Maru de Aragón
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Foto: Político.mx

México podría acabar como tercer país seguro de facto

Dom 04 Agosto 2019 12:59

Los obstáculos prácticos y legales a los que se enfrenta el acuerdo firmado entre Estados Unidos (EU) y Guatemala que convierte a la nación centroamericana en “tercer país seguro” podrían provocar graves problemas para México. Esta es la advertencia que hace el medio alemán Deutsche Welle. 

Ser “tercer país seguro” implica que los solicitantes de asilo en EU que hayan pasado antes por otro país, deberán pedirlo en esa nación considerada como “segura”. Algunos regímenes de asilo en otras regiones del mundo incluyen este tipo de acuerdos. Existen en la

Unión Europea; EU firmó uno con Canadá en el 2002, En el 2015, Noruega declaró unilateralmente a Rusia como “tercer país seguro”, en respuesta al creciente número de migrantes en su frontera norte. En el 2016, la Unión Europea negoció un acuerdo con Turquía para proteger básicamente a los sirios que huían de la guerra.

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Ahora, y a pesar de las críticas y advertencias de especialistas en cuestiones migratorias, EU ha firmado uno con Guatemala. Ambos países negociaron este acuerdo durante varios meses, luego de que México se negara a convertirse en “tercer país seguro”. Para concretar el acuerdo, Trump amenazó al gobierno guatemalteco con imponer aranceles, prohibir los viajes entre las dos naciones y

aplicar impuestos sobre las remesas que envían los inmigrantes guatemaltecos que viven en la Unión Americana. Estas sanciones podrían tener un impacto devastador en la economía guatemalteca. Las remesas alcanzaron 9 mil 200 millones de dólares el año pasado, es decir, 12% de la economía del país; las exportaciones a EU rozaron los 4 mil millones de dólares, casi el 5 % de la economía.

Este acuerdo, indica el NYT, representa un giro trascendental en la tradicional política estadunidense. De ser exitoso, podría tener efectos profundos en los flujos de migrantes en todo el hemisferio.

Según un análisis del NYT, el gobierno de Trump quiere que el acuerdo entre en vigor en unas cuantas semanas. Sin embargo, tal vez no ha considerado todos los obstáculos que hay en el camino. En Guatemala, la Corte Constitucional dictaminó que el gobierno del presidente Jimmy Morales, necesitará la aprobación del Congreso para poner en marcha un acuerdo de este tipo. Por otro lado, los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de EU tendrán que certificar que Guatemala tiene un sistema de asilo “pleno y justo” y que está en condiciones de proteger a solicitantes de asilo de otros países. 

Hay otras dudas: ¿Cuál sería el proceso para determinar que un migrante debe ser devuelto a Guatemala?. ¿Cuántos migrantes podrían ser devueltos cada semana? ¿Estará Guatemala dispuesta a que le devuelvan solicitantes de asilo sin que se compruebe que cruzaron su territorio? ¿Cómo se les transportaría? ¿Quién pagaría? Un borrador del plan que circula en Washington indica que, inicialmente, un número limitado de migrantes sería enviado cada semana a Guatemala; tal vez varios centenares al mes. No obstante, dice el NYT, sería una pequeñísima fracción comparando con las decenas de miles de personas que buscan asilo cada mes en la frontera con México.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas el año pasado, 62 mil personas de Honduras y El Salvador solicitaron asilo en EU. La mayoría de ellas ingresaron al país por la frontera suroeste. En comparación, 257 personas buscaron asilo en Guatemala. La pregunta que se hacen muchos analistas es por qué el presidente Jimmy Morales respalda un acuerdo que convertiría a su país en un enorme campo de concentración para solicitantes de asilo. La respuesta podría estar en la protección que EU le daría en caso de ser condenado por corrupción. Fiscales guatemaltecos y una comisión anticorrupción respaldada por la ONU lo han estado investigando por financiamiento ilícito de su campaña electoral y varios casos de corrupción. 

El diario The Hill, especializado en los entresijos que ocurren en Washington DC, señala que designar a Guatemala como “tercer país seguro” es, por decir lo menos, ridícula. La pobreza, violencia, el crimen organizado, la corrupción institucional son de las más profundas en el hemisferio y son las razones por las que muchos guatemaltecos huyen a la frontera entre EU y México. “Guatemala es

un estado fallido, incapaz de generar las condiciones básicas de sostenibilidad de su propia población” señala Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (SEDEM). 

Por su parte, Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala señala que “el acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”. Advirtió además que la legislación internacional establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos”. 

Además de todo esto, al presionar al gobierno de Guatemala para que desafíe nuevamente la orden de la Corte Constitucional, las amenazas de Trump podrían erosionar los logros democráticos por los que tanto se luchó después de décadas de guerra civil.

Bajo la presión de las élites empresariales, es probable que el Congreso saliente dé su visto bueno al acuerdo pero infligiría un grave daño político. El mandato de Morales expira este año. En EU, el acuerdo enfrentará muchos obstáculos legales debido a que Guatemala sencillamente no cumple con los criterios de tercer país seguro. 

Obligar a Guatemala a convertirse en tercer país seguro socavará su soberanía, erosionará la seguridad ciudadana y amenazará la estabilidad política no solo de esta nación sino de la región, dice The Hill. El resultado será que más familias guatemaltecas seguirán huyendo de su país. Y México, según Deutsche Welle, se convertiría en un tercer país seguro de facto, es decir, en los hechos aunque no haya reconocimiento jurídico.

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