Gobierno Federal
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Fotos: Cuartoscuro.com

¿Quién definirá si pregunta de AMLO para consulta de juicio es legal?

Mar 15 Septiembre 2020 13:26

En el último día para poder realizar la petición para solicitar al Congreso de la Unión la consulta popular que decidirá si se enjuicia o no a los expresidentes del denominado “periodo neoliberal” el actual presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uso de su facultad y envió un texto al Senado de la República -que será la cámara de origen- para que se lleve a cabo este ejercicio; sin embargo, antes tendrá que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues será la encargada de revisar si la pregunta propuesta por AMLO es constitucional. Por este hecho se han desprendido diversas lecturas, una de ellas es el fin electoral que el tabasqueño dará a este asunto, pues si bien en diversas ocasiones se ha advertido que la pregunta es inconstitucional, será el combate a la corrupción la bandera política que usará el titular del Ejecutivo Federal para las elecciones de 2021 -aunque él necesariamente no aparezca en las boletas-; en tanto, la oposición acusa que con esta jugada busca desviar la atención del manejo que su gobierno ha tenido de la pandemia de coronavirus o COVID-19. En tanto, el proceso queda -al menos por 20 días- en la cancha del Poder Judicial.

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¿Cuál es la pregunta y qué revisará la SCJN?

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se encontrarán en el banquillo de los acusados, si la Suprema Corte avala la constitucionalidad de la pregunta planteada por AMLO para hacer la petición de consulta popular. En este contexto, durante la conferencia mañanera el mandatario federal reveló la pregunta planteada, la cual será remitida al Poder Judicial para iniciar con el análisis, tal como marca la Ley Federal de Consulta Popular.

"¿Está de acuerdo o no, con con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; antes durante y después de sus respectivas gestiones?”, comentó AMLO será la pregunta que se pondrá a consideración; al respecto, López Obrador reiteró que lo que hace “es constitucional, cumple con lo que pide la ley, con el requisito".

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, la solicitud debe ser presentada por el titular del Ejecutivo Federal a cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo cual hizo AMLO a través del consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer en el Senado. De esta manera, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, en este caso Eduardo Ramírez, la enviará directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de 20 días naturales.

Para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

  • Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo
  • Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior

En el supuesto de que la SCJN declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, “el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido”. Si por el contrario, reconoce la constitucionalidad de la pregunta esta no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso.

“El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen”, indica la ley.

Pasando la SCJN, el dictamen de consulta popular deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; “en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido”.

Estas serían las razones de AMLO para enjuiciar a 5 expresidentes

En el marco de la solicitud que envió al Senado, AMLO reveló los motivos por los que solicitó se lleve a cabo una consulta popular en la que se defina, si se enjuicia a cinco expresidentes de 1988 al 2018; los llamados “del periodo neoliberal” los cuales acusó se han caracterizado por periodos de corrupción, acumulación de riqueza que benefició a algunos grupos y la aplicación de políticas en materia de seguridad que violaron los derechos humanos.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

Al exmandatario lo acusó de entregar a particulares nacionales y extranjeros, los bienes públicos: “En julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos que poseían en conjunto más de 44 mil millones de dólares”.

Ernesto Zedillo (1994-2000)

Lo señaló de continuar con las políticas privatizadoras de su antecesor; además, en el caso del Fobaproa cuya deuda pública se terminará de saldar hasta 2070.

“Privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”.

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Vicente Fox (2000-2006)

Lo acusó de intervenir en la elección de 2006 en favor de Felipe Calderón: “El propio Fox en una entrevista con Telemundo, admitió, cito, ‘que era importante detener a López Obrador’ y en 2010 se jactó, cito, ‘de haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia”.

Felipe Calderón (2006-2012)

Acusó al impulsor de México Libre de encabezar la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pero también que “colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada. A la luz de la detección y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.

Enrique Peña Nieto (2012-2018)

En el caso de su antecesor, AMLO señala que en la campaña presidencial de EPN hubo dinero de procedencia desconocida, sin consecuencias por parte del Tribunal Electoral para anular la elección y también las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex han revelado “la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares”.

¿Es viable y legal la consulta de AMLO para enjuiciar a expresidentes?