¿Necesitamos crear nuevamente un registro de usuarios de telefonía móvil?

Alejandra Lagunes

07_uso_celular_carretera_230920_km.jpg

Foto: Neomotor

Alejandra Lagunes

Lun 22 Marzo 2021 05:00

En días pasados en las Comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, fue discutida una propuesta aprobada por la Cámara de Diputados que busca ordenar la creación de un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil.

De primera lectura, esta iniciativa tiene la finalidad de ayudar al combate de delitos relacionados con la extorsión desde centros penitenciarios, el secuestro, el robo de identidad y a mitigar los fraudes que se cometen utilizando medios electrónicos.

La realidad es que de acuerdo con expertos constitucionalistas, asociaciones en defensa de los derechos digitales como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) o la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D); crear este registro atenta contra los derechos constitucionales fundamentales (Artículo sexto) consagrados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como son el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y al servicio público de telecomunicaciones. Eso sin contar que podría vulnerar derechos a la protección de datos personales y de acceso a la información, también protegidos por nuestra constitución.

El contenido del dictamen preocupa, ya que no existe evidencia o argumento sólido que indique que la implementación de un registro biométrico de líneas telefónicas móviles, sea una herramienta eficaz para combatir el crimen, y por el contrario, alerta sobre los potenciales riesgos y la falta de garantías a la privacidad de los usuarios. Además, la tecnología está en constante evolución y a pesar de la existencia de este registro, los delincuentes pueden encontrar otras formas de pasar desapercibidos.

La información que integraría el registro de usuarios de telefonía móvil es la siguiente: números de línea telefónica móvil, de serie o identificador de la tarjeta SIM; fecha y hora de activación; nombre completo o razón social de la empresa; número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Población; domicilio; concesionario; código de identidad de fabricación y características del teléfono; si es prepago o pospago; vigencia y todas las actualizaciones que ocurran.

De aprobarse la iniciativa como se ha propuesto, podría cancelar los servicios de telefonía e internet móvil a 99.1 millones usuarios de prepago, si no se registran, autoridades tendrían acceso a datos personales sin orden judicial, existiría un control sobre personas usuarias y tecnologías móviles, y quizá lo más grave de todo: el registro de usuarios no resolverá el problema de incidencia delictiva desde los penales.

Bajo este escenario, resultaría desproporcionado que la población deba entregar sus datos biométricos para obtener un servicio de telecomunicaciones. Y sería un despropósito destinar recursos públicos para conformar una base de datos con datos biométricos, cuando ya existe la del Instituto Nacional Electoral, una institución autónoma y ciudadana que colabora de forma regular con las autoridades para identificar y localizar personas a partir de los datos biométricos que posee.

En Europa, 28 países tienen un marco armonizado que define los datos biométricos como "categorías especiales de datos personales" y prohíbe su "procesamiento", lo que protege a las personas de que su información se comparta con terceros sin su consentimiento. En Estados Unidos, no existe una ley federal pero los Estados de Washington, Illinois y Texas cuentan con una ley de privacidad biométrica. Países como India o Colombia también han catalogado a los datos biométricos como un “derecho fundamental” que debe ser protegido.

No debemos olvidar que nuestras leyes de protección de datos, consagran los principios de proporcionalidad para tratar solamente la información de los datos de carácter personal que resulten indispensables; de Máxima Privacidad por el cual los sujetos obligados tienen como máxima prioridad proteger y resguardar la intimidad y privacidad de los datos personales; y el Principio de Responsabilidad consistente en la obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su posesión o custodia.

Tampoco que el 29 de abril de 2011, el Senado de la República aprobó la desaparición del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) al considerar que es un mecanismo que no funcionó, por lo que el 15 de junio de 2012, desde las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, se destruyó la base de datos y todos los registros asociados a ese registro.

Es cierto que el Gobierno debe avanzar en la implementación de mecanismos que faciliten la utilización de datos y que protejan el derecho a la privacidad de sus ciudadanos. Pero antes de eso, debe crear la infraestructura de ciberseguridad que garantice la seguridad de sus operaciones e información. Prioricemos la ciberseguridad con el desarrollo del marco legislativo necesario, así como la asignación de recursos para proveer servicios seguros, confiables y que protejan los datos sensibles de los mexicanos.

App Político MX

DESCARGA
NUESTRA APP

Degradado

y recibe lo mejor de Político.mx

Forma central Degradado
Político MX podcast

PODCAST

degradado Forma 45 grados

Escúchanos en estas plataformas:

degradado