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Sesiones plenarias y coronavirus: prueba para parlamentos del mundo

Mié 20 Mayo 2020 05:00

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La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de nuestras estructuras de gobierno y procesos de toma de decisiones para hacer frente a situaciones de emergencia como la que hoy vivimos. ¿Cómo hemos respondido desde el poder legislativo a la crisis de salud originada por el coronavirus? ¿Qué tan rápido y qué tan eficientes hemos sido para construir alternativas y respuestas a las demandas de la sociedad? Es triste, pero por lo menos en el ámbito del poder legislativo, el Congreso de la Unión no ha respondido con la prontitud y pertinencia adecuadas. Desperdiciamos herramientas y tecnologías digitales para continuar con las sesiones y tareas fundamentales del Congreso. Nos quedamos mucho tiempo atrapados en un falso dilema entre cumplir con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y el desempeñar nuestras funciones constitucionales.

Apenas hoy, a más de dos meses de que el Senado suspendió sesiones, la Comisión Permanente realizará su primera sesión, de forma virtual. Llegar a este punto no fue sencillo. Muchas de las discusiones y obstáculos a los que el Congreso de México se ha enfrentado estos meses han estado también presentes en los poderes legislativos alrededor del mundo: y es que las labores parlamentarias tienen en su centro, el reunirse, el dialogar, el estar presentes en un recinto, estas son tradiciones que forman parte de nuestra cultura política y que además son fundamentales en la tarea legislativa. Frente a este escenario, la Unión Interparlamentaria ha identificado tres respuestas de los poderes legislativos con relación a las sesiones de sus órganos deliberativos:

  1. Sesiones presenciales o semipresenciales con restricciones (medidas de distanciamiento y limpieza)
  2. Sesiones remotas/ virtuales
  3. Suspensión de sesiones

En el primer caso están países como Estados Unidos en donde el Senado mantiene un modelo semipresencial, mientras que la Cámara de Representantes aprobó apenas el viernes un acuerdo a través del cual se autorizan votaciones proxy, en las que un Representante presente en el recinto, podrá, después de cumplir ciertos requisitos, votar por hasta 10 representantes. En el segundo caso están Congresos, muchos de ellos en Latinoamérica, que han ido más allá: en Colombia, desde mediados de abril, el Senado ha llevado a cabo sus actividades de manera virtual; y en Brasil ambas Cámaras han sesionado de forma remota habilitando incluso una aplicación para llevar a cabo sus votaciones. En el tercer supuesto están parlamentos como el de Bulgaria, Nepal, y hasta ayer, México.

Los poderes legislativos que han decidido continuar con las sesiones, no han encontrado menos obstáculos que el Congreso de la Unión en México: la mayoría se han visto obligados a modificar sus reglamentos y los procesos para registrar el quórum o las votaciones. Además, para el caso de los Parlamentos que han sesionado de manera remota, se han tenido que elegir plataformas que garanticen la seguridad, estabilidad, capacidad para soportar un gran número de participantes y que permitan funciones como el incluir un moderador.

En el caso de México, desde mi perspectiva, las razones por las que por semanas no se continuó con las sesiones tienen que ver dos aspectos: la voluntad política y la percepción sobre lo que una sesión remota implica. No ahondaré mucho en el primer aspecto, pero lo cierto es que, de un lado y de otro, la decisión sobre sesionar o no hacerlo había estado fundamentada más en cálculos políticos que en las capacidades técnicas o provisiones legales. Esto representa una pérdida enorme porque las funciones del poder legislativo incluyen, entre otras, las de control, deliberación y rendición de cuentas. En Colombia por ejemplo, la mayoría de las reuniones virtuales que se han realizado han sido para llevar a cabo tareas de control político; una herramienta que en el marco de la Constitución en ese país refuerza el balance entre poderes a través de mecanismos como la citación o la audiencia pública.

Respecto del segundo aspecto, me parece que se parte de la idea equivocada de que sesionar virtualmente tendría que implicar trasladar, en automático, las dinámicas, procesos y mecánicas de una sesión presencial. Este es un error, las sesiones virtuales no pueden sustituir en automático a las sesiones presenciales, por eso es que deben estar limitadas a situaciones de emergencia, y tener una temporalidad muy clara; adecuar las reglas de procedimiento, de votación y de organización de los debates. En este proceso, la comunicación y seguridad deben ser prioritarios.

La era digital ha transformado la forma en la que entendemos y ejercemos el poder; o, al menos debería de hacerlo, esa es la demanda ciudadana. Sin embargo, las autoridades y las estructuras de gobierno podemos ser lentos en atender estos llamados, y quedarnos cortos. Ejemplo de lo anterior es lo que ha sucedido con ejercicios a los que muchas veces hemos llamado “Parlamento Abierto”, sin que realmente lo sean: porque un parlamento abierto es mucho más que realizar mesas de trabajo en las que se escuchan distintas voces. Ya lo he abordado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir: un parlamento abierto transforma su forma de operar, sus prácticas y reglas, para incorporar una verdadera colaboración con la sociedad. Con esa visión, presenté - desde el comienzo de la legislatura - una iniciativa para construir un verdadero parlamento abierto en el Senado.

México cuenta con las capacidades técnicas para sesionar remotamente, y con el margen necesario para modificar la normatividad para habilitar los procedimientos de discusión y votación. Hoy, como lo han demostrado decenas de Congresos alrededor del mundo, no tendríamos por qué elegir entre cumplir con medidas de distanciamiento social y cumplir con nuestras obligaciones constitucionales: este es un falso dilema que tenemos que superar para contribuir a construir soluciones a la crisis de salud y económica en nuestro país.