Reincidentes de delitos electorales ya no podrán contender por cargos públicos; esto se discutió y aprobó en TEPJF 

También se estableció que ya no sean sólo los Congresos y superiores jerárquicos los que amonesten a los servidores públicos, sino directamente los tribunales electorales.

Reincidentes de delitos electorales ya no podrán contender por cargos públicos; esto se discutió y aprobó en TEPJF 

Todos aquellos ciudadanos o funcionarios que reincidan en delitos electorales serán sujetos de que se revise y se determine la pérdida del modo honesto de vivir, lo que les impediría acceder o contender por cargos públicos. Esto se aprobó en la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en donde también se estableció que ya no sean sólo los Congresos y superiores jerárquicos los que amonesten a los servidores públicos, sino directamente los tribunales electorales.

Contexto. El TEPJF confirmó un centenar de ilícitos electorales cometidos por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, gobernadores de Morena, PES y PVEM; en el proyecto  del magistrado Felipe de la Mata Pizaña avalaron que ante la desobediencia y conducta reiterada y dolosa para violar la Constitución durante la revocación de mandato, en las próximas denuncias por ilícitos electorales se analizará la pérdida del modo honesto de vivir

El ajuste. La magistrada Janine Otálora planteó una modificación al proyecto para que, ante conductas reiteradas, sistemáticas, dolosas y graves, sí se analice la pérdida del modo honesto de vivir, pero que lo hagan las instancias jurisdiccionales y no el INE, es decir, la Sala Regional Especializada y los Tribunales Electorales locales. “Que se definan si la persona denunciada por transgresión a reglas, en caso de reincidencia ve afectado el modo honesto de vivir sin que tenga efectos constitutivos inmediatos sino que dependa de sentencias firmes”, según argumentó.

Ante los desacuerdos, y con miras a aprobarse,  el magistrado presidente Reyes Rodríguez explicó que se trata de una extensión de los alcances del modo honesto de vivir que los tribunales ya analizan en los casos de violencia política de género, y que ahora se aplicará para ilícitos electorales, a fin de que ninguna persona que de manera reincidente viola la Constitución pueda acceder a cargos públicos. 
Con información de Milenio