Taboada acusa a sus ‘persecutores’ de la Fiscalía CDMX de tener relación con el caso Ayotzinapa

Mostró documentos sobre presunto espionaje en su contra.

Taboada acusa a sus ‘persecutores’ de la Fiscalía CDMX de tener relación con el caso Ayotzinapa
Taboada ofreció conferencia de prensa este miércoles
Foto: FB Santiago Taboada

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, acusó a funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de México que lo “persiguen”, de estar relacionados con la formulación de la verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

En conferencia de prensa este miércoles, mostró documentos que presuntamente prueban que José Antonio Onofre Polvo, funcionario de la Fiscalía capitalina solicitó información a la compañía celular del alcalde, sobre llamadas, mensajes y el uso de internet, para después negarlo. Afirmó que lo denunciaría:

“Mentirle a un juez federal es un delito y lo voy a denunciar, un servidor público que por un lado le pide información a un particular amenzándolo de que si no se entrega está obstaculizando una investigación de secuestro y por tanto va a tener consecuencias este particular… pero con el poco valor que le caracteriza a esta Fiscalía, lo niega, como todo lo que he dicho lo ha negado, nada más que la voy a denunciar, va a ser una denuncia más”.

De igual manera acusó al funcionario de estar relacionado con Gualberto Ramírez, responsable de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y quien fue detenido el pasado domingo por la Fiscalía General de la República (FGR):

“Gualberto Ramírez era un exmando de la Seido, ¿adivinen quien era su ministerio público?, ni más ni menos que José Antonio Onofre Polvo, es decir, estos de la verdad histórica de Ayotzinapa, hoy son flamantes sicarios de Ernestina Godoy y de la 4T”, dijo.

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De acuerdo con Alejandro Encinas, el exfuncionario está acusado por desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.