Hannia Novell
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Foto: Marco Polo Guzmán/Cuartoscuro.com Ley Garrote
Sáb 03 Agosto 2019 08:53

La 4T está decidida a ejercer el poder de manera implacable, brutal y autoritaria, aunque eso signifique reprimir la libertad de manifestación, la libertad de expresión y la libertad de petición que todos los mexicanos tenemos bajo el amparo de la Constitución.

El Partido Morena, los que dicen estar del lado correcto de la historia, han deslizado su intención de realizar las modificaciones legales necesarias para aplicar la “Ley Garrote” en todo el país y lograr un doble efecto: criminalizar la protesta social y otorgar a la autoridad una amplísima discrecionalidad para encarcelar a sus adversarios.

El Congreso del Estado de Tabasco puso la primera piedra en la edificación de la violación de derechos civiles, con las recientes reformas al Código Penal local que establecen penas de hasta 20 años de cárcel a quien extorsione, coercione o intente imponer cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito para la ejecución de trabajos y obras.

Se les olvida que su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó en los 90’s una serie de manifestaciones contra fraudes electorales e injusticias sociales: el éxodo por la democracia del 91, la caravana por la democracia del 94 y el bloqueo de pozos petroleros del 96. Tan sólo en esta última protesta, PEMEX perdió más de 60 millones de pesos y López Obrador fue acusado formalmente por la PGR.

Qué decir del maravilloso espectáculo del plantón en Paseo de la Reforma. Durante largas semanas, cientos de carpas instaladas en la principal avenida de la Ciudad de México bloquearon el tránsito vehicular y peatonal, lo que causó pérdidas estimadas en 200 millones de pesos diarios.

¡Qué ironía! El mismo López Obrador que hizo de la protesta social un método para darle forma a un movimiento social, hoy apoya las reformas que aprobó el Congreso de Tabasco y justifica la “Ley Garrote”, bajo el argumento de que es necesario “evitar la anarquía, corrupción y extorsiones”.

Tampoco resulta extraño. El gobierno de AMLO ha demostrado que la ley se usa a su gusto y conveniencia. Si los ciudadanos hacen uso de sus derechos y presentan amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, entonces se trata de un sabotaje legal, instrumentado por el cártel de los ampareros.  

Pero si los ciudadanos pretenden protestar contra la construcción de obras porque afectan sus derechos -como la refinería en Dos Bocas, Tabasco-, que se les aplique la “Ley Garrote”. ¡Faltaba más!

El color esperanza de la 4T se ha desdibujado.

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