Puntos clave de la Ley de Austeridad Republicana que la SCJN discutirá el 4 de abril

El próximo 4 de abril se discutirá en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la constitucionalidad o no de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en vísperas de que los ministros discutan el asunto te presentamos los puntos clave

Puntos clave de la Ley de Austeridad Republicana que la SCJN discutirá el 4 de abril
Puntos clave de la Ley de Austeridad Republicana

El próximo 4 de abril se discutirá en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la constitucionalidad o no de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en vísperas de que los ministros discutan el asunto te presentamos los puntos clave de la ley impulsada por la llamada “Cuarta Transformación”. 

Antecedente. 
En octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y reforma las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde la discusión de la minuta se centró en las modificaciones realizadas por el Senado de la República a los artículos 17 y 24 de la Ley Federal de Austeridad. Y se remitió al Ejecutivo para los efectos correspondientes. 

¿Qué dicen? El artículo 17 establece que la constitución o celebración de fideicomisos o mandatos queda prohibida en las siguientes materias: salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública. Pero se agregó que lo anterior no será aplicable cuando dichos fideicomisos o mandatos estén previstos en ley, decreto o tratado internacional.

Para los demás casos, los entes públicos de la administración pública federal solo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo previsto en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El artículo 24 establece que los servidores públicos, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.
  
Una vez aprobado lo anterior y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF),  iniciaron los recursos de distintos entes para impugnar, entre ellos, el de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la cual presentó el 17 de enero del 2020 la controversia constitucional 6/2020 contra el decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana.

La Cofece solicita invalidar varios artículos y fracciones de dicha ley, principalmente el artículo 24, que establece que los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público. 

¿De qué va la discusión  de la SCJN?
Este 28 de marzo, se hizo público el proyecto en ponencia de la ministra Norma Lucia Piña Hernández, quien precisamente propondrá eliminar la prohibición que impide a los exservidores públicos trabajar para empresas privadas tras dejar el cargo por el periodo antes mencionado, porque a su consideración restringe la libertad de trabajo.  

“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, señala el proyecto. 

Con información de El Economista, Expansión Política, SCJN y Cámara de Diputados.