Hannia Novell
Anaya EPN
La ruptura del PRIAN
Sáb 10 Marzo 2018 07:33

Durante décadas, el PAN fue un fiel aliado de los gobiernos priistas. A cambio de legitimidad, el PRI le cedió posiciones políticas e inauguró así la época de las concertacesiones. 

Don Luis H. Álvarez fue quien abrió esa etapa. En 1987 fue electo presidente del PAN y, por ende, estuvo encargado de conducir la campaña presidencial de Manuel Clouthier quien -en aquel polémico 1988-, se enfrentó al priista Carlos Salinas, al abanderado del recién constituido Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, y a la activista Rosario Ibarra de Piedra.

Tras el fraude invocado por la oposición en su conjunto, Álvarez y otros panistas de renombre como Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza pactaron con Salinas de Gortari la validez de la elección a cambio de que se aprobaran una serie de reformas que beneficiaron a ambos partidos, entre ellas, numerosas privatizaciones, así como restablecer relaciones entre el Estado Mexicano y la Iglesia Católica.

Gracias a ese tipo de pactos, el PRI le cedió al PAN varias gubernaturas: la de Baja California, en 1989, para Ernesto Ruffo; o la de Guanajuato, en 1991, cuando contendió Vicente Fox quien desconoció el triunfo del priista Ramón Aguirre, por lo que asumió el cargo Carlos Medina Plascencia.

Pero hoy, eso se acabó. Entre Ricardo Anaya, hoy candidato de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, y el presidente Enrique Peña Nieto, se acabó la confianza e iniciaron una guerra cuyas consecuencias son todavía indefinidas.

Si bien el PAN, fiel a su tradición, acompañó al gobierno peñista en su primera mitad y le permitió aprobar las tan anheladas reformas estructurales, la elección del Estado de México marcó un punto de quiebre y el inicio de esa rivalidad. 

Anaya Cortés, cercano al canciller Luis Videgaray, acordó con el primer mandatario que Josefina Vázquez Mota sería la candidata a la gubernatura mexiquense. 

Sin embargo, cuando vieron que podría poner en riesgo el triunfo de Alfredo del Mazo, “alguien” desde el Gobierno Federal filtró documentos que revelaban cómo una organización creada por Josefina, Juntos Podemos, habría recibido 900 millones de pesos para un programa de migrantes en Estados Unidos. Para rematarla políticamente, se lanzó otro misil relacionado con supuestas investigaciones a su familia por lavado de dinero. 

El enojo del PAN no se hizo esperar. Una vez perdida la batalla mexiquense, el panismo exigió que se desconociera el triunfo de Miguel Riquelme en Coahuila para dárselo a su abandera, Guillermo Anaya, lo cual no ocurrió. 

Fue entonces cuando el todavía dirigente panista reorientó su discurso y lo dedicó a atacar al PRI señalando los múltiples casos de corrupción de varios gobernadores y de la propia administración central.

La consolidación del Frente por México fue un elemento más en esta cadena de desencuentros cuyo más reciente capítulo tiene a Anaya Cortés en la mira por presuntamente haber participado en una operación inmobiliaria que implicó lavado de dinero.

Todos esos hechos han descompuesto el escenario electoral. Académicos, intelectuales, columnistas y parte del “círculo rojo” de la sociedad mexicana, que no necesariamente comulgan con Anaya, sí coinciden en reprobar el uso faccioso de la PGR para perjudicarlo.

Y mientras la Procuraduría no actúe y el propio Ricardo Anaya no demuestre fehacientemente que no tiene que ver con algún ilícito, el encono sube de tono.

¿El Gobierno Federal se atreverá a apretar el gatillo e inhabilitar políticamente a su adversario? Deberá tener mucho cuidado pues si lo hiere, pero no lo mata, terminará convirtiéndolo en mártir, en un “perseguido político de un régimen corrupto que se niega a entregar el poder”. Y eso, el electorado se lo puede cobrar en las urnas.

La moneda está en el aire. Lo cierto es que, dadas las circunstancias, la alianza PRIAN parece estar rota… por lo menos hasta quienes estén al frente de ambos bandos sean Ricardo Anaya y Enrique Peña.