conocer que destacadas figuras procedentes de los ámbitos del periodismo y la sociedad civil habían sido afectadas por un programa de espionaje cibernético adquirido por el gobierno federal en los últimos años. Al poco tiempo, el titular de la Procuraduría General de la República se vio obligado a señalar que una de sus fiscalías especializadas abriría una investigación por la presunta intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. 

De la desafortunada declaración del Procurador ante la Asamblea General de la ONU es mejor no hablar: su planteamiento es desmentido por el modo en el que ha evolucionado el escenario de violencia armada que ha definido la realidad nacional durante la última década.

Lo verdaderamente sorprendente ha sido reconocer que el caso ventilado por The New York Times hace un par de semanas —a saber, que diversas instancias civiles y militares del gobierno federal mexicano recurrieron al programa Pegasus (desarrollado originalmente por la firma israelí de ciberdefensa NSO Group) para someter a vigilancia a distintos actores de la sociedad civil— sólo parece confirmar algo que resulta preocupante para la vigencia del Estado de derecho en México: el hecho de que los servicios de inteligencia de nuestro país se encuentren operando, como lo advirtió oportunamente Ricardo Pascoe el pasado 23 de junio, bajo un esquema de policía política más propio del régimen autoritario del pasado, que del frágil orden democrático del presente.

Pascoe no se equivoca, por cierto, cuando señala que la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en enero de 2005 marcó un punto de inflexión para las políticas en la materia. Sin embargo, a poco más de una década de distancia de la aprobación de dicho instrumento jurídico resulta difícil evaluar con optimismo sus alcances. En los hechos dicho ordenamiento le otorgó un papel preponderante al Centro de Investigación y Seguridad Nacional en la definición de las políticas en la materia, al punto de que suele asumirse (equívocamente por lo demás) que las tareas de inteligencia para la seguridad nacional constituyen el eje exclusivo de la política en la materia —o peor aún, que la seguridad nacional es una condición estática que sólo puede ser preservada en función del cumplimiento de dichas tareas y no en función de una clara visión estratégica con respecto al modo en el cual México debe garantizar la defensa y promoción de sus intereses nacionales dentro y fuera de sus fronteras.

Por lo que toca a la arquitectura institucional de la seguridad nacional en México, los déficits también son notables. En el papel el país ha contado, también desde 2005, con un Consejo de Seguridad Nacional responsable de coordinar la política de seguridad y defensa de nuestro país al más alto nivel estratégico; en los hechos se trata de una instancia sin influencia real sobre la formulación de las políticas en la materia. Que este sea el caso se explica, en parte, por el hecho de que el éxito de esta clase de cuerpos colegiados depende de la voluntad política del Ejecutivo, misma que en México ha sido omisa o indiferente. Por lo demás, no es infrecuente que este cuerpo, que depende directamente de la Presidencia de la República, sea confundido con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, o con la Comisión Nacional de Seguridad, dos instancias que se encuentran bajo el paraguas de la Secretaría de Gobernación. 

Muchas de las voces que se han alzado en contra del uso de Pegasus por parte de distintas dependencias gubernamentales han señalado, con justicia, que el uso discrecional de dicho programa vulnera los derechos y libertades de quienes han sido objeto de sus indagatorias. No menos importante es señalar que este episodio también ha puesto de manifiesto uno de los déficits centrales del accidentado tránsito de nuestro país hacia un régimen genuinamente democrático: el hecho, por demás sorprendente, de que ese tránsito no fuese acompañado por una reforma integral de un aparato de seguridad y defensa que al día de hoy parece seguir respondiendo a la cultura autoritaria del pasado. 

Bajo la actual administración federal este escenario ha sido acompañado, además, de una inercia peligrosa que un principio fue definido por la indiferencia del Ejecutivo a los arduos problemas de la seguridad y la defensa. La ausencia de definiciones, al igual que la confusión conceptual que reina al momento de referirse a términos tales como seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública han sido ruinosa para el país. 

Un veterano conocedor de los laberintos de la seguridad nacional en México, el general Jorge Carillo Olea, recordaba con preocupación hace unos días los paralelismos existentes entre el presente y los años turbulentos y oscuros de la administración del presidente José López Portillo:

“[E]l tema de la seguridad nacional y la inteligencia política, eran un grave problema que a nadie interesaba más que por el poder y el dinero que redituaban. Desde entonces había una especie de repugnancia hacia el tema, sentimiento que se ha prolongado. Nadie lo entendía ni lo atendía con criterio de Estado. Tal vez fue la génesis del descontrol de abusos canallescos de estos tiempos”.

No resulta trivial referirse a ese momento histórico. Para hacer frente a las realidades del presente conviene hacer memoria, pues sólo así podremos dimensionar los desafíos que México enfrenta hoy por hoy en el ámbito de la seguridad nacional. Sugiero un punto de partida: generar un espacio semántico que permita sustituir las gastadas categorías del viejo régimen autoritario del siglo XX por otras, acordes con el México que aspiramos a construir en el siglo XXI. 

Alexis Herrera es analista en materia de seguridad internacional por The Fletcher School of Law and Diplomacy. Actualmente forma parte del Centro de Gran Estrategia del Departamento de Estudios de Guerra de King’s College London.