Salud pública en crisis

La salud pública en México no es universal ni gratuita y, lo que es peor, está en crisis. La escasez de medicamentos, la reducción del personal médico y la falta de inversión en infraestructura son tres indicadores que apuntan la gravedad del problema.

Con la desaparición del Seguro Popular al arranque de este sexenio, millones de personas se vieron en la necesidad de acudir a los servicios privados. El problema se agudizó con la irrupción del coronavirus en el mundo, pandemia que, pese a la fuerza letal de su contagio, no impidió los inexplicables recortes presupuestales en el sector.

Lejos de la palabra empeñada, México no cuenta hoy con un sistema de salud como el de Dinamarca. Por el contrario, las profundas debilidades de la red pública de salud han estado presentes en las clínicas familiares, en las unidades médicas rurales y en los hospitales de alta especialidad.

En el ISSSTE, el IMSS, el INSABI es lo mismo. En todos fue suspendida la aplicación de las pruebas de tamiz neonatal, indispensable para detectar problemas renales, daño neurológico y enfermedades letales en los recién nacidos.

Persiste el desabasto de metrotexato, insustituible para tratar diversos tipos de cáncer infantil; y la disponibilidad de los antirretrovirales es insuficiente para tratar a las personas con VIH.

Tampoco hay reactivos para hacer pruebas de laboratorio, placas para imprimir radiografías, refrigeradores para mantener los bancos de sangre, refacciones para reparar las máquinas de hemodiálisis ni insumos para surtir las recetas médicas en las farmacias.

Las enfermedades del corazón, el COVID y la diabetes son las principales causas de muerte en México. Y la gente sigue muriendo porque las fallas en la distribución de medicamentos han desajustado los tratamientos para personas que padecen enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión arterial, entre otras; porque hay 25 por ciento menos consultas y cirugías que antes de la pandemia; o porque no hay médicos suficientes.

De acuerdo con el Coneval, entre 2018 y 2020 el porcentaje de la población mexicana sin acceso a servicios de salud casi se duplicó, al pasar de 16 a 28 por ciento. Es decir, más de 35.7 millones de personas no tuvieron acceso a los servicios de salud en México en 2020 y eso que aún no pasaba la emergencia sanitaria del Covid-19.

Incluso, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 reveló que los gastos personales en consultas, medicinas y atención hospitalaria aumentaron 40 por ciento, porque siete de cada 10 enfermos de coronavirus usaron servicios privados.

Los datos del Cuarto Informe de Gobierno muestran que desde 2019, tras la eliminación del Seguro Popular, bajaron las consultas externas, de especialidad y las cirugías en instituciones públicas. De hecho, advierte que sólo hay 2.7 médicos y una cama por cada mil personas. Una infamia.

Es cierto, el presidente de México logró desarticular el monopolio que tenían empresas privadas y grupos políticos en la distribución de medicinas en el sector salud en todo el país. Sin embargo, ha fracasado en la construcción de un sistema nacional de distribución de medicinas, reactivos, insumos y vacunas.

El mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “la salud es un derecho humano fundamental” y en el diseño del Presupuesto de Egresos, que propondrá al Congreso para el próximo año, tiene la oportunidad de demostrar el tamaño de su compromiso y la verdad de sus promesas. Ni una muerte ni un enfermo más víctimas del austericidio.