Maru de Aragón
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Foto: Político.mx

Guerra en la Casa Blanca por política migratoria de Trump

Vie 23 Agosto 2019 21:14

La decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), de cerrar las puertas a los inmigrantes LEGALES que sean una “carga pública” para el Estado ha abierto un intenso debate en el país. La nueva regulación rechazaría  a los inmigrantes legales pobres,  es decir, aquellos que utilizan servicios como el Medicaidseguro de salud del gobierno para personas de bajos recursos-  vales para comprar alimentos, ayuda para el alquiler de viviendas y otras formas de asistencia pública

A partir de octubre, dice el diario New York Times (NYT), el gobierno aplicará una “prueba de riqueza” para determinar si los migrantes legales cuentan con los medios para sostenerse. Según esta regulación,  si  los inmigrantes  han  recurrido a  programas de asistencia durante un período de más de 12 meses,  será considerado como un “factor negativo” para obtener  la Green Card, que es la tarjeta de residencia permanente. La ley federal ya permite a los funcionarios de migración cerciorarse de que los solicitantes no representen una “carga pública” para el país. 

Sin embargo, el gobierno de Trump ampliará ahora esta definición. La idea esencial de esta medida es que los extranjeros que quieran residir en EU deberán contar con los medios económicos para sostenerse solos sin la ayuda del Estado. El NYT aclara que esta norma no aplica para quienes ya tengan la Green Card, solo para quienes la hayan solicitado.

Ken Cuccinnelli, subdirector de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EU rechaza que esta nueva norma esté dirigida contra los inmigrantes pobres, es decir, los procedentes de América LatinaÁfrica y Asia. Según un estudio que publica el New York Times, los inmigrantes que enfrentarán menos problemas serán los provenientes de Canadá y Europa; en contraste, casi tres cuartas partes de los recién llegados de México y el Caribe tienen ingresos relativamente modestos que obstaculizarían sus probabilidades de obtener la Green Card. Admitir gente productiva, con medios para sostenerse sin ayuda del gobierno ha sido, desde hace mucho tiempo, el objetivo de la política migratoria del país. La Ley de Migración de 1861 permitía la exclusión o deportación de gente considerada como una carga económica.

Los partidarios dicen que de esta manera se protegerá el dinero de los contribuyentes. Pero hasta ahora, ningún funcionario del gobierno de Trump ha mencionado cifras sobre los beneficios que tendrían los contribuyentes.

Según el sitio web Politico, cerca de 34 millones de migrantes legales viven  y trabajan en EU. Muchos tienen la residencia permanente, mientras que otros reciben visas temporales para estudiar o trabajar. 

El gran debate gira en torno a qué tanto dependen los inmigrantes de la asistencia pública. De acuerdo con un informe del Cato Institute, publicado en el 2013, 32.5% de ciudadanos estadunidenses reciben vales para comprar alimentos en comparación con el 29% que no son ciudadanos. Otro estudio, de marzo del 2017, del Institute on Taxation and Economic Policy determinó que los inmigrantes indocumentados contribuyen con casi 12 mil millones de dólares mediante el pago de impuestos aunque no tienen derecho a la mayoría de los beneficios públicos.

Lo que queda claro con esta nueva regulación, promovida por Stephen Miller, un ultra derechista que se ha convertido en uno de los principales asesores de Trump en materia migratoria, es  que el gobierno está avanzando en la reconfiguración de la comunidad migrante. Beto O’Rourke, precandidato demócrata a la presidencia del país ha señalado que el “Sueño Americano será solo para blancos”. Hasta ahora, el Congreso no ha logrado aprobar una legislación para crear un sistema migratorio basado en los méritos. Sin embargo, esta regulación de Trump tendrá un efecto similar. A medida que los migrantes sean sujetos a evaluaciones como su historial crediticio, deudas escolares y su nivel de ingresos, el sistema dará preferencia a los más calificados y con más recursos económicos y  se habrá alcanzado el objetivo de Trump de redefinir lo que debe ser un inmigrante sin necesidad de contar con la aprobación de los legisladores.

“Este es un intento perfectamente calibrado para incrementar la inmigración europea”, dice Muzaffar Chisti, director del Instituto de Política Migratoria de la Universidad de Nueva York. Sin embargo, las cosas no han resultado como se habían previsto. Mientras que en la década de 1960, dice Chisti, el 85% de los inmigrantes eran de origen europeo y 15% del resto del mundo, ahora es todo lo contrario. 

La nueva norma entrará en vigor el 15 de octubre si sobrevive a las numerosas impugnaciones de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Politico revela que esta propuesta es resultado de intensos debates de un equipo de la Casa Blanca, encabezado por Jared Kushner, yerno de Trump, quien pretende crear un sistema migratorio que dé cabida tanto a inmigrantes altamente calificados como  a otros menos capacitados, así como a trabajadores temporales. Kushner ha señalado que está consciente de las demandas de los empresarios  que padecen la escasez de mano de obra.

Pero en éste como en muchos otros temas,  las propuestas moderadas de Kushner han chocado con las de Stephen Miller quien teme que Trump se deje influenciar por su yerno y no cumpla con su promesa de actuar con la mayor severidad posible en lo que se refiere a la inmigración.

Funcionarios del gobierno advierten que este esfuerzo está en sus primeras etapas. Kushner está sopesando si hay espacio para un acuerdo bipartidista para presentar la iniciativa de ley.  Algunos asesores de Trump ven con escepticismo que las propuestas sean aprobadas por los Demócratas debido a que ellos quieren un acuerdo que abarque más cuestiones no solo la inmigración legal.

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