Alejandra Lagunes
10_profecto_mas_caro_uso_datos_peliculas_redes_sociales_120520_km.jpg
Foto: AS

Recuperemos el liderazgo en políticas de datos abiertos

Lun 14 Septiembre 2020 05:00

Vivimos en una sociedad donde los procesos productivos y de comunicación han sido altamente digitalizados, un mundo de una generación y almacenamiento veloz de información. Hasta 2003 la humanidad había generado cinco exabytes (unidad de medida de almacenamiento de información que equivale a 1018 de bytes) de información a lo largo de toda su historia, de acuerdo a Eric Schmidt, CEO de Google,. En 2007 se generaron 281 exabytes y según las investigadoras Hardy y Williams cuatro años más tarde alcanzamos los 1,800 exabytes.

¿Cómo podemos aprovechar toda esa información? ¿Pueden estos datos cobrar mayor valor al ser puestos a disposición del público? ¿Cuál sería su importancia para desarrollar políticas públicas, dar paso a emprendimientos productivos o lograr más transparencia?

Estas preguntas se pueden responder a través de la implementación de políticas de datos abiertos. Los datos abiertos corresponden a la información generada por organismos públicos y privados, en formato accesible, que pueden ser utilizados y reutilizados libremente por cualquier persona, de manera gratuita, desde cualquier lugar, sin que se necesiten permisos específicos.

En cuanto a la gobernanza, los datos abiertos permiten conocer los gastos e impactos del presupuesto público, así como seguir el proceso de licitaciones y contrataciones del gobierno. A su vez, al ser reutilizables, abaratan la tarea del Gobierno de generar y utilizar sus propios datos y los de otras dependencias, reduciendo los costos de obtención, duplicación y análisis. El aprovechamiento de los datos abiertos pueden hacer a las instituciones de gobierno más transparentes, más eficientes y generar sectores económicos más competitivos.

En México se han logrado avances importantes en materia de datos abiertos. En 2011, dentro del Marco de la Estrategia Digital Nacional, nuestro país se sumó como uno de los cinco países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto. Desde un inicio se contempló la promoción y utilización de datos abiertos por parte de los sectores social, empresarial y gubernamental en los tres órdenes de gobierno.

De 2013 a 2015, se aprobó la creación de la Subcomisión de Datos Abiertos en la Secretaría de la Función Pública, se publicó el Decreto por el que se establece la regulación y la guía de implementación en materia de Datos Abiertos y México se adhirió a la Carta Internacional de Datos Abiertos, comprometiéndose a trabajar para su implementación y verificación.

Esta ambiciosa política se consolidó con el lanzamiento en 2014 del Portal de Datos Abiertos en el que 259 instituciones publicaron más de 36 mil bases de datos y contó con 15 millones de descargas directas; con datos estadísticos y geográficos, publicados tanto por instituciones federales, como estatales y municipales, en temas tan relevantes y diversos como: cultura y turismo, economía, educación, energía y medio ambiente, finanzas y contrataciones, salud, seguridad y justicia.

Estos esfuerzos derivaron en que México fuera líder regional en el índice OurData, colocándose en el quinto lugar de los 35 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; en el noveno lugar a nivel global de la organización Open Data Watch; y en primer lugar de América Latina y sexto global en el Barómetro de Datos Abiertos de la Web Foundation. Desde la primera edición se avanzaron 33 lugares.

Estos avances están en riesgo: al día de hoy, no se ha publicado un documento que defina con claridad la Política ni la Guía de Implementación de Datos Abiertos del gobierno federal. En consecuencia, tampoco se han actualizado un gran número de conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos. Ello resulta preocupante ya que una de las características más relevantes es que estos sean oportunos y exhaustivos.

Con la finalidad de que nuestro país no abandone los esfuerzos y los resultados obtenidos, el pasado 9 de septiembre presenté una iniciativa ante el pleno del Senado de la República que busca modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incluir como una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, el definir la Política de Datos Abiertos y su guía de implementación.

Cuando los datos están al alcance de todos y son fáciles de utilizar, los beneficios son significativos: pueden simplificar y hacer más eficientes los servicios gubernamentales, multiplicar las oportunidades económicas, promover la innovación y el emprendimiento, mejorar la seguridad pública y reducir la pobreza. Los beneficios de los datos abiertos a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana son invaluables, el objetivo es hacer de ellos un bien social que aporte a la innovación, a la toma de decisiones informada, al emprendimiento y al México del futuro.