Hannia Novell
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Democracia de plata o plomo
Sáb 12 Mayo 2018 01:00

Hoy parece que son las balas las que determinarán quién aparecerá en las boletas electorales este primero de julio.

Conforme avanza el proceso, las noticias de amenazas, agresiones, secuestros y hasta el asesinato de candidatos y políticos, son cada vez más frecuentes.

El más reciente caso ocurrió este viernes 11 de mayo cuando fue ejecutado José remedios Aguirre Sánchez, candidato a la alcaldía de Apaseo del Alto por Morena.

Tres días antes, el martes 8 de mayo asesinaron también Abel Montufar Mendoza, alcalde con licencia de Coyuca de Catalán y candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 de Guerrero.

Policías estatales hallaron sus restos en una camioneta color blanco que tenía pegada propaganda de su campaña. El vehículo estaba abandonado en un boulevard que conecta a los municipios de Coyuca y Altamirano, en la zona limítrofe con Michoacán.

Apenas el domingo previo, el priista denunció en un mitin que había sido amenazado. Le advirtieron que no encabezara actos de campaña pues sufriría un atentado. Y se lo cumplieron.

Abel pertenecía a una familia de tradición política. Sus hermanos ocupan diversos cargos: Erit es delegado estatal de la Secretaría de Gobernación; Saúl, de la Profeco, y Bonifacio es director del Instituto de la Policía Auxiliar. Pero ni eso lo salvó.

En lo que va del proceso electoral, 12 aspirantes a un cargo de representación popular en Guerrero han sido victimados. El triángulo mortal lo forman la región Centro, la Costa Grande y Tierra Caliente.

En el epicentro de esa zona, Chilapa, mataron a dos precandidatas. El 21 de febrero, la perredista Antonia Jaimes Moctezuma, quien aspiraba a una diputación local por el Distrito 25, fue asesinada a tiros dentro de un restaurante de su propiedad.

La precandidata del Revolucionario Institucional a diputada local por el Distrito 25, Dulce Rebaja Pedro, y su primo Crescencio Rebaja Bello, fueron encontrados muertos en la carretera Chilapa-Atzacoaloya, el 25 de febrero.

Pero la violencia no cesa. El sábado 5 de mayo, la aspirante a una diputación local por el Distrito 2 con cabecera en Chilpancingo, Ana Laura Medina, denunció haber recibido amenazas de muerte para ella y su familia a través de redes sociales. La abanderada de la coalición Por Guerrero al Frente (PAN-PRD-MC) solicitó al gobierno de Héctor Astudillo medidas cautelares.

Mientras que en la zona de Tierra Caliente, la candidata de Morena a una diputación local por el Distrito 18, Silvia Rivera Carbajal, decidió renunciar a sus aspiraciones por motivos de seguridad.

Guerrero es un buen ejemplo de lo que ocurre a nivel nacional. De acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México elaborado por la consultora Etellekt, las agresiones directas contra políticos crecieron hasta 61 por ciento en el último mes.

Entre el 8 de abril y el 8 de mayo se contabilizaron 102 hechos y desde septiembre, cuando inició el proceso, suman ya 267 casos.

De los 15 asesinatos reportados en los últimos 30 días, en el 66 por ciento participaron comandos armados, mientras que en otro 15 por ciento las víctimas fueron tenían señales de tortura y violencia extrema.

Por todo ello, la advertencia de la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, de evitar que la violencia decida quién está o no en la boleta electoral, parece tardía.

Hoy, el crimen organizado impone candidatos que responden a sus intereses, y veta, asesinando, a quien no le conviene. La nuestra es una democracia de plata o plomo.