Testigos comprados
Si queremos un sistema de justicia real es importante que las declaraciones de los testigos colaboradores sean una simple guía para investigar más
Durante mucho tiempo se daba por sentado que los testigos en un proceso judicial debían ser personas de buena fe. Se consideraba que la condición moral era importante para tenerle confianza. Por eso los fiscales y los defensores cuestionaban en los juicios la calidad moral de los testigos, ya que, si lograban demostrar que no actuaban de buena fe, podían conseguir que se descartara su testimonio.
Hoy vivimos otros tiempos. La figura de los testigos protegidos o colaboradores –que empezó en Italia para atacar a la Mafia para después trasladarse a Estados Unidos y a otros países, incluyendo a México– ha convertido a los testigos en mentirosos sistemáticos. Entre más taimado sea, y más cuestionable su calidad moral, más útil será para sancionar a inocentes.
En el caso Iguala, en el cual se investigan los ataques, el secuestro y la ejecución masiva de un grupo de normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014, la Fiscalía General de la República ha recurrido a los servicios de uno de los criminales que perpetraron estos hechos, Gildardo López Astudillo, a quien identifica como el testigo protegido “Juan”. Este ha dado testimonios no para ratificar su responsabilidad, sino para acusar a quienes investigaron el caso y lo detuvieron.
Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, es hoy el testigo colaborador principal para acusar de corrupción a un grupo de críticos del régimen, entre ellos el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, quien aparece en las encuestas en primer lugar entre los posibles candidatos de oposición a la Presidencia en 2024. Lozoya dice que envió 6.8 millones de pesos en la primera semana de agosto de 2014 a Anaya para que como diputado votara a favor de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto. Anaya, efectivamente, fue diputado y votó por la reforma, pero en diciembre de 2013, ya que en marzo del año siguiente dejó la legislatura. Para agosto de 2014, cuando supuestamente se le sobornó, ya no era legislador. No se entiende, por otra parte, por qué sería necesario sobornar a Anaya y a otros panistas para votar por una reforma que siempre impulsaron.
Es muy claro que Lozoya, quien recibió 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, está buscando un mejor trato de la justicia mexicana y por eso se ha convertido en testigo colaborador. Le está diciendo a la Fiscalía lo que esta quiere escuchar. No ha tenido cuidado siquiera de que sus historias sean congruentes o creíbles.
Uno puede entender que los testigos colaboradores puedan ayudar a resolver asuntos que de otra manera sería imposible esclarecer. Pero lo que hemos visto tanto en Estados Unidos como en México es que estos testimonios no son de fiar. La mayoría de los testigos colaboradores no solo no actúan de buena fe, sino que están dispuestos a decir cualquier caso para ser beneficiados. No pasan de ser testigos comprados. Si queremos un sistema de justicia real es importante que las declaraciones de los testigos colaboradores sean una simple guía para investigar más, pero no el instrumento favorito de manipulación de la justicia en que hoy se han convertido.
Twitter: @SergioSarmiento