Muerte de migrantes

El columnista Sergio Sarmiento aborda la política migratoria en el gobierno de la 4T.

Muerte de migrantes
La muerte de 38 migrantes se dio tras un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez.
Fuente: Cuartoscuro

La muerte de 38 migrantes en Ciudad Juárez este 27 de marzo ha conmocionado una vez más a México, pero también al mundo. Revela “el horror en que hemos convertido la política migratoria”, en palabras de Tonatiuh Guillén, el especialista en el tema migratorio que fue el primer director del Instituto Nacional de Migración del actual gobierno.

En lugar de abrir las puertas del país a los migrantes, como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha militarizado la policía migratoria, al emplear a la Guardia Nacional para esta responsabilidad, y ha endurecido el trato a los migrantes. Los resultados no han sido positivos.

Las decenas de migrantes que fallecieron en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez fueron privados de la libertad por las autoridades migratorias mexicanas, a pesar de que no habían cometido ningún crimen y sin que hubiera una orden de un juez para detenerlos. Si acaso habían cometido una falta administrativa al ingresar al país sin los papeles correspondientes, pero no merecían la pena de muerte, y mucho menos por asfixia o quemaduras.

El presidente López Obrador tenía razón cuando afirmaba como candidato, como presidente electo y en el inicio de su mandato que la solución al problema migratorio no radicaba en tener más represión contra los migrantes, sino mayor apertura. El problema es que, bajo la presión del entonces presidente Donald Trump de Estados Unidos, México se vio obligado a cerrar su frontera. El propio Trump presumió años después que había “doblado” al gobierno de México, representado por el canciller Marcelo Ebrard, para obligarlo a parar la migración.

Por presión de Estados Unidos, México empezó a usar a miles de elementos militares adscritos a la Guardia Nacional para detener a los migrantes. El gobierno de López Obrador aceptó también la aplicación del programa Quédate en México para que los migrantes que quisieran pedir asilo en Estados Unidos tuvieran que hacerlo desde nuestro país. Esto hizo que miles de extranjeros tuvieran que permanecer en México de manera indefinida en una especie de limbo legal.

También López Obrador estaba en lo cierto cuando afirmaba que la única forma de parar de fondo la migración ilegal sería generar más empleos y prosperidad en México y Centroamérica. El problema es que el crecimiento económico en nuestro país, y en nuestros vecinos del sur, ha disminuido en lugar de aumentar.

La tragedia de los migrantes de Juárez nos obliga a repensar la estrategia que hemos venido aplicando en materia migratoria. Es importante dejar de tratar a los migrantes como criminales. Es cierto que no podemos conseguir que los acepte Estados Unidos, a pesar de que esto le ayudaría a la economía estadounidense a resolver su agudo problema de escasez de mano de obra, pero nosotros podemos hacer un mayor esfuerzo para parar a los migrantes antes de que entren a nuestro país, en vez de deportarlos después.

Ahora bien, si ya están en México, tenemos que permitirles trabajar. Si no los dejamos, no tendrán más opción que volverse criminales. Y esto es algo que no le conviene a nadie.