Alejandra Lagunes
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Foto: Rawpixel

Trabajar sin ser discriminado

Jue 16 Julio 2020 05:00

Hace unos días presenté ante la Comisión Permanente del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVII BIS al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. En esta propuesta, construida a través de un proceso colaborativo con grupos y personas de la sociedad civil - y a quienes les reconozco años de lucha - se contempla prohibir:

  • Exigir, solicitar o coaccionar a cualquier persona a que se realice estudios o pruebas de laboratorio clínico de detección del virus de inmunodeficiencia humana como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
  • Despedir a cualquier persona trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por ser portadora, familiar, cónyuge o concubina de una persona portadora de VIH.

Si bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1º y 5º se garantiza para todos los mexicanos el acceso al trabajo libre de discriminación y se prohíbe la discriminación motivada por condiciones de salud y preferencias sexuales; considero necesario fortalecer la legislación para promover y asegurar el acceso a derechos de grupos vulnerados.

En nuestro país, la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2018, sobre la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana declara lo siguiente: “La detección de la infección por VIH no debe ser considerada como causal médica para disminuir o afectar el goce y el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia”. Lo anterior tiene como referencia los principios de la Organización Mundial de la Salud sobre las pruebas de detección.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ha declarado al respecto informando que es discriminatorio realizar exámenes de VIH a empleados de salud como requisito para la contratación, y que, es inconstitucional dar de baja a una persona de las fuerzas armadas por ser portadora de virus, entre ellos el VIH.

Sin embargo, el estigma y la discriminación en contra de las personas seropositivas continúan siendo prácticas prevalentes en el mundo laboral. En ese sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha reportado que que del 2012 a junio de 2018, recibió y analizó 301 casos de discriminación de personas que viven con VIH, de los cuales 41% ocurrieron en el ámbito laboral. De las 123 personas que presentaron una queja ante Conapred por discriminación laboral, a 78 les fue vulnerado el derecho a un trabajo digno, y a 44 les negaron el empleo.

Lo anterior resulta todavía más preocupante si se toma en cuenta la evidencia de más de tres décadas que ha llevado a ONUSIDA a asegurar que las estrategias coercitivas, como son las pruebas obligatorias, no solo violan los derechos fundamentales de las personas, sino que suponen un obstáculo para alcanzar la meta de acabar con la epidemia, pues alejan a las personas de los servicios de atención y tratamientos que requieren al profundizar temores y estigmas.

El Estado mexicano tiene la enorme responsabilidad de garantizar el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en el territorio nacional. La perpetuación de cualquier tipo de discriminación laboral, resulta un retroceso grave. El México del futuro tiene que traducirse en un México en el que todas las personas tengan acceso efectivo a todos los derechos, y con ello, estar en condiciones de construir un proyecto de vida en plenitud, libertad y dignidad.