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Foto: Yucatan.com.mx / Alberto Roa / Galo Cañas /Cuartoscuro.com

Noroña, Winckler, Murayama: funcionarios que han bloqueado en Twitter

Vie 22 Marzo 2019 20:47

Funcionarios y Twitter

La redes sociales son utilizadas como un medio de distracción entre las personas que lo utilizan, pero también para informarse del acontecer en el país, por tal razón diversos funcionarios han incursionado en estas plataformas para difundir su quehacer dentro de un cargo público; claro que esto no los hace estar exentos de críticas hacia su desempeño. En este contexto, diversos actores políticos se han visto inmersos en discusiones a través de redes, y algunos incluso han bloqueado a diversos ciudadanos o periodistas por alguna diferencia. Así fue el caso del periodista Miguel León quien promovió un amparos contra el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler.

Fue a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se determinó que ningún funcionario puede bloquear a un ciudadano o periodista pues vulnera el derecho de acceso a la información, lo que sienta un precedente importante tanto en Veracruz y México. 

Y aunque es un precedente importante, el amparo que ganó Miguel León solo tiene efectos protectores para quien lo promueve, por lo que se requieren de cinco sentencias en el mismo sentido, no interrumpidas, para que la SCJN pueda emitir una jurisprudencia, es decir, que sea de orden público y obligatoria para todos los jueces que revisen un caso similar, escribe en una columna la periodista Naldy Patricia Rodríguez, quien en su momento también se amparó contra un bloqueo de Winckler Ortiz.

Asimismo se advierte que el funcionario tienen la obligación permanente de desbloquear al periodista, incluso en el caso hipotético de que dejara su cargo como fiscal porque se “continuará ostentando el carácter de persona pública”.

¿Qué otros casos se han dado?

Pero este no es el primer caso que se da, pues en 2017 un juez federal ordenó al alcalde de Nogales en Sonora, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, desbloquear de su cuenta de Twitter a un ciudadano, luego de que este último interpuso un amparo.

Aunque el presidente municipal argumentó que su cuenta de Twitter es de uso personal, similar al argumento de Winckler, en la indagatoria que se realizó sobre el caso se encontró que el alcalde utilizaba su cuenta para destacar las tareas del gobierno municipal.

Otro caso que también llegó a juzgados fue el del académico John Ackerman y el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama. En mayo de 2018, el funcionario informó a través de su cuenta de Twitter que desbloqueó también simpatizante de Morena, pues recibió una notificación de amparo reclamando una violación a los derechos de libertad de expresión e información. 

“Como me parece absurdo distraer recursos públicos del Poder Judicial en esto, si Ackerman sufre al no leer mis mensajes públicos, desbloqueado está”, expresó Murayama Rendón en su momento.

A la lista se suma uno de los políticos que genera más polémicas con sus respuestas, el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien se informó bloqueó al periodista Luis G. Hernández, y después de unas horas fue desbloqueado.

Sin embargo, se sabe que Fernández Noroña ha bloqueado a diversos ciudadanos, aunque no se sabe el número exacto. Incluso, luego de darse a conocer la resolución de la SCJN advirtió que seguirá bloqueando gente. El legislador alegó que si bien la respuesta de la Corte se da en el entendido de defender la libertad de expresión, esta no incluye injurias.

Cabe recordar que si bien los funcionarios no pueden bloquear a los ciudadanos, la SCJN consideró que es posible que “comportamientos abusivos” como amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia ocasionen una medida de restricción o bloqueo justificado.

Aunque recalcó que comentarios, críticas severas, provocativas o chocantes que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadores, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa no deben ser considerados como un “comportamiento abusivo”.

Al ser una persona pública y particularmente un funcionario público, su derecho a la intimidad se ve desdibujado en aras de favorecer el derecho a la información Esto es así porque los temas de interés general, como los relacionados con el desempeño de su gestión gubernamental, están sometidos a un fuerte nivel de escrutinio por parte de los medios de comunicación y la sociedad”, sostuvo la Sala.

Casi en el mismo sentido se pronunció la diputada federal del PES, Nayeli Salvatori, quien a través de sus redes sociales expuso:

“Querida @SCJN voy a seguir bloqueando, las redes sociales no son medios de información institucionales para trabajos legislativos, para eso están los informes anuales o nuestro equipo de comunicación. Seguiré bloqueando y miren que tengo una amplia colección de bloqueados”, compartió la legisladora que según difundió ha bloqueado a 632 personas.

Por su parte Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, expuso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumirá la resolución de la SCJN. "Coincidimos: los funcionarios públicos no pueden bloquear a ningún ciudadano de sus redes. Transparencia", escribió Ramírez Cuevas.

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