Roberto Gil Zuarth
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Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.com

Por las buenas o por las malas

Jue 21 Febrero 2019 03:00

Muerte, captura o colonización son las tres opciones que el Presidente López Obrador ofrece a los órganos autónomos del país. La última prueba de ello es la peligrosa ofensiva del gobierno en contra de Guillermo García Alcocer, Presidente de la CRE

No es la primera vez que el Presidente utiliza su conferencia mañanera para propósitos ajenos a la legítima defensa de su gobierno, explicación de su diagnóstico de los problemas o la defensa de sus soluciones. El espacio se ha convertido en un púlpito inquisitorio desde el cual el Presidente comparte sus sospechas de violaciones éticas, aunque no necesariamente legales, para convocar al repudio social. 

Preocupa que para condenar públicamente a alguien, el Presidente permita, propicie incluso, que la Unidad encargada de investigar delitos financieros y la Secretaría de la Función Pública revelen, fuera de los procedimientos que establece la ley, datos sobre el patrimonio de particulares, trasferencias financieras, estructuras corporativas de empresas y demás información sensible que, en nuestro sistema legal, deben estar bajo estricta reserva y confidencialidad

La autoridad que debe investigar con objetividad los actos y omisiones de los servidores públicos ha llegado incluso al extremo de requerir o sugerir la renuncia del presidente de la CRE, sin haber siquiera agotado el proceso jurídico. La autoridad que debe investigar, ya juzgó y ya sentenció, sin seguir un solo paso del procedimiento que para ello marca la ley. 

Desde el poder del Estado, se ha incurrido en una flagrante violación a las obligaciones de secrecía de toda autoridad que investiga faltas o delitos; la presunción de inocencia y el derecho al honor; la privacidad y propia imagen de quienes fueron señalados. 

En el caso de Florence Cassez, por ejemplo,  la Corte determinó que los juicios de opinión pública provocan un entorno de culpabilidad que afectan la imparcialidad de los juzgadores al momento de conocer de un caso. Eso mismo están haciendo con el presidente de la CRE y en algunos otros casos. 

La intención de fondo pareciera clara: que el presidente de la CRE deje su cargo para que sea ocupado por una persona afín al gobierno. Colonización ante la imposible captura. El uso de las instituciones del Estado para perseguir propósitos políticos. La amenaza de usar el poder coactivo del Estado como advertencia o represalia. 

Hoy es el presidente de la CRE, mañana puede ser cualquier persona.