El senador Ángel García Yáñez busca la reelección en el Senado de la República como candidato de la primera fórmula del PRI. Desde la Cámara Alta, el morelense ha impulsado la reactivación económica del estado de Morelos, así como impulsado estrategias para evitar la deserción escolar, la violencia familiar, así como destacar los problemas de inseguridad que azotan a la entidad. 

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Ángel García Yáñez nació el 24 de diciembre de 1967 en Zacualpan de Amilpas, en Morelos. Inició su trayectoria en la política en 2009, cuando se convirtió en el presidente municipal de su lugar de origen, en el periodo 2009 a 2012. Actualmente cursa la Licenciatura en Ciencias de la Educación

En 2012 se consolidó como diputado del Congreso de Morelos, desde donde fue coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza y presidente de la Mesa Directiva; así como presidente de las comisiones Red de Municipios por la Salud; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como Ciencia e Innovación Tecnológica. 

De 2015 a 2018 fue diputado federal de la LXIII Legislatura, desde donde fue integrante de las comisiones de Agricultura, la comisión Especial de proyectos productos en zona marginadas, y en la Comisión Especial para continuar con las investigación del GIEI, sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Hasta el año 2015 fue militante del Partido Verde Ecologista de México. 

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Trabajo Legislativo

Ángel García Yáñez es actualmente presidente de la Comisión de Reforma Agraria y es integrante de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; Federalismo y Desarrollo; Municipal; Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Juventud y Deporte y de Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. 

Tan solo durante el Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, que comprende el periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022, participó en 68 sesiones, entre Ordinarias, Solemnes y de Congreso General. Y hasta el periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022, presentó alrededor de 20 iniciativas y más de 80 puntos de acuerdo. 

Entre las iniciativas presentadas se encuentra una con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, con la que buscaba establecer que la pena del delito de feminicidio se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.